¿Qué hacemos con la Asamblea Nacional?

El parlamento se ha convertido en poco menos que un limbo, del cual pareciera que no se tiene una noción clara y precisa, desde que pasó a tener una mayoría significativa de diputados opositores a la Revolución Bolivariana.

Necesario es recordar que la Asamblea Nacional nace del proceso constituyente y la refundación de la República, desplazando al viejo Congreso Nacional conformado por dos cámaras: la Cámara Alta de Senadores y la Cámara Baja de Diputados, en un orden jerárquico que imponía las decisiones de la Cámara Alta sobre las decisiones de la Cámara Baja; argucia inventada por el Estado burgués para frenar decisiones que atentaran con la hegemonía de los burgueses y al mismo tiempo para obligar la negociación, entre los agentes y actores políticos, de acuerdo con sus respectivas cuotas de poder.

Así pues, la Asamblea Nacional unicameral es de reciente data y es parte significativa dentro del proceso revolucionario. Su primera edición (2000-2005) estuvo marcada por una mayoría muy precaria de diputados partidarios de la revolución. La segunda (2006-2010) tuvo una mayoría absoluta roja rojita hasta que el Comandante Chávez convocó la Reforma. La tercera (2011-2015) una mayoría revolucionaria que representaba dos tercios de los diputados, y la reciente (2015-2019) con una mayoría significativa de diputados contrarios a la Revolución.

Sería conveniente evaluar, objetivamente, las razones sociopolíticas de estas variaciones en la composición de la Asamblea Nacional, pues todos estos escenarios fueron producto de la participación del pueblo, en elecciones convocadas conforme a la Constitución Nacional y las leyes que rigen la materia, en consecuencia, legítimas y democráticas.

Pero la interrogante a plantear en lo inmediato, la que se hace el ciudadano de a pie, y aun el chavismo silvestre, sería por qué las decisiones que viene tomando la Asamblea Nacional no proceden, como consecuencia de la sentencia emitida por la sala Constitucional del Tribunal Supremo, quien la ha declarado en situación de desacato a las Leyes de la República, y por ende inhabilitada en las competencias que le corresponden.

Se ha querido hacer ver que la coyuntura expresa un conflicto de poderes entre instituciones del mismo rango, y que como el Gobierno, bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro Moros -también electo por el pueblo- es revolucionario, es el Gobierno el que quiere imponer su hegemonía sobre los actos de una institución legítima.

Lo que no se dice -o sólo en muy pocas y contadas ocasiones se dice- es que el poder legítimo es uno solo y lo ejerce el Estado a través de sus instituciones, pero no se fracciona o se reparte entre esas instituciones, que sólo lo ejercen en el marco muy preciso de las competencias que les confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Tampoco se dice mucho que el Presidente de la República es Jefe de Gobierno, pero también es Jefe de Estado, y en consecuencia, debe velar por su seguridad e integridad. Es por ello que la misma Constitución Nacional le otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional, cuando lo crea necesario, en aras de la seguridad del Estado.

¿Por qué la mayoría asambleísta opositora actúa con tanta torpeza sospechosa?

Cuando esto no es del conocimiento público, muy fácil resulta manipular la opinión de los ciudadanos y ciudadanas, y hacer ver que se trata de una invasión de poderes desde el Ejecutivo hacia el Legislativo, en un acto de autoritarismo antidemocrático, contrario a la decisión del pueblo soberano.

La otra pregunta sería: ¿Por qué la mayoría asambleísta, opositora a la Revolución, actúa con tanta torpeza?

¡Tanta torpeza junta es sospechosa!

La oposición -la contrarrevolución nacional e internacional- sabe muy bien lo que hace: provocar.

Por una parte, provocar una reacción violenta en el chavismo, tanto el militante partidista como el chavismo silvestre que cree en la Revolución como su patrimonio legítimo, bajo la figura siempre presente del Comandante Chávez. Pero por otra parte, también busca que el presidente legítimo Nicolás Maduro Moros, hoy líder de la Revolución, haga uso de sus facultades y disuelva la Asamblea Nacional, acto que inmediatamente será calificado por los medios nacionales e internacionales como un autogolpe de Estado, atentado contra la democracia, que debe ser condenado por la comunidad internacional y permitir la intervención justificada en resguardo de los principios democráticos.

¡No es boba la oposición!

Podrá tener diferencias a lo interno por ambiciones de protagonismo político y de poder, pero el problema real es de naturaleza geopolítica: enfrentamos la hegemonía del capitalismo financiero, que no es poca cosa, en el escenario del nuevo orden mundial internacional que avanza con nuevos bloques regionales de poder emergentes, como América Latina y el Caribe, y la República Bolivariana de Venezuela es el ariete del Socialismo Siglo XXI que habrá de desplazar el capitalismo decadente.

De allí que es necesario hilar fino, con determinación, pero con paciencia y prudencia tal cual lo aprendió muy bien el presidente Nicolás Maduro Moros y el pueblo sabio de su maestro eterno: Hugo Chávez.

La Asamblea Nacional debe seguir siendo una institución de la Revolución, debemos recuperarla ciertamente, pero, por ahora, dejemos que se cocine en su propia salsa, hagamos pública su agenda oculta y convoquemos el Poder Popular que avanza día tras día hacia la construcción del Nuevo Estado Comunal y Socialista.

Pa'alante es pa'allá. Hasta la victoria siempre… Comuna o nada. ¡Venceremos!

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