Primera decisión de la Constituyente marca un nuevo rumbo institucional

La Asamblea Nacional Constituyente se estrenó con una decisión que busca recomponer el Estado y equilibrarlo, la remoción del cargo de Fiscal General a Luisa Ortega Díaz demarca un rumbo para reparar a la gente víctima de delitos de odio y de violación de derechos humanos y para rescatar la autoridad y el orden.

El antejuicio

El pasado 16 de junio el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el Bloque de la Patria, Pedro Carreño, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) evaluar un posible antejuicio de mérito a la entonces Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, debido a faltas graves con respecto a la Ley Orgánica del Ministerio Público que rige sus competencias y funcionamiento.

La ahora ex fiscal mintió por escrito ante el TSJ cuando negó haber sido convocada en una sesión del CMR en diciembre de 2015 sobre la elección de magistrados por parte de la AN. En enero de 2016, Ortega Díaz participó en otra reunión sin objeción alguna y firmó el acta de designación, sin embargo, el 12 de junio pasado, año y medio después, decidió impugnar el nombramiento de los magistrados a cuyas actuaciones acompañó en algunas ocasiones.

Ortega indicó en entrevista con Unión Radio que introdujo una demanda de nulidad contra la designación de 13 magistrados y 20 suplentes y, además, solicitó la nulidad de los actos de la AN de entonces donde seleccionaron a dichos magistrados. Asimismo declaró que, en ese entonces, no firmó el acta de designación de los magistrados del máximo tribunal del país ni la del secretario del CMR debido a que el proceso estaba "viciado".

Carreño solicitó la prohibición de "enajenar, gravar, ceder vendar, permutar, cualquiera de sus bienes" y prohibición de salida del país. En una audiencia realizada el 4 de julio pasado, los miembros del CMR, el entonces defensor del pueblo Tarek William Saab y el contralor general Manuel Galindo testificaron y mostraron pruebas mediante documentos en los cuales estaba plasmada la firma de la ex fiscal, lo que avaló los cargos otorgados. Ortega no asistió a la audiencia.

¿Qué papel ha jugado Luisa Ortega en el golpe?

Desde su pronunciamiento contra las sentencias 155 y 156 del TSJ sobre la AN, Luisa Ortega operó en función de los intereses de la oposición venezolana fungiendo de respirador artificial para la escalada violenta y desplegando acciones y omisiones desestabilizadoras que permitieron, impunidad mediante, fortalecer las acciones de grupos violentos y el golpe en proceso.

Es conocida su actitud frente a los eventos violentos impulsados por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) desde abril de este año, mantuvo una postura política ante los hechos. En sus declaraciones omitía las muertes o asesinatos vinculados a personas supuestamente afectas al chavismo, obviaba la presencia de menores de edad durante los enfrentamientos contra cuerpos de seguridad y los daños a las entidades públicas y privadas que realizaban miembros de "La Resistencia".

En entrevista para The Wall Street Journal, se limitó a condenar los hechos de violencia por parte de efectivos de seguridad contra antichavistas justificando la violencia armada al declarar que "No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley", erosionando así la posibilidad de diálogo político para superar el conflicto.

En junio pasado, mientras impugnaba a los magistrados del TSJ, Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López (dirigente de Voluntad Popular), declaraba que "el cambio de Luisa Ortega Díaz lo logramos nosotros" en el programa "Diálogo con..." del periodista Carlos Croes, en Televen. El 16 de julio se le vio saludar a quienes participaban en el plebiscito, un acto partidista organizado por la MUD.

Respecto al crimen de odio contra Orlando Figuera, quien durante varios días luchó por su vida luego de ser apuñalado, golpeado y quemado en Altamira (Chacao, estado Miranda) por un grupo de antichavistas, afirmó que los videos que mostraban al joven envuelto en llamas estaban manipulados a favor del Gobierno. "Es realmente dantesco lo que ocurrió con el hombre quemado y apuñaleado en Altamira, y es muy grave que estén circulando esos videos manipulados en beneficio de algunos de los grupos en pugna", expresó.

Ines Esparragoza, madre de Figuera, exigió a Ortega que trabajara para hacer justicia a todos los caídos y víctimas del terrorismo e indicó que hasta ese momento no había recibido respuesta sobre su caso por parte del MP, institución a la que le solicitó que fueran castigados los responsables del crimen de su hijo.

Las intervenciones de Ortega Díaz fueron interesadamente diferenciadas respecto a casos de jóvenes fallecidos durante las acciones de terror callejero convocadas por la MUD. 

Sin embargo, la fiscalía estuvo presente en la autopsia de Neomar Lander (17), quien falleció al explotarle un "mortero" que manipulaba durante una protesta violenta en Chacao y hubo evidencias audiovisuales de la presunta responsabilidad de dirigentes antichavistas como Miguel Pizarro (Primero Justicia). La ahora ex fiscal se limitó a designar un fiscal para investigar este caso y, pasados los días, no hubo pronunciamiento oficial de su parte condenando el hecho ni admitiendo los resultados arrojados por dicha autopsia.

Se demostró que grupos mercenarios de "La Resistencia" fueron revitalizados cuando el MP no actuó de manera contundente ante la justicia contra operadores como William Portillo Márquez, alias "Wil", militante de Voluntad Popular que en 2015 fue liberado ocho meses después de haber sido imputado por agredir al sargento 1º de la Aviación Militar Bolivariana, Luis Alejandro Linares Espinoza en la calle Elice de Chacao.

En aquella ocasión Portillo fue detenido con porciones de droga y en su grupo fueron incautadas armas y municiones, pero el MP suspendió temporalmente el proceso de juicio, por lo que salió en libertad. Dicho operador, quien aparece en fotos con el vocero antichavista Freddy Guevara, era coordinador de los grupos que asediaban Altamira y uno de los responsables de los ataques a funcionarios de la GNB y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fue capturado el jueves 27 de julio y se le incautó un número considerable de pertrechos militares: una granada lacrimógena, uniformes militares, un niple de fabricación casera, cohetones, una máscara antigás, chalecos antibalas y guantes.

TSJ y ANC actúan: suspensión y remoción

El viernes 4 de agosto la Sala Plena del TSJ inició el antejuicio de mérito contra la entonces Fiscal General por la comisión de faltas graves durante su gestión en el MP, la suspendió de su cargo y comunicó dicha decisión a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez.

Se ordenó la inhabilitación de Ortega Díaz para el ejercicio de cualquier función pública mientras dure el proceso, de acuerdo al artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), además enajenar y gravar bienes y el congelamiento de sus cuentas, también se prohibió su salida del país.

El sábado 5 de agosto el constituyentista Diosdado Cabello pidió que Ortega no fuera suspendida, sino removida, debido a que se crearía un vacío en el MP por la importancia de su cargo y la necesidad de que alguien lo ejerciera en su lugar. La moción fue aprobada y en su lugar fue nombrado el hasta entonces Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien luego de su juramentación aseveró que su misión será restituir un orden jurídico severamente infligido por el MP.

Cabello aclaró que "no hay linchamiento personal o político, ojalá a los revolucionarios se les diera oportunidad de defendernos como se le ha dado a algunos sectores en este país. Esto es aplicar la ley y la justicia, cada quien con su conciencia. A veces la justicia calladita es más poderosa que la justicia gritada", luego de que Ortega Díaz fuera removida por unanimidad del cargo. En las redes circularon imágenes de su retiro de la sede del MP al no poder entrar por la custodia de la GNB.

También Diosdado Cabello propuso declarar en emergencia al MP para proceder a su reestructuración, por lo que en la misma sesión de la ANC se aprobó un decreto de emergencia y reestructuración como respuesta a la inactividad del organismo, y producto de los índices delictivos y de los actos conclusivos acusatorios mínimos que constan en la memoria y cuenta de la institución en los últimos 10 años.

Lo que viene

El primer vicepresidente de la ANC, Aristóbulo Istúriz, señaló que tal situación ha generado la desestabilización del país. Tal proceso de reestructuración será evaluado por una comisión especial a cargo del constituyente Elvis Amoroso.

Para darle fuerza a la decisión se aplicará la norma establecida en el segundo párrafo del artículo 349 de la Constitución actual, que indica que "los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente".

La decisión de la ANC se hacía necesaria y urgente ante la situación de impunidad y terror que generaron las acciones y omisiones de la ex fiscal, para desactivar la guerra no convencional en proceso se requiere abrir un escenario de justicia y reparación de víctimas así como ejercer justicia contra quienes promueven el sabotaje en todas sus manifestaciones.

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