La captura de Arturo Murillo, exministro de Defensa del gobierno de facto de Jeanine Añez, en Estados Unidos, ha permitido conocer otros actores ocultos en el golpe de Estado de 2019 contra Evo Morales en Bolivia.
En esta ocasión se supo que el expresidente de Ecuador, Lenín Moreno, prestó gases lacrimógenos y balines a la Policía Boliviana para reprimir las protestas contra la operación golpista.
En mayo del 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos arrestó a Murillo en Florida, junto a otros exfuncionarios del régimen de Añez y ciudadanos estadounidenses, por su participación en una trama de lavado de dinero y desvío de fondos del Estado boliviano hacia particulares, a través de la venta de bombas lacríogenas y otros materiales con sobreprecio.
La empresa Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) sirvió de intermediaria para gestionar la compra por un monto de 5,6 millones de dólares, lo que significó el sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
Mientras eso ocurría, el Gobierno de Lenín Moreno accedió a prestarle a los golpistas gases lacrimógenos valorados en 1,3 millones de dólares, además de balines de goma, para dotar a las fuerzas represivas. Así lo reconoció Gary Prado, abogado defensor de uno de los exfuncionarios acusados en EEUU.
Ambos actos de corrupción fueron presionados por Murillo en los primeros días del golpe, bajo el pretexto de que la policía y los militares no contaban con suficientes insumos para reprimir las protestas. Un avión de la Fuerza Aérea boliviana fue enviado hasta Quito, Ecuador, para recoger los materiales, dijo Prado.
“El exministro Arturo Murillo había vendido a la presidenta Áñez en el gabinete y al propio ministro de Defensa Fernando López una situación de necesidad extrema de la Policía a tal punto que pide un vuelo especial de Bolivia a Ecuador porque habían logrado les preste gases lacrimógenos y estopines de goma para suplir las necesidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía”.
Resaltó que en 2020, el gobierno ecuatoriano reclamó al ministro de Defensa a cargo en ese momento, Fernando López, la devolución de los agentes químicos prestados.
La publicación del medio boliviano Plurinacional, ante la nueva revelación, trajo a la memoria que Murillo es responsable de las masacres de Sacaba y Senkata. “Fueron acribillados cerca de 40 ciudadanos bolivianos, heridos cerca de 800 y más de 1.500 encarcelados sin el debido proceso”, aparece escrito en la nota.
De ese modo, la anterior administración en Ecuador se suma a la lista de los actores estatales de los que se tiene evidencia que fueron cómplices en la conspiración golpista, donde ya estaban Brasil, Argentina (gobierno de Macri), Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea.