El fiscal José Domingo Pérez, que es parte del equipo que investiga el caso de Lava Jato en Perú, pidió al juez Víctor Zúñiga que se revoque las limitaciones que tiene Keiko Fujimori desde abril y se invoque la orden de prisión preventiva debido a que la candidata de Fuerza Popular incumplió las normas de conducta fijadas en la resolución que permitió su excarcelación.

A Fujimori le impusieron prisión preventiva en 2018 mientras se investigaba su participación en lavado de activos. Se le acusó de recibir 1.2 millones de dólares de la trasnacional brasileña Odebrecht con los que financió sus campañas presidenciales en 2011 y 2016. Ese dinero no fue declarado a las autoridades electorales y se utilizó evadiendo las normativas fiscales.

El año pasado, fue liberada con reglas explícitas de la Segunda Sala de Apelaciones de Crimen Organizado que debía cumplir y que ayer infringió de manera pública. Keiko apareció en una rueda de prensa acompañada del excongresista Miguel Torres, a pesar de que tiene prohibido comunicarse con testigos o coinvestigados del caso por el que se le investiga.

El fiscal Pérez dijo en su solicitud que no es la primera vez que Keiko Fujimori incumple las normas: “la acusada Keiko Fujimori Higuchi sistemáticamente viene incumpliendo la regla de conducta de no comunicarse con los testigos (…) se ha advertido como hecho público y notorio [la conferencia de prensa del miércoles último] que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales en la que la acusada presentaba al testigo como abogado y vocero político de la persona jurídica incorporada al proceso Fuerza Popular”.

Cuando se establecieron restricciones a Keiko, la Segunda Sala de Apelaciones estipuló que de no cumplirse las normas podía dictarse nuevamente la medida de prisión preventiva, con el requerimiento del Ministerio Público.

En las próximas horas el juez Víctor Zúñiga deberá convocar una audiencia para determinar el desenlace de la petición del fiscal Pérez.

La candidata, que emprendió una campaña de desconocimiento de los resultados electorales, no solo tiene la amenaza de prisión preventiva bajo sus hombros, también las investigaciones por el caso Odebretch han seguido su curso y están en la etapa previa al juicio oral. La fiscalía peruana ha pedido 30 años y 10 meses de cárcel para Keiko por sus crímenes de corrupción.