¿Sanciones a funcionarios o sanciones a Venezuela?

Cada vez que se le pregunta a algún político opositor sobre las sanciones internacionales que se han impuesto en los últimos años, responde siempre lo mismo: que las sanciones están dirigidas a algunos funcionarios o líderes del chavismo, pero que no afectan ni están dirigidas al pueblo venezolano.

En sintonía con esta reiterada respuesta, al hablar con algún militante de oposición radical, éste responde que las sanciones le alegran ya que de esta manera se le congelan cuentas a "enchufados" que se han enriquecido con el erario público, y que no deberían tener cuentas en el exterior o visitar otros países, por el hecho de ser chavistas.

Estas reiteradas afirmaciones que se escuchan o leen de manera permanente por distintos medios de comunicación son el sustento de este artículo, para saber si son ciertas o falsas, y determinar el alcance de las mismas para la colectividad nacional.

En un primer orden de ideas, es necesario establecer qué son las sanciones, y para establecer esta definición es necesario destacar el contexto internacional de las mismas. Para ello es necesario resaltar que la Carta de Naciones Unidas no prevé en ninguna parte la palabra "sanciones". Lo más cercano que se desprende de este acuerdo internacional se encuentra en el artículo 41, expuesto de la siguiente manera: "medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada".

Ante la falta de claridad en el texto internacional descrito, pasaremos a revisar el Diccionario de la Real Academia y otros diccionarios, los cuales definen las sanciones como penas o castigos ante la infracción de una ley o reglamento, razón por la cual cabría preguntarse cuáles leyes o reglamentos han sido violados para que sean emitidas las sanciones unilaterales por todos conocidas, y de existir estas leyes cuál fue el procedimiento para su adopción, y más aún en qué momento los acusados ejercen su derecho a la defensa ante las acusaciones que sustentan la imposición de sanciones. La falta de claridad legal de estas dudas llevan a la conclusión de que las sanciones son usadas por razones políticas, y al ser un instrumento político la base normativa para sustentarlas es poco transparente.

Las dudas anteriores no podrán ser aclaradas porque todavía se debate la legalidad de las sanciones en el mundo entero, ya que hasta donde un país cualquiera puede tener la potestad de manera unilateral de sancionar a cualquier otro país por razones diversas, razón por la cual mal se pudieran sancionar a países o individuos sin haber una resolución o tratado internacional que establezca dichas acciones y los mecanismos para recurrir a ellas, es decir garantizar el derecho a la defensa de los acusados como un principio mínimo de garantía procesal.

Ahora bien, las sanciones como las conocemos son de vieja data. Se puede recordar el Decreto de Mégara o Decreto Megarense, el cual fue un conjunto de sanciones económicas impuestas a Mégara en 433 A.C. por Atenas poco antes del estallido de la Guerra del Peloponeso. El decreto prohibía a los megarenses, pertenecientes entonces a la Liga del Peloponeso, entrar en los puertos y mercados del imperio ateniense asfixiando la economía de Mégara. También se pueden precisar sanciones más recientes a lo largo de la historia a países como Yugoslavia (1921), Grecia (1925) y Cuba (1962), por mencionar solamente algunos.

La finalidad de las sanciones son evidentes a lo largo de la historia universal, sin embargo en el portal web del Ministerio de Relaciones Exteriores de España resalta: "Los objetivos que se persiguen a la hora de imponerlas son: modificar un determinado comportamiento por parte de un Estado, entidad no estatal o un grupo de individuos (coercing), disminuir su capacidad de maniobra o debilitar su posición (constraining) y denunciar públicamente a todos aquellos que suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales (signaling)".

Al analizar lo expuesto se llega a la conclusión de que las sanciones sólo buscan modificar los patrones de conducta de los países, es decir que las actuaciones, políticas y caminos que deseen transitar los pueblos y que no se adecúen a los parámetros, previamente establecidos por los países poderosos, serán objeto de sanciones hasta que se encaminen en la dirección requerida. Esta lógica internacional colocaría en entredicho la capacidad de los pueblos de autodeterminarse y seguir los rumbos políticos que éstos consideren, ya que si se salen de los patrones impuestos por las grandes potencias serán las próximas víctimas de sanciones políticas, económicas y hasta militares.

Se puede observar que las sanciones son un atentado contra la dignidad, la autodeterminación y la independencia de los pueblos. En el caso venezolano, entre las sanciones aplicadas destacan la prohibición de cualquier persona, entidad, empresa o asociación, legalmente radicada o que realice actividades en Estados Unidos de poder efectuar negocios con nuevos bonos de deuda que sean emitidos por cualquier instancia del Gobierno venezolano, a saber, bonos de la República emitidos por el Banco Central venezolano o la empresa estatal PDVSA. También prohíbe las transacciones en ciertos bonos existentes de propiedad del sector público venezolano, así como los pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela. Igualmente han sido cerradas cuentas del Estado venezolano en bancos como Citibank y Bank of America. Por último se han bloqueado pagos de Venezuela para el cumplimiento de compromisos internacionales.

Al respecto, cabría preguntarse si las sanciones descritas no afectan a la totalidad de los venezolanos, sino que sólo afectan a un puñado de individuos como afirman los políticos opositores. ¿Acaso no afectan estas sanciones la adquisición de medicinas, alimentos, e incluso el traslado de los deportistas a eventos internacionales? Resulta incomprensible que algunos connacionales se alegren por estas medidas y hasta las soliciten en eventos internacionales.

Entretanto también ha habido sanciones a funcionarios de alto nivel que forman parte del Estado venezolano. Dichas sanciones a individualidades no poseen ninguna información, es decir, no se publica cuál cuenta fue congelada, en cuál banco se encontraba, cuánto dinero había en la cuenta congelada, o cuáles bienes han sido confiscados, en qué parte estaban; simplemente debemos confiar en la palabra de los representantes de los gobiernos que sancionan, en que se congelaron cuentas y bienes a pesar de que no digan cuáles fueron.

Bajo este enfoque existe otra aclaratoria: las sanciones a altos funcionarios también recaen en los venezolanos y venezolanas de a pie, es decir, si cualquier país cuenta con un Presidente, Ministros y otras autoridades de Estado con sanciones unilaterales de corte político y financiero, pueden generar que empresas o financistas se inhiban de invertir en el país, por temor a represalias internacionales. Por ejemplo, si usted acude a una clínica regularmente porque le parece la mejor del país, y el día de mañana lee en el periódico que los dueños de la misma fueron sancionados por mala praxis médica, abuso sexual o cualquier otro delito, provocará que los pacientes de dicho centro de salud se trasladen a otro clínica, razón por la cual estas sanciones a funcionarios indirectamente afectan a los ciudadanos y ciudadanas del territorio nacional, sin importar la tendencia política.

Es por lo anteriormente expuesto que sería inocente, por no decir algo más, pensar que las sanciones que se han aplicado en los últimos años no afectan a la sociedad venezolana en pleno, y que eso se traduce en falta de medicamentos, de comida y de otros servicios básicos. Es por esto que la solicitud reiterada de este tipo de medidas es un atentado claro a los millones de venezolanos y venezolanas que hacemos vida en este país.

Un reporte del año 1996 de la International Progress Organization criticó las sanciones como "una ilegítima forma de castigo colectivo de los miembros más débiles y pobres de la sociedad, los niños, los enfermos crónicos y los ancianos". Incluso estableció que las sanciones fomentan la desnutrición, la pobreza y la miseria. Es por esto que resulta imprescindible hacer un llamado a aquellos venezolanos y venezolanas que solicitan sanciones, o que se alegran por la aplicación de éstas, ya que como se demostró en este artículo, las mismas afectan a todos los venezolanos y venezolanas y en mayor medida a aquellos que tienen menos recursos, razón por la cual alegrarse de la implementación de sanciones es hacerlo por el sufrimiento del pueblo venezolano.

Es necesario referirnos a una anécdota histórica, que recopila Jorge Olavarría en su libro Historia Viva 2002-2003, en el que relata una anécdota de Pedro María Morantes, el cual bajo su seudónimo "Pío Gil", escribió los libros más ácidos contra el presidente Cipriano Castro. Sin embargo se refirió al vejamen que había sufrido el ex presidente venezolano en Nueva York manifestando que "Venezuela tal vez tenga derecho a darle a Castro cuatro tiros en cualquier plaza pública; pero no le es permitido, sin abdicar de sus fueros de nación soberana, consentir que ningún gobierno extraño pueda vejarlo y punirlo".

Esta anécdota permite clarificar un hecho importante y medular: el rechazo a las sanciones no se trata de ser chavista, se trata de ser venezolano. No se pueden avalar ataques contra la República en beneficios de intereses foráneos.

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