¿Quién ha intentado dar un golpe de Estado en Venezuela?

A propósito de la emisión de las sentencias 155 y 156 surgidas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) los días 28 y 29 de marzo del año 2017 respectivamente, se ha catalogado al gobierno venezolano de haber legalizado una dictadura, de haber consumado un golpe de Estado, y ha permitido un amplio despliegue internacional, constituido en sesiones ordinarios y extraordinarias de la Organización de Estados Americanos (OEA) e intento de suspensión en Mercosur, sólo por mencionar algunos de ellos.

Ahora bien, resulta interesante analizar la actuación de la Asamblea Nacional (AN) durante la gestión que ha transcurrido de un año y cuatro meses, y desarrollar algunas de sus acciones, y de esta manera visualizar cuál factor político ha estado intentando dar un golpe de Estado en la República Bolivariana de Venezuela.

Por lo tanto es necesario recordar que recién instalada la AN su presidente, el diputado Henry Ramos Allup, lanzó en enero del año 2016 un ultimátum al poder ejecutivo, alegando que en seis meses ocurriría un cambio de gobierno. Dicha amenaza no encendió las alarmas de la comunidad internacional, ni se acusó al Presidente de la AN de intentar promover un golpe de Estado, ya que como se sabe en ese periodo de tiempo no se vislumbraba ningún tipo de elección que permitiera la remoción del Jefe de Estado. Más allá de eso no fue cuestionado sino más bien aupado.

El 29 de marzo del año 2016, la AN aprobó una Ley de Amnistía, la cual presenta fuertes elementos de forma y de fondo que atentan contra la doctrina internacional al condonar delitos categorizados como vulneraciones a los derechos humanos. Esta propuesta de ley similar a las aprobadas en el cono sur para proteger a los responsables de vulneraciones a los derechos humanos de las dictaduras de la región, ameritaba un pronunciamiento internacional de condena a la misma, sin embargo esta condena nunca existió.

El 14 de julio del año 2016, la AN anuló la designación de 13 magistrados, alegando violaciones a la ley y la Constitución. En este caso se puede apreciar que el Poder Legislativo intentó cancelar al Poder Judicial, argumento que usa actualmente la AN al denunciar que el máximo tribunal intenta anularle. Sin embargo en este escenario no se pudo apreciar una reunión en la OEA para debatir esta situación en la cual el poder legislativo intentó anular al TSJ.

El 28 de julio del año 2016, la AN decidió incorporar a tres diputados de Amazonas, acusados de haber obtenido su victoria mediante fraude electoral, desacatando así una sentencia del TSJ. Resulta claro que si existe cualquier cuerpo colegiado que incorpore a personas ajenas al mismo, sus actos serán anulables. Más allá de esto no hubo mayor pronunciamiento mediático al respecto, sino por el contrario se defendió a la AN y se promovió el desacato, atentándose de esta manera contra el Estado de Derecho y el respeto a las decisiones judiciales.

Las acciones inconstitucionales de la AN son avaladas por los poderes injerencistas

Entretanto en octubre del año 2016 se inició en la AN un procedimiento de juicio político al Presidente, es decir, el poder legislativo pretendía revocarle el mandato otorgado por millones de venezolanos al actual mandatario. Esta situación que puede ser catalogada como un golpe de Estado, ya que se puede apreciar que un poder del Estado intenta acceder al poder político por medio de una vía no electoral, fue avalada por los medios nacionales e internacionales, y no fue reseñada como un intento de derrocamiento del sistema político vigente.

El 9 de enero del año 2017, se aprobó en la Asamblea Nacional un acuerdo que declaraba el abandono del cargo del Presidente de la República, al cual ya hicimos mención en el artículo denominado Análisis sobre el acuerdo de abandono del cargo aprobado por la Asamblea Nacional. Esta medida que buscaba claramente acceder al poder sin realizar elecciones presidenciales, no ameritó una reunión de cancilleres del Mercosur para tratar sobre el intento de ruptura del hilo constitucional en Venezuela.

Por último, pero no menos relevante, fue la aprobación el 21 de marzo del año 2017 del acuerdo en la AN en respaldo a la activación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA en el país. Dicha medida no fue catalogada como una actitud de injerencia ni mucho menos, sino como una medida valiente por parte de la oposición venezolana, contando con el respaldo de algunos países de la región.

Posterior a este análisis descriptivo de acontecimientos generados por la AN en poco menos de un año y medio, se ha querido ejemplificar cómo existe un criterio sesgado por parte de actores políticos, medios de comunicación y comunidad internacional. Es decir, que si las acciones judiciales o legislativas pretenden revocar al gobierno de Maduro son aplaudidas y avaladas, pero en el caso de que el gobierno presidido por Maduro tome acciones judiciales o legislativas para defender su permanencia son en cambio etiquetadas como dictatoriales y antidemocráticas.

Este doble rasero que impera en la actualidad no es novedoso, sin embargo por el cambio geopolítico que vive la región ha permitido que los grupos de poderes conservadores se tornen más agresivos en su intento de acceso al poder, pero deja en evidencia que cuando las medidas o acciones son para derrocar a gobiernos que se alejan del status quo, son y serán valederas.

Es por todo lo anteriormente expuesto que se puede concluir que la AN desde el inicio de su gestión ha intentado acceder al poder por vías que en otras circunstancias pudieran catalogarse como intentos desestabilizadores o golpes de Estado, pero al ser cónsonas con los intereses de grupos de poder en el ámbito nacional e internacional las mismas sólo serán catalogadas como justas y válidas, generándose así un nuevo precedente negativo en la historia del continente americano.

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