El pasado 11 de septiembre se informó la captura de Matthew John Heath, un espía estadounidense vinculado a una contratista privada de seguridad (MVM Inc.) que cumplió, durante 10 años, una misión en Irak como operador de comunicaciones de una base secreta de la CIA.

Matthew John Heath se encontraba realizando actividades de espionaje de las estratégicas refinerías de Cardón y Amuay (ubicadas en el estado Falcón) con miras a la ejecución de una operación de sabotaje que paralizara sus operaciones de producción de gasolina y otros combustibles.

Al momento de su captura, John Heath tenía en su poder un lanzagranadas AT4, calibre 84 mm, una subametralladora modelo UZI, calibre 9 mm, entre otros recursos logísticos, según el registro presentado por las autoridades venezolanas.

La incursión del mercenario estadounidense, lejos de significar una acción aislada, configura un nuevo escenario de guerra no convencional que va perfilando el uso de métodos de sabotaje, violencia de baja intensidad y acciones focalizadas para entorpecer las áreas críticas de funcionamiento del Estado venezolano, entre otros recursos clásicos de la guerra de cuarta generación, como la guerra psicológica vía redes sociales y la negación plausible de actores internacionales involucrados.

En este marco, en su alocución del día de ayer, el presidente Nicolás Maduro alertó que el gobierno estadounidense ha dado “luz verde” para que la CIA se involucre en “operaciones encubiertas” contra Venezuela.

Por su parte, el mandatario afirmó que a la DEA se le ha delegado un rol de operador para avanzar en nuevos ataques contra la República, enfocados en afectar ámbitos sensibles como la producción petrolera, de gasolina, el servicio eléctrico y otras áreas de importancia estratégica para la estabilidad de la nación.

Maduro calificó estas acciones como “guerra sucia” y llamó a estar alertas. Además, anunció la activación del “Plan 76” “en todos los estados, municipios y cuadrantes de paz del país para que, en perfecta unión Cívico-Militar-Policial, garanticemos la Paz, la estabilidad y una elección soberana en la que nuestro pueblo elija a la nueva Asamblea Nacional”.

El uso de mercenarios para actividades de sabotaje y terrorismo focalizado en Venezuela no es ninguna novedad. Basta remitirse al pasado 3 de mayo del año en curso cuando una incursión mercenaria, impulsada por Estados Unidos, Colombia y grupos de narcotraficantes de La Guajira, encalló en las costas del estado La Guaira y Aragua.

La captura de Matthew John Heath deja ver que la guerra tercerizada, por delegación, apalancada en el uso de mercenarios, sigue siendo la opción más rentable y expedita para apuntalar el “cambio de régimen” violento contra la República Bolivariana.

Pero quizás el dato estratégico no está solo ahí. El caso Matthew John Heath se perfila como una variable dentro de un nuevo cuadro de tensión que adquiere rasgos de sincronización y planificación, pero sobre todo de urgencia.

La reciente e improvisada gira del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, por Guyana, Surinam, Colombia y Brasil, tuvo como prioridad reavivar el acoso internacional contra Venezuela aprovechando el timing del informe de la “misión independiente” de determinación de hechos cabalgada por el Grupo de Lima y utilizado como una nueva arma de criminalización contra el Estado venezolano y sus representantes principales.

El movimiento de Pompeo buscó capitalizar el efecto mediático del informe como parte de la política de “máxima presión” de Washington a nivel externo, base esencial de la campaña electoral de Donald Trump para granjearse los votos clave de la diáspora venezolana en el estado de Florida.

Pero sólo operó el cálculo electoral, por más que Pompeo haya centrado su discurso en la figura de Maduro a modo de amplificar y robustecer la principal línea de ataque del manipulado informe.

El secretario de Estado seguramente ve con preocupación los fracasos de Iván Duque en la gestión de operaciones armadas contra Venezuela. Un sentimiento similar ocurre con Brasil, pero en otro extremo: la poca dedicación del gobierno de Jair Bolsonaro, un socio mucho más cercano ideológicamente a Donald Trump que el subpresidente colombiano, debería cambiar para contribuir mucho más a la campaña de “máxima presión”.

Así que el gesto que ha dejado la gira ha sido el de apretar las tuercas a un intento de coalición de guerra que no ha terminado de cuajar del todo. Calentar las fronteras venezolanas para inyectar mayor presión al escenario ha sido el principio rector de la gira del jefe de la “diplomacia” estadounidense.

La visita de Pompeo ya ha tenido algunos resultados: aprovechando el contexto de la 75° Asamblea General de Naciones Unidas, Duque ha reiniciado sus declaraciones impulsivas y marcadas por la agresividad contra las elecciones parlamentarias, acusando a Nicolás Maduro de “proteger terroristas” y agudizando la tensión entre ambos gobiernos pocos días después de un enfrentamiento armado entre militares venezolanos y grupos armados colombianos donde resultaron asesinados 4 efectivos de la FANB.

El choque representa otra variable de la guerra no convencional, orientada al desgaste mediante acciones de baja intensidad contra la FANB. En Colombia tiene presencia una brigada especial del ejército estadounidense que supuestamente asesora a las fuerzas militares colombianas, lo que levanta todo tipo de preocupaciones sobre estos últimos movimientos.

En Brasil, en cambio, el Senado ha confirmado a Nestor Forster como embajador del país en Estados Unidos. El diplomático, en febrero de este año, declaró su intención de elevar la cooperación militar con Estados Unidos, un mes antes, justamente, de que el Comando Sur y Brasil suscribieran un acuerdo de defensa que provocó múltiples críticas en el sector castrense.

En la Casa Blanca campea la incertidumbre por lo que puede ocurrir del 3 de noviembre en adelante cuando ocurran las elecciones presidenciales. En esas circunstancias, el mensaje transmitido por Pompeo en su gira consistió en acelerar la presión y aprovechar las favorables condiciones que ofrecen Colombia y Brasil: fronteras extensas y porosas, donde coexisten grupos del narcotráfico y diversas mafias, podrían ser instrumentalizados en eventos de desestabilización, escaramuzas y caos con miras a minar el clima electoral en Venezuela.

La sincronización del movimiento de Pompeo con la publicación del informe y la detención del espía estadounidense, y la de estos con el enfrentamiento entre la FANB y grupos armados colombianos, va perfilando una línea de acción de guerra no convencional desplegada sobre todo en el ámbito securitario.

Con este panorama de acciones y maniobras ejerciendo su peso objetivo sobre la situación política nacional, el día de ayer se produjeron enfrentamientos entre cuerpos policiales venezolanos (FAES, CICPC, PNB) y las bandas de El Coqui y El Vampi en la Cota 905.

Estas bandas fuertemente armadas y con un despliegue operacional importante en el sector de la Cota 905 se han transformado en símbolos de la delincuencia organizada en Venezuela, y en el último tiempo han venido mostrando signos de paramilitarización.

La activación de grupos delincuenciales en contextos de agresión política e internacional no sólo existe en el registro doctrinario de la guerra no convencional. En Venezuela, en el marco de las revoluciones de color del año 2014 y 2017, agrupaciones criminales fueron empleadas por la oposición para degradar la capacidad de contención de los cuerpos de seguridad.

Pero en este caso la sincronización de factores armados se subordina, parcialmente, a otros eventos del panorama político.

Por ejemplo, el informe de criminalización impulsado por el Grupo de Lima cuestiona de manera agresiva la actuación de las FAES, cuerpo de operaciones especiales que tiene un rol estratégico en la neutralización de bandas armadas peligrosas.

El efecto inmediato de ese cuestionamiento ha sido el blanqueamiento de todos los factores armados que enfrenten a las FAES, sean mercenarios extranjeros o bandas armadas locales.

El informe otorga, en tal sentido, una especie de patente de corso para la actuación de factores irregulares que podría estar siendo aprovechada, en tanto ya el cuerpo de operaciones especiales lleva consigo el estigma de la “violación de derechos humanos” que intenta deslegitimar su funcionamiento.

El presidente Nicolás Maduro ha sido enfático al recalcar que desde Washington han dado “luz verde” el involucramiento directo de la inteligencia estadounidense en una nueva agenda de “cambio de régimen”, guerra de baja intensidad y sabotaje selectivo y contundente. Y, por experiencia previa, sabemos que el ámbito securitario es estratégico y el primer núcleo a ser atacado y desestabilizado.