En 2023 casi ocurrió un golpe militar en Brasil, liderado por el expresidente del país, Jair Bolsonaro.

Según las investigaciones policiales, el complot tenía como objetivo impedir que Lula da Silva, quien había ganado las elecciones, asumiera el cargo. Para lograrlo se planeó capturar a los jueces de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien en ese momento encabezaba la Comisión Electoral Central de Brasil, a Gilmar Mendes, y al presidente del Senado Federal, Rodrigo Pacheco.

Después de la toma de posesión del nuevo jefe de Estado, miles de seguidores de Bolsonaro invadieron y destrozaron las oficinas del Presidente, el Congreso y la Corte Suprema. Las fuerzas de seguridad tuvieron que desalojar los edificios gubernamentales, pero la situación fue controlada. Bolsonaro mismo huyó a Estados Unidos inmediatamente después del fracaso de la conspiración. Al regresar al país, fue acusado en el caso de los disturbios.

En febrero de este año la Policía Federal de Brasil llevó a cabo una operación a gran escala en la que se emitieron un total de 33 órdenes de allanamiento y cuatro órdenes de arresto. También se tomaron medidas provisionales contra las personas investigadas, que incluyen la prohibición de mantener contacto con otros sospechosos y de salir del país; destitución de cargos públicos y la obligación de entregar los pasaportes, esta última medida a la cual Bolsonaro estuvo sujeto, mientras espera su posible arresto.

El expresidente ya ha estado varias veces bajo el escrutinio del Tribunal Supremo, que lo ha condenado por difundir noticias falsas sobre el sistema electoral y por fraude en los últimos sufragios. Debido a este caso fue declarado inelegible hasta 2030.

Como podemos ver, este es un ejemplo que muestra cómo en otros países es completamente normal considerar un delito atentar contra el sistema democrático y que los organismos de justicia actúen en consecuencia.

Otro ejemplo icónico es el de Donald Trump en Estados Unidos, quien está tratando de participar en las elecciones presidenciales y que está luchando contra varios casos judiciales que podrían impedírselo.

Una de las noticias recientes fue que el 6 de febrero el tribunal federal de apelaciones del Distrito de Columbia dictaminó que Trump no tiene inmunidad procesal por cargos penales relacionados con el asalto al Capitolio en enero de 2021 y los intentos de influir ilegalmente en los resultados de las elecciones presidenciales.

"El expresidente Trump se ha convertido en el ciudadano Trump, con las mismas protecciones que cualquier otro acusado penal. Cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberlo blindado mientras se desempeñaba como presidente ya no lo protege contra este procesamiento", dice la conclusión del tribunal.

Si estos casos constituyen medidas más que lógicas, y no hay cuestionamiento internacional por los procesos judiciales que se están efectuando, ¿por qué a Venezuela se le está atacando mediáticamente por tomar decisiones similares? 

Tanto en la situación de las inhabilitaciones políticas a aspirantes a candidatos, como en las investigaciones del Ministerio Público que han llevado a detenciones, nuestro sistema de justicia está actuando en respuesta a individuos que han atentado contra la estabilidad del país, ya sea auspiciando y participando en disturbios y daños al orden público, como en conspiraciones para perpetrar golpes de Estado y atentados contra altos funcionarios gubernamentales.

Cuando se ejecutan acciones como la difusión de información falsa, la incitación a la violencia o la manipulación de procesos electorales, se socava la integridad de las instituciones de un país y se pone en riesgo la paz social. En este sentido, las medidas tomadas por los sistemas judiciales para salvaguardar la estabilidad y el orden constituyen un recordatorio contundente de que la impunidad no puede ser tolerada en un estado de derecho, y de que aquellos que buscan erosionar el sistema democrático deben enfrentar las consecuencias.