Resolución final de la Cumbre: la corrupción como forma de tutelaje

La VIII Cumbre de las Américas finalizó con una resolución que establece 57 medidas para "luchar contra la corrupción". El compromiso de los 35 países miembros de este foro es el de cumplir con esta receta que no hace más que profundizar el tutelaje sobre la clase política regional a través de la justicia.

El contexto de la declaración: Controles y aplicaciones

En la antesala de la Cumbre, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó esperar que los países miembros adoptaran las "40 recomendaciones" (sic) previstas en lo que denominó como "El compromiso de Lima". Entre ellas, hizo especial énfasis en el fortalecimiento del Mecanismo Anti Corrupción de la OEA para mejores misiones y mayor seguimiento de lo que calificó "como una enfermedad que infecta a los sistemas políticos latinoamericanos".

Estas afirmaciones evidencian que la aplicación de las "57 recomendaciones" tienen como principales organismos de control a la institucionalidad del sistema panamericano dirigido por la OEA. Dado que de acuerdo al Compromiso de Lima, los lineamientos y compromisos a respetar giran alrededor de mecanismos y documentos firmados en el marco de este sistema institucional, dirigido por Washington.

A partir de este contexto es que se puede analizar a profundidad la sustancia del denominado "Compromiso de Lima", firmado en su gran mayoría por presidentes investigados por actos de corrupción. Sobre todo si se entiende que el núcleo central de esta declaración apunta en la misma dirección de fortalecer la autonomía del engranaje mediático-judicial y policial que impulsa la lucha contra la corrupción, e imponer un consenso regional que lo blinde ante la opinión pública y el sistema de poder puertas adentro de los países latinoamericanos.

Algunas de las 57 recomendaciones del "Compromiso de Lima"

Entre estas recomendaciones se encuentran las promesas de:

  • Fortalecer la autonomía e independencia de la justicia en las investigaciones contra la corrupción.
  • Desarrollar las capacidades de las policías, fiscalías, poderes judiciales y organismos de control de cada país para la lucha contra la corrupción.
  • Impulsar la tipificación penal de los actos de corrupción para aumentar las penas.
  • Considerar medidas que restrinjan la función pública a personas condenadas por actos de corrupción.
  • Promover cláusulas anti corrupción en todos los contratos del Estado y las asociaciones públicas-privadas.
  • La promoción de Códigos de Conductas en los funcionarios públicos para prevenir la corrupción.
  • Mayor relacionamiento entre los organismos regionales y nacionales para combatir el lavado de activos y el dinero proveniente de la corrupción.
  • Protección de los delatores de actos de corrupción y periodistas que investiguen estos hechos.
  • Realización de campañas educativas y publicitarias con el fin de establecer a la corrupción como "un flagelo para la sociedad".

Estas medidas, por otro lado, en el documento se enmarcan dentro de las Convenciones de las Naciones Unidas e Interamericanas firmadas por los países de la región. Mientras, que se establece al Mecanismo Anti Corrupción de la OEA y el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres como los principales formatos para impulsar la aplicación de estas recomendaciones. Ambos forman parte del sistema panamericano ideado por EEUU para institucionalizar su poder en América Latina.

Un breve análisis de las recomendaciones

Estas recomendaciones, en apariencia pertinentes y bien intencionadas, esconden que en realidad son unas nuevas reglas de juego para la clase política latinoamericana. Como esta tribuna anticipó, la corrupción es el elemento ordenador de la política estadounidense para controlar geopolíticamente a los Estados latinoamericanos.

El tratamiento de la corrupción como "una enfermedad" guarda estrecha relación con la intención de sobreexponerlo como la causa principal de los problemas que atraviesa la mayoría de los países. De la misma forma que se utiliza al narcotráfico para mantener la influencia del aparato militar estadounidense en el área de seguridad de los países de nuestro continente.

Sin embargo, a diferencia de éste, el "Compromiso de Lima" apunta claramente a aumentar el poder del sistema jurídico-mediático y policial que opera en las investigaciones contra la corrupción. Bajo la intención de disociar este entramado del poder ejecutivo y el poder parlamentario, las dos instituciones políticas de los Estados a cargo de áreas sensibles como el comercio, la economía y la seguridad.

Dicho así suena engorroso, pero imagínese usted un país donde su presidente se encuentre bajo investigación, al igual que el grueso de los parlamentarios del Congreso, por un expediente de sobornos entregado a la Fiscalía del país por el Departamento de Justicia de otro país. ¿Ese presidente estaría en capacidades de delinear una política más allá de lo que le permita su imagen pública? ¿Esos parlamentarios se animarían a tomar una decisión sensible que acelere las investigaciones en su contra? ¿Con qué margen de maniobra podrían hacerlo en medio de investigaciones por corrupción en su contra?

Eso es lo que está sucediendo en este momento en Perú, el país anfitrión de la Cumbre, con el expediente Odebrecht. Por lo que las recomendaciones son un manual de reglas de juego que impulsa EEUU para que organismos e instituciones, financiados con su dinero, se erijan como los nuevos árbitros de la política interna de estos países. Por ese motivo, la reforma judicial forma parte estratégica de la Doctrina de Seguridad Nacional de Donald Trump y el "Compromiso de Lima" es una forma de promoverlo.

Por eso es más que elocuente la imagen de los presidentes de la región, investigados por corrupción, firmando una declaración que, en el mediano plazo, puede derivar en sus propios suicidios políticos. Un dato político más que ejemplar del nivel de sumisión que hoy existe en América Latina respecto a un país como EEUU, que lo único que tiene para ofrecer es cada vez más palos y menos zanahorias.

Notas relacionadas