Por qué el Ministerio Público investiga a Rafael Ramírez

Viernes primero de diciembre. Detenido el ciudadano Diego Salazar Carreño. Al siguiente día se detuvo en el aeropuerto de Maiquetía (estado Vargas) al ciudadano José Enrique Luongo. En rueda de prensa del martes 5 de diciembre el fiscal general Tarek William Saab explica las razones de estas acciones.

Ambos individuos están involucrados en la investigación de blanqueo de capitales realizado a través de la Banca Privada de Andorra. "Ellos pertenecían a una organización criminal a nivel internacional, en la que están involucradas al menos 40 personas (incluidos ex gerentes de PDVSA)", dijo el fiscal general en esa oportunidad.

Son 40 las empresas fantasmas las utilizadas para blanquear fondos producto de la corrupción, y que están involucradas al sector petrolero. Diego Salazar Carreño aparecía en documentos bajo investigación sobre el caso "como un comisionista estrella".

Entre los años 2011-2012 la organización investigada por el Ministerio Público blanqueó dinero por el orden de los 1 mil 348 millones de euros, informó Saab. Según informaciones de inteligencia, se estima que esta banda criminal opera desde 2006; desde entonces pudiera haber blanqueado una cifra alrededor de 4 mil 200 millones de euros.

La Banca Privada de Andorra sería el principal eje de blanqueo, pero otras empresas participaron en las transacciones de dinero a lavar, según develan las investigaciones de la Fiscalía General de la República.

Diego Salazar, al actuar como enlace, cobró comisiones que fueron a parar a sus empresas por el orden de los 635 millones de euros solo entre octubre de 2011 y octubre de 2012. Una de esas empresas, denominada Antigua Omega INC, era representada por José Enrique Luongo Rotundo, familiar directo de Salazar Carreño. Esta entidad recibió transferencias de otras cuentas de la organización criminal investigada por un monto cercano a los 192 millones de euros y, a su vez, transfirió unos 193 millones de euros a otra empresa perteneciente a Salazar.

El Fiscal General informó que estos individuos están fuertemente vinculados al ex viceministro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos, preso en España, quien aparece como segundo cabecilla de la mencionada organización criminal.

Villalobos tenía empresas que recibieron entre octubre de 2011 y octubre de 2012 casi 197 millones de euros. También recibió una fraudulenta comisión de 10 millones de dólares por compra de PDVSA de Lácteos Los Andes en 2008, más otros 15 millones de dólares por otras vías. Saab insistió en que esto es producto del desfalco patrimonial de PDVSA, y por ende de la nación, y que el Ministerio Público solicitó la extradición de dicho individuo.

Asimismo, el actual jefe del Ministerio Público indicó que la anterior gestión de Luisa Ortega Díaz fue cómplice por silencio y nulo impulso procesal de este caso Andorra. La lucha contra la corrupción comienza con la nueva gestión de Saab al frente de la Fiscalía, consecuencia de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente luego de cuatro meses de insurrección violenta del antichavismo nacional e internacional también apoyada por la ex fiscal general, prófuga de la justicia.

De hecho, estas acciones fraudulentas ya habían sido abordadas en la anterior gestión del órgano del Poder Ciudadano, pero el caso fue cerrado por órdenes de la anterior fiscal general. Saab reiteró que existen testimonios de abogados que viajaron a investigar el presunto blanqueo de capitales y que, finalmente, pararon la investigación por órdenes de Ortega Díaz.

Al fin, la corrupción destituyente está siendo combatida por el Ministerio Público

Nuevos hallazgos del caso

El jefe del Ministerio Público anunció que investigará a Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo y ex presidente de PDVSA, por su presunta vinculación con la trama de blanqueo de capitales a través de la Banca Privada de Andorra. Esto lo dijo en rueda de prensa el martes 12 de diciembre.

Tarek William Saab precisó que en uno de los documentos revisados en torno a estas indagaciones, Diego Salazar, primo hermano de Ramírez, lo incrimina directamente como su socio directo en operaciones de intermediación y compra-venta de petróleo.

Dijo el Fiscal General que "producto de las propias indagaciones y lo que han revelado las pesquisas, se han incautado varios documentos que han sido traducidos del catalán al castellano y nos han llevado a que, aparte de las privativas de libertad de José Enrique Luongo y Diego Salazar Carreño", por ser representantes de Antigua Omega INC, una de las 40 empresas fantasmas involucradas en la red de blanqueo de dinero, "hemos decidido abrir una investigación penal al ciudadano Rafael Ramírez".

Los documentos con los nuevos hallazgos fueron conseguidos en un allanamiento realizado a una de las propiedades inmuebles de Salazar. Esto marcaría el inicio de "una línea de acción judicial que nos lleve a determinar qué responsabilidad pudiera tener este ciudadanos en estos hechos", según Saab.

El Fiscal General dijo que "el Ministerio Público, bajo nuestra titularidad y el equipo que me acompaña hemos hecho un gran esfuerzo en medio de muchos obstáculos, pero más allá de ello, salvando toda esos obstáculos", el objetivo es avanzar en la lucha contra la corrupción "con resultados que la opinión pública ve con mucho detenimiento".

De esta forma también criticó a quienes han intentado desde tribunas mediáticas poner en entredicho las investigaciones por corrupción que hace la institución estatal para intentar resarcir el daño patrimonial a la República.

"Hay una lucha frontal contra quienes utilizando los bienes del Estado de forma directa e indirecta han causado un daño a la economía nacional", comentó el Fiscal, y no peleas internas judicializadas en el chavismo como algunos opinadores y palangristas opositores intentan establecer como matriz ante la opinión pública.

Cabe señalar que esta lucha anticorrupción, en su capítulo Andorra, forma parte de un plan macro por investigar y condenar judicialmente a quienes, desde las entrañas del Estado venezolano, desfalcaron y lesionaron las instituciones estatales en conjunto con operadores internacionales, lo que lleva a demostrar que existen actores y factores trasnacionales interesados en que tales hechos de corrupción se dieran con contundencia.

Los casos de PDVSA (incluidas filiales y las tramas de corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco) y Cadivi-Cencoex son una muestra más de que este desfalco patrimonial son objetivos políticos, forman parte de una corrupción destituyente que está siendo combatida en estos momentos por el Ministerio Público.

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