Mié. 21 Octubre 2020 Actualizado 3:43 pm

El botín de Citgo (investigación)

Desde la autoproclamación de Juan Guiadó en enero de 2019, la empresa Citgo Petroleum ha estado en el centro de una extendida batalla política, legal y narrativa por el control de sus operaciones.

Algunos antecedentes

Esta filial de la estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en los Estados Unidos está compuesta por tres enormes refinerías con una capacidad de procesamiento de 769 mil barriles diarios y más de 4 mil estaciones de distribución de gasolina repartidas en 30 estados de la Unión. Semejantes magnitudes le dan a Citgo Petroleum un valor de mercado superior a los 8 mil millones de dólares, lo que la ha convertido, desde hace años, en un activo muy codiciado.

Incluso antes del salto al vacío de Guaidó, Citgo ya estaba en la mira por parte del gobierno estadounidense. El 21 de mayo, 24 horas después de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, el presidente Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 13835 con el objetivo de prohibir la venta, transferencia o uso como garantía de cualquier entidad en territorio estadounidense donde el gobierno venezolano tuviese una participación superior al 50%.

Lógicamente la medida de restricción apuntaba a Citgo, pero también iba dirigida a bloquear la capacidad de financiamiento externo del estado venezolano, ahogando su ingreso en divisas, según analizó un foribundo economista opositor en su momento.

En su momento, la maniobra fue interpretada como el primer paso de un embargo oficial sobre la empresa, una visión que terminó confirmándose tiempo después.

En agosto de 2018, la ofensiva legal de la corporación Crystallex (donde el abogado José Ignacio Hernández, futuro “procurador” de Guaidó, formó parte de su equipo jurídico) conquistó una posición de fuerza en la Corte de Delaware a cargo del juez Leonard Stark. El argumento de que el control accionario de PDVSA sobre Citgo la convertía en un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela, favoreció el reclamo de la minera canadiense de cobrarse un antiguo litigio con los activos de Citgo Petroleum.

En 2018 el gobierno estadounidense no solo avanzó en arrebatarle el control de la empresa al estado venezolano; ahora se sumaba una seria amenaza de despojo definitivo, que ha adquirido una vigencia cada vez más peligrosa en meses recientes dada la actuación del procurador fake de Guaidó, quien puso a Citgo en bandeja de plata a las mismas corporaciones con las que había trabajado años antes.

A los pocos días del salto al vacío de Guaidó, durante la primera quincena de febrero, sus partidarios en la Asamblea Nacional nombraron una nueva junta directiva para Citgo y PDVSA Holding rebasando todo el marco jurídico existente, encabezada por Luisa Palacios y Carlos Jordá, ambos ligados al sector financiero y petrolero estadounidense.

La decisión se tomó como un paso práctico de la campaña de “protección de activos”, orientada a encubrir el saqueo de los activos nacionales bajo la mampara de la lucha contra la corrupción del gobierno de Nicolás Maduro.

Carlos Vecchio, nombrado como emisario de Guaidó en los Estados Unidos, se movió con contundencia y rapidez. En marzo realizó una visita “protocolar” a Citgo para remarcar que el gobierno paralelo tenía el control efectivo de la empresa.

Vecchio argumentó que, con el cambio ilegal de directiva, “no solo estamos protegiendo nuestros activos, también evitamos que continúe la destrucción y que perdamos la empresa”.

Para ocultar la gravedad del secuestro de Citgo, Vecchio apeló a la demagogia para distraer a la opinión pública. La idea consistía en prometer que los venezolanos se verían beneficiados en última instancia: “Todo ese dinero tiene que ser utilizado para más oportunidades de desarrollo económico y social, que genere empleo y pueda llevar el salario mínimo, no a 5 dólares como está ahorita, sino a elevarlo muchísimo más para incrementar el poder adquisitivo”.

Un portavoz del Departamento del Tesoro de EEUU consultado por Voice Of America indicó, refiriéndose a la licencia 7B, que dichas medidas sobre Citgo tenían como objetivo prohibir “que cualquier beneficio vuelva al régimen ilegítimo de Maduro”. A partir de ese momento, y como complemento de la Orden Ejecutiva 13835 del año anterior, Venezuela no tendría acceso a las ganancias reportadas por Citgo, ni tampoco a combustible, repuestos y otros insumos demandados por PDVSA.

Reacomodo de las sanciones

El 28 de enero de 2019, el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, y el para ese entonces asesor de seguridad nacional John Bolton, anunciaron la inclusión de PDVSA en la Lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés), de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850, emitida en noviembre de 2018.

La medida implicaba el embargo definitivo de PDVSA y sus filiales, bloqueando cualquier transacción con empresas estadounidenses y abriendo paso a las temibles sanciones secundarias. Al instante fueron emitidas al menos 9 licencias generales que permitían algunas operaciones bloqueadas por la designación de PDVSA, como la extensión de las operaciones de Chevron en Venezuela, ciertas transacciones con determinados bonos y otras actividades de comercialización de Citgo.

De todas estas licencias destaca la 7B que permite a Citgo operar en el mercado estadounidense. Con este instrumento, que se ha renovado ininterrumpidamente desde 2019 hasta la actualidad, Washington obstaculiza que los dividendos de la empresa vayan a Caracas y, al mismo tiempo, “autoriza” que el equipo de Guaidó mantenga un control efectivo de la filial.

Es decir, a la vez que sostiene la situación de embargo favorece una administración tutelada de los golpistas a través de la licencia 7B y otras de características similares.

Boicot energético y financiero

Al día de hoy la empresa se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, sobre todo después de que el juez Leonard Stark determinara, a finales de mayo de este año, que Crystallex puede cobrar su histórico reclamo con la venta, en condiciones de remate, de las refinerías de Citgo.

El revés jurídico fue un golpe catastrófico a la gestión de la “protección de activos” de Guaidó y en especial a su procurador fake, José Ignacio Hernández, quien debilitó la defensa de los intereses nacionales de Venezuela al sustituir a la procuraduría general de la República frente a los tribunales estadounidenses.

Estos acontecimientos han generado un sinfín de reacciones que han desmantelado la poca credibilidad que le quedaba a Guaidó. En paralelo, el gobierno estadounidense ha intervenido modificando y extendiendo algunas de las licencias del año pasado para evitar que Citgo sea rematada como ya lo ordenó el juez Stark de la corte de Delaware.

Mientras tanto la gerencia ilegal de Citgo intenta fingir normalidad. En febrero de este año, a modo de “aniversario” por el secuestro de la directiva, la nueva gerencia emitió un “reporte de desempeño” donde destaca el cambio de orientación estratégica de la empresa y cómo se enmarca en el boicot energético (y financiero) contra Venezuela.

“También tomamos pasos críticos para mejorar la resiliencia de nuestras operaciones optimizando rápida y eficientemente nuestra lista de crudo, reemplazando el crudo venezolano con crudos económicos de Colombia, México y Ecuador y al mismo tiempo aumentando nuestras carreras de crudo ligero en Estados Unidos. El crudo estadounidense liviano de bajo precio ahora representa el 48% del suministro total de crudo de CITGO y el 64% del total de crudo de la Costa del Golfo de EEUU”, indica el reporte.

Este cambio y sustitución de las rutas de suministro ha beneficiado a compañías petroleras tanto en Estados Unidos como en países de la región que son rivales comerciales de PDVSA y que se han aprovechado inteligentemente de las sanciones de EEUU como un instrumento de competencia desleal y de guerra comercial.

El reporte también indica que “Estos esfuerzos no solo nos han ayudado a servir mejor al mercado estadounidense, sino que también nos han permitido convertirnos en un importante exportador de productos refinados; de hecho, las exportaciones ahora representan el 25% de la producción total de CITGO”.

De esta manera, la nueva directiva de Guaidó ha blanqueado las sanciones destructivas de EEUU a nombre de un reacomodo operacional de Citgo. Así que, mientras por un lado Washington bloquea y amenaza a buques, aseguradoras y navieras involucradas en el comercio de gasolina con Venezuela, por otro lado Citgo aumenta sus exportaciones de combustible a costa de la escasez producida por las sanciones en Venezuela.

Un reportaje del New York Times en 2018 indicaba que Citgo enviaba a Venezuela “alrededor de 29 mil barriles al día de combustibles refinados, como gasolina”. Además, añade el medio estadounidense, “Citgo (…) importa 175 mil barriles de crudo venezolano cada día?—?casi uno de cada cinco barriles que el país exporta al mundo?—?, lo que brinda al gobierno de izquierda dólares que necesita desesperadamente”.

En tal sentido, la sustitución de compras de crudo venezolano no sólo golpea duramente las finanzas venezolanas y las de PDVSA, sino que los 29 mil barriles diarios que se enviaban a Venezuela en 2018 ahora muy seguramente se exportan y las ganancias que genera no vuelven al país. Un modelo perfecto de saqueo y corrupción.

A su vez, al tener controlada Citgo, Washington agudiza el bloqueo a los combustibles y la sequía de divisas, los dos vectores principales de la guerra económica.

Un reportaje reciente publicado en Reuters remarca que la escasez de gasolina se debe a la fractura de las relaciones naturales entre Citgo y PDVSA, su casa matriz, a causa de las sanciones de EEUU:

“Pero estos llamados intercambios con su principal socio, Citgo, que es su subsidiaria de refinación en Estados Unidos, fueron interrumpidos cuando el gobierno del presidente Donald Trump sancionó a PDVSA en enero de 2019 como parte de su campaña por expulsar del cargo al presidente Nicolás Maduro”, precisa el periodista Luc Cohen.

A beneficio de los tenedores

En aquel reportaje fue consultada la venezolana Luisa Palacios, quien ahora mismo se desempeña como presidenta de la junta directiva de Citgo por nombramiento de Guaidó. Según La Tabla, Palacios forma parte de una familia oligárquica caraqueña y ha trabajado para instituciones financieras estadounidenses desde hace largo tiempo.

Palacios le dijo al New York Times en 2018 que

“La integridad de Citgo como una compañía está en riesgo (…) No veo cómo PDVSA pueda conservar Citgo, porque todo Citgo está comprometido por un lado o el otro con diferentes tipos de prestamistas, y acreedores descontentos están logrando afectar su estabilidad”.

El marcado interés de Palacios por los prestamistas de Citgo ha quedado impreso en los reportes de desempeño de la nueva directiva.

“Cuando asumimos nuestro papel como miembros de la junta en febrero pasado, nuestra primera tarea fue colocar a CITGO sobre una base financiera sólida. Durante 2019, refinanciamos exitosamente el 70% de la deuda agregada de CITGO y CITGO Holding, logrando reducir los costos de la deuda de CITGO Holding en $220 millones en 5 años”, reseña el informe mencionado.

En otro informe más reciente se afirma que el

“6 de julio de 2020, la Junta Directiva de CITGO aprobó el pago de dividendos recomendado de aproximadamente $63 millones a su matriz inmediata, CITGO Holding, Inc., que se pagó el 29 de julio de 2020”. Pocos días después, “CITGO refinanció exitosamente su Préstamo B a Término 2021 con el producto de una oferta privada de pagarés senior garantizados al 7.00% con vencimiento en 2025. La oferta de pagarés se suscribió en exceso, lo que permitió a CITGO aumentar la oferta a $1.125 mil millones y proporcionar liquidez adicional”.

Estos informes establecen toda una línea de prioridades financieras de la nueva junta directiva con respecto al destino final de las ganancias generadas por la empresa.

Entre las nuevas prioridades se encuentran el endeudamiento, el pago a los tenedores de deuda y la maximización de los dividendos que, paradójicamente, son recibidos por una “casa matriz” que también es controlada por Guaidó.

La premisa de Carlos Vecchio de emplear el dinero de Citgo para generar “más oportunidades de desarrollo económico y social en Venezuela” ha demostrado ser una farsa. Luisa Palacios y Carlos Jordá, ambos en la cúspide del manejo ilegal de Citgo, se han alineado contra los intereses de Venezuela.

Dinero en helicóptero

Una organización importante dentro de esa gigantesca red que es Citgo es la Fundación Simón Bolívar (FSB, en adelante), una fundación privada sin fines de lucro establecida en el año 2006 para proveer de asistencia médica a un variado panorama de casos en Venezuela y también en EEUU.

La organización, previo al rapto de Guaidó, se había destacado como una fuente de apoyo para la atención médica de niños y niñas enfermos de cáncer, a quienes se les cubría el tratamiento médico, además del traslado y la manutención, en Estados Unidos.

Luego del cambio ilegal de directiva, esta finalidad ha dado un giro de 180 grados. La FSB se ha convertido en una fuente de transferencia de ingresos hacia una galaxia de intereses de variadas dimensiones.

En marzo del presente año, la junta directiva ilegal nombrada por Guaidó designó a Mariela Poleo fue como presidenta de la Fundación Simón Bolívar de Citgo.

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