La refundación del Ministerio Público

En el año 1999, en cuanto el presidente Hugo Chávez toma el poder político, anuncia que había llegado el momento de "refundar la República", no obstante hay instituciones dentro del Estado que se niegan a cambiar por su carácter conservador, tal es el caso del Ministerio Público.

En esta coyuntura se está realizando un antejuicio de mérito contra la titular de esta instancia, que en caso de ser aprobado generaría un cambio de direccionalidad en las riendas de esta importante institución.

El Ministerio Público según la Constitución nacional es el encargado de ejercer la acción penal en nombre del Estado, sin embargo durante varios años no ha cumplido la labor para la cual ha estado determinada.

Diversas organizaciones sociales de derechos humanos han reclamado la inacción del Ministerio Público en la resolución de sus respectivos casos, por mencionar alguno de ellos tenemos al Frente de Familiares de Víctimas contra el Sicariato Campesino, los cuales han denunciado que las muertes de sus familiares por parte de grandes terratenientes se encuentran sin respuesta.

También podemos destacar al Comité de Víctimas de la Guarimba, el cual tiene años batallando con la poca celeridad del Ministerio Público para esclarecer la responsabilidad en torno a los hechos denominado "La Salida", incluso el señor Luis Durán (padre del motorizado degollado) ha denunciado públicamente que el Ministerio Público dejó en libertad a los autores materiales del asesinato de su hijo, a pesar de que las pruebas aportadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Por último se menciona a los familiares del comunicador Ricardo Durán, que hasta la fecha esperan respuesta en torno a la autoría intelectual y material del abominable hecho por el cual se han agrupado para su defensa.

En materia de delitos económicos, el Ministerio Público tampoco ha sido eficiente, hasta la fecha se esperan las imputaciones en torno a las empresas de maletín que estafaron a la nación, y las responsabilidades penales que eso conlleva, así como las denuncias hechas por especulación, usura y acaparamiento, en la coyuntura económica que nos encontramos.

Hasta los momentos, el Ministerio Público no ha cumplido con las espectativas de la ciudadanía

En torno a los delitos comunes se desprende del informe de gestión del Ministerio Público del año 2014, un nivel de impunidad que ronda el 90%, según declaraciones de la diputada Delsa Solórzano actualmente muy allegada a la Fiscal.

Todos los puntos que acabo de referir se suman al tortuoso viacrucis que transitan los venezolanos y venezolanas de a pie al tratar de hacer una denuncia por violencia de género o lesiones, encontrando que el Fiscal de turno les dice que si no ocurre el hecho denunciado no puede hacer nada al respecto, tal y como sucedió con las denuncias hechas por la esposa del boxeador Edwin Valera, la cual después de haber avisado sobre distintos episodios de agresiones ante el Ministerio Publico, no pudo obtener respuesta de esta instancia, con el terrible desenlace por todos conocidos.

Esta situación de ineficiencia sistemática y permanente en la coyuntura en la cual nos encontramos, puede ser una oportunidad para hacer cambios estructurales en la mencionada institución con el objeto de hacerla más accesible a la ciudadanía, y reducir los niveles de inoperancia en beneficio de la colectividad.

Para este proceso de refundación es necesario en principio hacer una evaluación de los fiscales del Ministerio Público a nivel nacional, con el objeto de conocer su capacidad de oportuna y adecuada respuesta a la ciudadanía. En segundo orden de ideas, trabajar en sintonía con el resto de los poderes del Estado en beneficio de la estabilidad del país, y en tercer lugar la reducción de los niveles de impunidad en torno a todos los delitos que se cometen en la República, los cuales se han intensificado en los últimos 90 días por los llamados a la desobediencia de los grupos afectos a la oposición.

Lo anteriormente expuesto puede ser la base para iniciar un gran proceso de refundación bajo el compromiso de un titular que tenga la convicción de que es necesario para el mejoramiento de la institucionalidad del país, y para que la ciudadanía cuente con un organismo que los represente en beneficio de la verdad y la justicia. Es por esto que un proceso de refundación es necesario en la actualidad y esperemos que el nuevo titular del Ministerio Público lo inicie con el aplomo y la fortaleza necesaria que el país requiere.

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