Trata de personas y el caso de los 82 venezolanos ilegales en Trinidad y Tobago

El día 23 de abril la Agencia de la ONU para los Refugiados lanzó un comunicado en el que, dice, "lamenta profundamente la deportación de 82 nacionales de Venezuela por parte de Trinidad y Tobago el pasado fin de semana". Afirmó que entre las 82 personas había solicitantes de la condición de refugiado, así como personas por solicitarla, por lo que inculpó a la isla caribeña que el retorno de connacionales a Venezuela es un incumplimiento del Derecho Internacional de Refugiados.

"El retorno forzado de este grupo es motivo de gran preocupación", dijo el Alto Comisionado Auxiliar para la Protección, Volker Türk. "Estamos en contacto con las autoridades, buscando aclarar cuál ha sido el proceso legal que ha llevado a la deportación de este grupo para asegurar que Trinidad y Tobago continúa cumpliendo con sus obligaciones internacionales".

La agencia mencionó el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que requiere "la no imposición de penalizaciones por su entrada o presencia ilegal" a aquellos con necesidad de protección internacional, además del principio de non-refoulement (que establece la obligación de los Estados de no devolver a una persona a un lugar donde su libertad, su vida o su integridad física pudiera correr peligro).

Se formó un escándalo mediático y en redes sociales debido a la medida de Trinidad y Tobago, implementada junto a la embajada venezolana en la isla caribeña. Lo que más llamó la atención fue el uso de la palabra "deportación", que indignó tanto al antichavismo 2.0, alegato desmentido por los gobiernos en cuestión al señalar que se trataba más bien de la repatriación de aquel grupo de venezolanos.

Detalles del caso

La corresponsal de TeleSUR Madelein García dio otra versión de los hechos con datos y nuevos ángulos que acompañan lo expresado por Trinidad y Tobago y Venezuela.

La periodista reportó que ningún venezolano o venezolana manifestó ser perseguido político, lo que levanta cejas en torno al calificativo de "refugiados" que la ACNUR endilgó a los repatriados.

El Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago emitió un comunicado en el que desmiente a la ACNUR. En el documento señala que los agentes de inmigración trinitarios están investigando una posible red de trata de blancas.

El procedimiento empieza con la "facilitación" para el trámite de visado en la isla, con cáracter de "asilo" para la persona que paga por los servicios. Gente que no tiene los papeles legales para vivir en Trinidad y Tobago son la principal fuente de esta trama, por lo que las autoridades trinitarias estiman que éstas "podrían ser susceptibles de explotación por el estatus irregular de inmigración".

La ONG Hermandad Venezolana, que trabaja con la ACNUR, está involucrada en dichos trámites, por lo que está siendo investigada por el gobierno de la isla.

 

 

Dicha ONG rellena formularios que proveen a la persona que paga la condición de "refugiado", de "perseguido político", ante la ACNUR, institución que coordina dichos trámites con el gobierno local.

 

 

 

Según las investigaciones expuestas por la corresponsal de TeleSUR, estos trámites son considerados delitos migratorios por la irregularidad en evidencia. Por ello mismo devino la repatriación de los 82 connacionales a Venezuela.

Los testimonios de los venezolanos y las venezolanas repatriados son claras: no hubo deportación, tampoco se declaran perseguidos políticos. No cabe la calificación de refugiados y mucho menos un comportamiento ilegal de Trinidad y Tobago.

Asimismo, la periodista recordó que entre los gobiernos de Venezuela y Trinidad y Tobago estaban desarrollando un plan para la repatriación de dichas personas que se encontraban ilegales ante las autoridades migratorias de la isla.

El uso político de esta trama es evidente ante la magnificación de los hechos, y presenta visos de operación psicológica, usando el calificativo de "refugiado" para hablar de la crisis de Venezuela claramente inducido por políticos y medios alineados a la política del establishment estadounidense.

Bajo la figura de "refugiados" se instrumentaliza un relato político en torno a la situación de Venezuela, sobre la que figuras como Luis Almagro, altos oficiales estadounidenses y los presidentes del Grupo de Lima pregonan que es insostenible y, en palabras del jefe del Comando Sur de EEUU, representa una "amenaza a la estabilidad de la región".

Sin embargo, el trabajo en conjunto entre los gobiernos en cuestión sobre el tema de migrantes ilegales venezolanos en Trinidad y Tobago es un hecho, por lo que la ACNUR tiene mucho que explicar ante el tema. El silencio más bien parece contraproducente en este caso.

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