ONG financiada por Estados Unidos acusa al antichavismo de golpista

La organización no gubernamental Provea es también financiada por el especulador financiero George Soros.

De toda la amplia gama de ONGs que operan en Venezuela, existe una en particular que capta una buena parte del financiamiento extranjero: Provea. Y no sólo por la calidad, sino por la cantidad de financistas.

Según una investigación publicada por Misión Verdad el 25 de octubre del año pasado, Provea recibe financiamiento de la Fundación Ford (ligada a la Casa Blanca y al Pentágono), de la NED (agencia del Departamento de Estado de EEUU), de la embajada británica y de la Fundación Open Society, fachada del especulador financiero George Soros. 

Una gran cantidad de medios de comunicación alternativos, periodistas de amplia trayectoria e investigadores de distintos países, han señalado el papel central de George Soros -como financista y operador- en el golpe de Estado llevado a cabo en Ucrania en 2014, en la actual crisis de refugiados en Europa y en la infiltración de operadores para desestabilizar al gobierno ruso.

Provea no es una ONG sino una herramienta del Departamento de Estado de los EEUU y de la élite financiera global para intervenir en los asuntos internos de Venezuela, violando la legislación internacional que establece que ningún gobierno extranjero puede interferir en otro país. Lo ampliamente conocido como la libre autodeterminación de los pueblos.

Sobre la intención de declarar el abandono de cargo del presidente constitucional Nicolás Maduro por parte la Asamblea Nacional (AN), Provea afirmó que dicha declaración sería una "interpretación forzada de la Constitución" que contribuye al debilitamiento de la democracia en Venezuela. Otro callejón -golpista- sin salida en el que caería la AN y por elevación el antichavismo agrupado en los partidos políticos de la derecha venezolana.

Esta declaratoria no tiene sentido jurídico ni político práctico, ya que los elementos constitucionales necesarios para llevarla a cabo tienen que ver con violaciones flagrantes a la defensa de la nación, la integridad del territorio y la soberanía nacional, o por muerte, renuncia, incapacidad física o mental certificada por el Tribunal Suprema de Justicia, según refieren los artículos 232 y 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Supuestos de hechos en los que no se ubica el presidente Nicolás Maduro.

Provea -o mejor dicho, el Departamento de Estado gringo- se lo dice de frente a Julio Borges y al antichavismo en pleno.

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