El negocio de la guerra en Colombia amenaza la seguridad de Venezuela

El pasado 5 de octubre la policía antidrogas y el ejército de Colombia asesinaron a nueve campesinos e hirieron a 50 más, en su afán por concretar la erradicación forzada de cultivos en el Municipio Tumaco del Departamento de Nariño.

El gobieno colombiano no cumple al punto 4 del acuerdo de paz que se firmó en La Habana con las FARC que, aunque con algunos vacíos, plantea la sustitución de cultivos en lugar de las medidas de fuerza. Esta nueva masacre (la de Tumaco) demuestra que no hay compromiso de la élite de Colombia con la paz.

La actitud guerrerista de la fuerza pública colombiana tiene dos raíces que atañe a Venezuela directamente, pues pueden ser las mismas que definan las acciones colombianas contra el país: una obediencia absoluta a los Estados Unidos y su necesidad de mantener el "negocio de la guerra" que tanto dinero ha aportado a la economía colombiana y en particular a sus fuerzas armadas.

Se ha señalado la presión que ha venido ejerciendo el gobierno norteamericano sobre el Estado colombiano. Esta presión se ha dado en dos sentidos: primero para que Colombia forme parte del plan desestabilizador de los EEUU contra el gobierno venezolano, y luego para que incumpla los acuerdos con las FARC y continúe con el modelo de lucha antidrogas estadounidense. La vinculación entre ambas presiones se evidenció en el propio discurso del vicepresidente Mike Pence durante su visita a Colombia el pasado mes de agosto.

Como en el caso de los supuestos refugios para venezolanos anunciados por el gobierno de Santos, una de las principales motivaciones son los recursos económicos asignados a la guerra y sus negocios conexos. Cada año EEUU aporta millones de dólares a Colombia por diversas razones, todas relacionadas con la guerra. Este año el Congreso norteamericano aprobó 74 millones de dólares más que el año pasado, llegando a la cifra de 450 millones de dólares que son los que podrían ser suspendidos si Colombia no acata las órdenes estadounidenses.

La nueva doctrina militar del ejército colombiano encuentra en el llamado "sistema de amenazas permanentes" su excusa para dar continuidad al negocio de la guerra tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC y el cese al fuego bilateral con el ELN. En enero de 2016, tras cumplirse 15 años del Plan Colombia, el para entonces ministro de la defensa colombiano anunció que, según sus cálculos, el llamado posconflicto podría costar alrededor de 3 mil millones de dólares que, se espera, provengan mayoritariamente de la ayuda de los EEUU, por lo que el negocio en puertas parece ser mucho más grande que el anterior, que ya superó varias veces al Plan Marshall.

El ejército colombiano está subordinado al mandato estadounidense

Los campesinos que viven de la siembra de la hoja de coca en Colombia, junto a quienes finalmente consumen la droga como producto final, son los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, que con acciones como la de Tumaco consigue, además, aumentar el precio de la cocaína. Se asesina al campesinado que siembra la materia prima para apenas sobrevivir y a las personas que consumen, pero la realidad es que la droga sigue siendo un gran negocio cuyas ganancias dinamizan la economía capitalista global y sus narcoestados.

Diez días después de la masacre, en ese mismo municipio fue asesinado el líder afro José Jair Cortéz, cuando desesperado por la salud de su esposa se atrevió a ir a su propio territorio. Su vida se encontraba amenazada desde hace mucho tiempo por la gran cantidad de intereses que convergen actualmente en esa zona. La respuesta que le dio el Estado colombiano a través de la Unidad Nacional de Protección -según denunciaron sus compañeros y compañeras del Consejo Comunitario del Pueblo Autónomo de Alto Mira y Frontera- fue la asignación de un chaleco antibalas y un teléfono celular.

Para el sociólogo colombiano Camilo Álvarez, "las estrategias de la lucha antidrogas aplicadas en Colombia tienen sobre sus hombros una evaluación en la que 'sólo gana el gringo' porque se encarece el precio de la cocaína, porque los insumos aumentan, porque la aspersión también y porque su mano sigue interrumpiendo nuestra soberanía". Álvarez considera además que el Estado colombiano debe hacer un esfuerzo para subordinar a las fuerzas armadas a sus políticas de paz, refiriéndose específicamente al punto 4 del acuerdo de paz con las FARC, en el que se establece la sustitución de cultivos y el desarrollo rural como método alternativo a la simple erradicación.

Esta aparente insubordinación es un riesgo para Colombia y para toda la región, dado que obedece a la brecha que parece trazar Donald Trump al decir hace pocos días que: "En última instancia, Colombia no está 'descertificada' porque su Policía Nacional y sus Fuerzas Armadas son estrechos colaboradores de los Estados Unidos en el continente", excluyendo expresamente de sus valoraciones al gobierno. Por todo esto, la jornada de indignación que se llevó a cabo esta semana en Colombia tenía consignas centrales tan dicientes como "Que la paz no nos cueste la vida" y "Paren de jodernos".

Unas fuerzas armadas subordinadas a las órdenes del gobierno norteamericano que ha declarado a Venezuela como potencial objetivo militar y que han demostrado estar dispuestas a matar hasta a sus connacionales para seguir manteniendo las ganancias del negocio de la guerra, son al mismo tiempo una tragedia para el pueblo colombiano y un gran riesgo para la seguridad nacional venezolana.

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