Luisa Ortega Díaz coopera con el FBI para criminalizar a Venezuela

Con las últimas acciones del refundado Ministerio Público, el gobierno de EEUU decidió crear sus propios expedientes de corrupción con el fin de deslegitimar la institucionalidad penal y jurídica del Estado venezolano. Para ello, trabaja en conjunto con la ex fiscal general prófuga de la justicia nacional.

Desde que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) nombrara a Tarek William Saab como Fiscal General de la República, se han reabierto investigaciones aplazadas o sobreseídas por la administración anterior encabezada por la prófuga Luisa Ortega Díaz. El mismo Saab ha denunciado la red de extorsión y corrupción que ésta tenía con su esposo Germán Ferrer más otros actores como fiscales del Ministerio Público y bufetes de abogados encargados del manejo financiero de los negocios ilícitos contra la nación.

Esta trama de corrupción también implica a PDVSA, poniendo en riesgo el prestigio del corazón económico de Venezuela, además que lo lesiona con desfalcos producto de la corrupción generada con alevosía para intentar quebrar, desde adentro, la empresa estatal. Su importancia radica en que trae a las arcas del Estado venezolano el 96% de las divisas, que se usan para importaciones de bienes básicos y pagos del servicio de deuda. 

Luisa Ortega Díaz, junto a empresarios, directivos, funcionarios, todos fueron cómplices en la creación de la mencionada red de extorsión, que archivaba en gavetas del Ministerio Público los casos a convenciencia personal y económica. Huir para unirse a la campaña transnacional contra el país luego de que esta trama la salpicara a ella de manera pública, denota la alevosía de sus posiciones. Es más, el periodista opositor Casto Ocando publicó una nota en la que afirma que Ortega Díaz colabora con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Es paradójico que use papeles que tenía engavetados durante su jefatura en el Ministerio Público, para contribuir a hacer un expediente de criminalización contra el Estado venezolano en conjunto con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Si usted se pregunta de dónde viene el caso Odebrecht, debe empezar por el Departamento de Justicia estadounidense. La cruzada anticorrupción que promueve EEUU es usada para debilitar los Estados-nación, internacionalizar (privatizar) el sistema judicial de los aparatos estatales, imponer las reglas del juego en torno a ese ítem que es la corrupción.

Desde su refundación, liderada por Saab, la Fiscalía ha mantenido su política de la lucha contra la corrupción para frenar el sabotaje que afecta a la principal industria del país, las pruebas en torno a casos de sobreprecio en facturación en distintas empresas mixtas dan cuenta de que el fin último que se persigue es el de la privatización por la vía del colapso programado.

EEUU, sin embargo, insiste en crear su propio expediente de criminalización internacional sobre PDVSA. La iniciativa del Fiscal General, desde el principio apoyada por el presidente Nicolás Maduro, ha generado esta respuesta del Departamento de Justicia. Que Luisa Ortega Díaz opere directamente con el FBI dice mucho más que cualquier declaración.

Por otro lado, la disposición de la actual Fiscalía de reabrir los casos archivados por la corrupta gestión de Ortega Díaz muestra un valor propio: no hay intocables, política respaldada por el Presidente. Los siguientes hechos pueden confirmar esta tendencia.

Arrestos en España

La policía española arrestó el jueves 26 de octubre en Madrid a un ex viceministro de Energía de Venezuela, el origen fue una orden de aprehensión estadounidense por su presunta participación en un plan de soborno de 1 mil millones de dólares que involucra a PDVSA.

Se trataba de Nervis Villalobos. La agencia The Associated Press pone en boca de un portavoz de la Guardia Civil de España que Villalobos fue preso por una unidad policial especializada en delitos de lavado de dinero, debido a una acusación de fiscales federales de Houston (EEUU). "El vocero, que no estaba autorizado para ser nombrado y habló bajo condición de anonimato, dijo que como parte de la actual operación, Luis Carlos de León, un ex funcionario de una compañía eléctrica estatal en Caracas, también fue detenido junto con una tercera persona no identificada que fue ejecutiva en la unidad de compras de PDVSA, Bariven", reporta La Tabla.

Sigue el portal venezolano: "Villalobos sería el primer ex alto funcionario detenido como parte de una amplia investigación estadounidense sobre corrupción en PDVSA que ya ha llevado a 10 hombres de negocios a declararse culpables por sus papeles en sobornos a funcionarios venezolanos. En 2015, el Departamento del Tesoro de los EEUU acusó a un banco en Andorra de lavar unos 2 mil millones de dólares robados de PDVSA".

Cuenta el reportaje que gran parte de la evidencia "proviene de un caso en Houston contra dos empresarios venezolanos residentes en los EEUU, Roberto Rincón y Abraham Shiera, quienes en 2015 fueron acusados de violar la ley de prácticas corruptas extranjeras al conspirar para pagar sobornos a cambio de contratos para construir generadores de energía para PDVSA". Los fiscales estadounidenses acusaron a los dos hombres de pagar todo, desde la hipoteca de 165 mil dólares del funcionario de PDVSA en Texas, hasta retirar una reserva de 15 mil dólares para varios funcionarios de la compañía en el Hotel Fontainebleau, Miami Beach, para generar negocios.

"Ambos hombres están en libertad bajo fianza a la espera de la sentencia. Los fiscales en Houston no quisieron hacer comentarios", informa La Tabla.

Ese mismo portal recapitula y cuenta: "Villalobos ha sido investigado en España por lavado de capitales en dos causas relacionadas con la recepción de pagos irregulares por parte de contratistas españolas de obras y maquinarias del sector eléctrico.

"En 2015 la investigación se relacionó con el pago de una presunta comisión de 50 millones de euros por parte de la firma Duro Felguera, contratada para construir una planta de generación termoeléctrica, Termocentro, para Caracas. Este pago se realizó a través del liquidado Banco Madrid y la Banca Privada de Andorra, según reportó el diario español El Mundo".

En julio pasado otra investigación indica el pago de 18 millones de euros a través del Banco Espirito Santo de Portugal.

Villalobos está establecido en Madrid desde hace varios años y se presenta como consultor en materia energética a traves de empresas como Enersia, creada en 2016, cuya página web se encuentra fuera de servicio. 

En ese caso también se involucra a Rafael Reiter, funcionario del ex ministro de Petróleo y ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez, quien también fue detenido en España junto con Villalobos por la misma investigación de legitimación de capitales.

En la operación también fueron detenidos otro ex viceministro de energía eléctrica, Luis Carlos De León, y el ex directivo de PDVSA, César Rincón Godoy.

El caso Villalobos en Venezuela

En Venezuela hubo un intento desde la Fiscalía de abrir un caso en torno a la trama de corrupción que involucra a Villalobos y a Javier Alvarado, ex presidente de Electricidad de Caracas. Sin embargo, de un momento a otro y sin mayores explicaciones, el caso fue archivado por el Ministerio Público.

El periodista Eligio Rojas lo cuenta: "(...)  aquí en Venezuela, a Villalobos se le investigaba desde el 30 de marzo de 2015; es decir, nueve años después de su salida del viceministerio de Desarrollo Eléctrico. Tal investigación fue abierta por la Fiscalía 25° Nacional a raíz de una denuncia que recibió de parte de Incary Guerra Torres, Gerente Nacional de Litigio de Corpoelec.

"En concreto denunció presuntos hechos de corrupción relacionados con el pago de comisiones en divisas para la contratación de empresas españolas que ejecutarían la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado (Planta Termo Centro) ubicada en los Valles del Tuy (Mir). Tal contratación se realizó durante la gestión de Nervis Gerardo Villalobos", información ésta que coincide con la publicada por la prensa española.

Explica el reportero de Últimas Noticias: "(...) la Sala 3 de la Corte de Apelaciones de Caracas dejó sin efecto la privativa de libertad dictada el 23-4-15 contra Villalobos y Ochoa así como la congelación de sus bienes. Ya antes otra instancia (el Tribunal 37 de Control de Caracas) había favorecido a los funcionarios investigados con una medida similar".

Ambos ex funcionarios fueron imputados por los presuntos delitos de peculado doloso propio, legitimación de capitales y asociación.

Continúa Rojas: "(...) al mes siguiente de toda esa denuncia el mismo Ministerio Público se echó para atrás. Y es así que el 5 de agosto de 2016, la secretaría de la Sala Penal recibió un escrito 'donde la representación del Ministerio Público, alegó abandonar el ejercicio de esa figura del avocamiento', según quedó asentado en la sentencia.

"El escrito del Ministerio Público no sobrepasa las 25 líneas. No abunda en el por qué desisten de proseguir con la investigación penal emprendida contra el ex presidente de Corpoelec y el ex viceministro. Solo se remiten a exponer el sustento legal que respalda la decisión. 'Por tal motivo se solicita que una vez emitido el pronunciamiento que corresponda, se proceda al archivo del expediente', indican".

Es bastante probable que la red de extorsión que operaban Ortega Díaz y Ferrer haya sido la principal causa de los acontecimientos. Por ello el caso habría sido archivado, hecho en el que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también tuvo que ver, ya que ciertos magistrados votaron a favor de lo propuesto por la Fiscalía.

El citado periodista recoge la opinión de la magistrada Carmen Zuleta de Marchán. Advierte: "(...) la decisión tomada por la mayoría contradice flagrantemente la ley y con ello 'se fomenta la impunidad de los delitos contra el Fisco Nacional'".

El reporte de Rojas también recoge la observación de otro magistrado del TSJ: "Por su parte el magistrado Damiani Bustillos pone el acento en un hecho curioso como lo es el rápido cambio de opinión del Ministerio Público respecto a los ex funcionarios investigados. Apunta Damiani Bustillos que la Fiscalía ejerció el amparo contra la decisión que anuló la orden de aprehensión contra los presuntos corruptos emitida el 2 de agosto por la Sala 3 de la Corte de Apelaciones de Caracas".

Termina por citar a Bustillos: "Y la propia parte accionante (Ministerio Público) desistió tan solo tres días después, esto es el 5 de agosto de 2016, sin que pueda evidenciarse del texto del fallo que en ese periodo hayan cambiado los términos del fallo impugnado". El periodista de Últimas Noticias acota que "el magistrado sospecha que con la decisión de sus colegas de Sala Constitucional se están afectando las buenas costumbres y valores que inspiran el ordenamiento jurídico para favorecer 'los intereses particulares de los imputados'".

La respuesta de EEUU

Bastó que un nuevo Ministerio Público se erigiera para que se descubrieran públicamente las responsabilidades de ciertas figuras de peso en el esquema de corrupción que pretendió socavar la industria más importante de Venezuela y el patrimonio del Estado. Entre ellos, directivos y ex directivos de PDVSA, funcionarios públicos de alto rango, empresarios y estafadores involucrados en la recepción de dólares a través de Cadivi-Cencoex, operadores jurídicos fuera del Estado pero enquistados en negocios ilícitos a lo interno de sus estructuras. 

Consecuencia directa de esta lucha contra la corrupción, inédita en la historia venezolana y que tiene como cabecillas al Fiscal General y al Presidente de la República, es la respuesta del gobierno estadounidense con la creación de un expediente paralelo con el fin de deslegitimar las acciones del Estado.

Para ello, utiliza su propia trama orquestada de Odebrecht a través del Departamento de Justicia y tiene de informante a Luisa Ortega Díaz, ex fiscal general cuyo interés en el ámbito internacional de unirse a la campaña por la intervención transnacional sobre Venezuela es un hecho comprobado.

Aunque Odebrecht haya negado las acusaciones que hiciera Ortega Díaz sobre algunos funcionarios venezolanos, así como lo hicieran en Brasil contra Dilma Rousseff y Lula Da Silva (sin pruebas contundentes pero con altisonancia mediática), llama la atención la alevosía con que la ex fiscal general colabora con el gobierno que ha declarado públicamente que considera una "opción militar" como método para intervenir en Venezuela, acompañado de sanciones económicas, comerciales y financieras.

El Miami Herald había confirmado en agosto pasado el trabajo de Ortega Díaz en conjunto con el Departamento de Justicia estadounidense, y el mencionado periodista Casto Ocando pone de manifiesto además que el FBI, policía política y agencia de inteligencia nacional de EEUU, recibe información de la prófuga funcionaria acusada de extorsión y corrupción. El caso que implica a Villalobos, engavetado durante su gestión, ahora se utiliza como parte del expediente contra la nación. Esta omisión no fue producto de una casualidad.

Notas relacionadas