Desde el martes 8 de junio hasta este jueves, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en Colombia para observar la situación de los derechos humanos en el contexto de la represión contra los manifestantes del Paro Nacional.

En el primer día, el Gobierno de Iván Duque determinó la agenda de la misión internacional. El presidente, la vicepresidenta y ministra de Exteriores, Marta Lucía Ramírez, y la consejera para los Derechos Humanos de Colombia, Nancy Patricia Gutiérrez, se reunieron con la delegación el martes. Como comentario a la prensa del encuentro, Gutiérrez dijo que "Colombia no es un país violador de Derechos Humanos”.

Antes, la CIDH sostuvo conversaciones con representantes de la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría, quienes expusieron sus acciones para contrarrestar la imagen que ha dejado estas semanas de violencia en el país vecino.

La presencia de la delegación ha impulsado al Gobierno colombiano a ejecutar reformas superficiales con el objetivo de mitigar las posibles recriminaciones por los excesos de la fuerza pública.

Se trata, principalmente, de pequeñas modificaciones en la policía, la apertura de investigaciones a paramilitares que han disparado a los manifestantes y la retractación en el ataque a la creación de 16 curules en el Congreso que representen a las víctimas del conflicto armado. Así lo comentó el senador Roy Barreras.

El congresista colombiano también ha denunciado las parcializaciones en la visita de la CIDH. Dijo que el Ejecutivo acaparó las reuniones durante las primeras 24 horas y reclamó que cuando la delegación estuvo en el Congreso se le prohibió el ingreso a la prensa para evitar documentar la reunión.

Al término de la misma, Barreras dijo que se le solicitó a la CIDH revise con objetividad lo que ha ocurrido en Colombia, “que se puede resumir en una frase lógica: al reclamo social legítimo se le respondió con represión brutal que ha causado muerte y violencia”. También sugirió que, si era necesario, se llevara el caso a instancias jurídicas internacionales para que el Gobierno colombiano sea juzgado por los crímenes cometidos contra los derechos humanos de la población civil.

Por su parte, el Comité de Paro Nacional entregó un informe a la delegación de la CIDH en el que detalla el saldo del uso desmedido de la fuerza pública: 77 homicidios, 1 mil 246 heridos, 2 mil 808 detenidos, 106 mujeres víctimas de violencia sexual y 74 ojos perdidos.