Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) expuso recientemente los múltiples incumplimientos del gobierno de Mauricio Macri cuando firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que comprometió el país por casi 57 mil millones de dólares.

Entre otros detalles, el ente auditor reveló que el ministro de Hacienda de la era Macri, Nicolás Dujovne, no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública.

Según reseña Página/12, se omitió la aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales y no se le solicitó al Banco Central de Argentina un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, tal como exige el artículo 61 de la ley 24.156 de Administración Financiera.

Las evidencias fueron mostradas por el auditor general Francisco Javier Fernández, quien explicó los hallazgos principales destacando la importancia de esta auditoría por ser la primera que se realiza sobre un préstamo del FMI y por la importancia del financiamiento.

La relevancia radica en el hecho de que el crédito en 2018, conocido como Stand By, de 57 mil millones de dólares —de los que se desembolsaron 44 mil— , es el endeudamiento más grande de la historia de Argentina y representa 127 veces la capacidad para empeñarse del país.

Otras fallas:

• Hubo falta de intervenciones técnicas adecuadas para evaluar los costos y riesgos de la operación.
• Faltó la opinión de la Unidad de Auditoría Interna.
• No hubo asesoramiento jurídico oportuno y efectivo.
• Se omitió la actuación del Ministerio de Finanzas, quien tenía a su cargo específicamente la gestión de la deuda pública.
• Según las evidencias, hubo muchas versiones del documento, incluso no se pudo encontrar la variante definitiva del acuerdo.
• "El auditado tomó decisiones sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos, lo que impactó en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública", subrayó el organismo.

El año cuando Macri pidió el crédito, la deuda ascendió a 332 mil 192 millones de dólares y pasó a representar 85,2% del PIB, saldo que, según el organismo, no logró su objetivo en tanto que no pudo restaurar la confianza del mercado ni reducir los desequilibrios fiscales.