¿En el exilio? Procesos judiciales a la dirigencia antichavista en fuga

Personeros del antichavismo venezolano han recurrido al exilio después de cada intento de ruptura del orden constitucional, y han contado con recursos para evadir sus responsabilidades penales en Venezuela.

Eventualmente ejercen vocería, coordinan operaciones propagandísticas y hacen lobby para solicitar que a Venezuela le sean aplicadas medidas como el bloqueo y la intervención extranjera. A continuación sus perfiles, las razones por la cuales están en el exilio y el quehacer actual de los más notorios.

Carlos Vecchio. A pocos días de iniciar las guarimbas de 2014, la sede de Voluntad Popular (VP) fue allanada por la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) con una orden de captura contra este dirigente, quien se mantuvo oculto en Venezuela durante tres meses y luego huyó al extranjero. Acusado de incendio intencional, daño a propiedades, asociación para delinquir e instigación pública por el ataque a la sede del Ministerio Público, Vecchio asumió la vocería internacional del partido VP actuando como caja de resonancia de la narrativa de Estado fallido que se instruye contra Venezuela.

Es así como participa activamente de eventos y reuniones con diversos gobiernos e instituciones para que se impongan sanciones contra "funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro" que han terminado siendo contra la población venezolana.

Antonio Rivero. Este general venezolano fue director nacional de Protección Civil. Detenido en 2013 por su papel como organizador de protestas tras la elección del presidente Nicolás Maduro el 14 de abril de 2013, cuyo saldo fue de más de una decena de muertos, su reacción ante la detención fue particularmente aparatosa. Durante su detención fue defendido y vinculado a VP. Luego de ser liberado en 2014 coordinó y entrenó militarmente a miembros de grupos de "resistencia". Luego de casi un año en la clandestinidad en 2015, apareció en Nueva York para pedir protección internacional en la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

Desde el atentado de Óscar Pérez a la sede del TSJ, se mantuvo vinculado a este terrorista y a otros movimientos golpistas dentro y fuera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), fue degradado por el presidente Maduro en marzo pasado.

Antonio Ledezma. Veterano funcionario del partido Acción Democrática (AD), ex diputado y ex gobernador de Caracas designado por Carlos Andrés Pérez, la policía a su cargo asesinó a cerca de 200 presos en el retén de Catia durante la rebelión del 27 de noviembre de 1992, acusación que nunca se cursó en su contra. Fue electo alcalde metropolitano de Caracas en 2008 y reelecto en 2013. Desde ese cargo despidió a 2 mil 252 trabajadores y congeló el salario a los trabajadores jubilados.

En 2015 fue imputado por los delitos de conspiración y asociación para delinquir al ser partícipe en la llamada Operación Jericó que pretendía derrocar al Gobierno venezolano mediante el bombardeo de instituciones gubernamentales y la sede de la cadena noticiosa Telesur, así lo confesó el antichavista vinculado al paramilitarismo colombiano Lorent Saleh. Fue recluido en la prisión militar de Ramo Verde, sin embargo en 2016 se le otorgó casa por cárcel como "medida humanitaria". En noviembre de 2017 huyó de Venezuela pasando por Cúcuta para luego viajar a España y pedir asilo político.

En febrero pasado visitó Washington para solicitar un "Plan Venezuela", similar al aplicado en Colombia, buscando allanar el terreno internacional para una intervención "humanitaria".

Lester Toledo. Electo diputado del Consejo Legislativo del estado Zulia (CLEZ) en 2012 y activo promotor de las guarimbas de 2014 en Maracaibo, capital estadal.

En 2016 apareció involucrado en un plan de desestabilización que incluía explosivos junto a Yon Goicoechea y Carlos Melo, le fueron imputados cargos de asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo, se dictó orden de aprehensión en su contra pero sus defensores alegaron que no se presentaría para resguardar su integridad física y mental. Las pruebas develaron que Toledo habría realizado personalmente la contratación de sicarios para producir una escalada de violencia y muerte durante concentraciones de la derecha venezolana el primero de septiembre de 2016 en la llamada "Toma de Caracas". Después de más de dos meses "resguardado", fue recibido en Washington por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en un encuentro promocionado por el mismo Almagro donde se abordó el tema venezolano generando los calificativos habituales propios del relato antichavista: dictadura, perseguidos políticos, etc.

En 2017 el gobierno español le concedió la nacionalidad bajo el argumento de que se trata de un "perseguido político y exiliado".

David Smolansky. Electo alcalde del municipio El Hatillo del estado Miranda en 2013, este dirigente de VP proviene de la llamada "Generación 2007" que surgió durante el "movimiento estudiantil" contra el cese de concesión al canal RCTV.

Posteriormente la sala constitucional del TSJ dictó medidas de protección para los habitantes de ocho municipios, entre ellos El Hatillo, por la vulneración de derechos fundamentales como el libre tránsito afectado por acciones de calle de grupos antichavistas, es decir, les obligaba a ejercer sus competencias en función de proteger a la población. Debido al desacato por parte de Smolansky, la sala le citó a una audiencia, fue juzgado y sancionado a cumplir 15 meses de cárcel. Luego de un mes oculto, huyó del país a través de la frontera con Brasil.

Actualmente se dedica al cabildeo en contra del Gobierno venezolano: "Mi foco es que Venezuela es una amenaza para la región", declaró a Reuters en febrero pasado.

Ramón Muchacho. También fue electo en 2013 pero como alcalde del municipio Chacao del estado Miranda. Su inacción durante las guarimbas de 2014 permitió que el municipio se convirtiera en territorio predilecto de la violencia insurreccional del antichavismo. En 2017 mantuvo la misma posición y el TSJ determinó que incurrió en una "falta absoluta" por permitir la instalación de barricadas y quema de instituciones públicas. Preventivamente dejó un alcalde encargado por "estar realizando unos trámites personales". En agosto de ese año huyó antes de que se determinara su responsabilidad en los cargos de desacato ante la orden de ejercer sus competencias en favor de los derechos fundamentales de la ciudadanía del municipio. El máximo tribunal le condenó a 15 meses de cárcel e inhabilitación política.

Días después de llegar a EEUU, afirmó a CNN que "la alternativa (de la intervención) militar, digamos lo que digamos, la condenemos o la respaldemos, puede terminar siendo inevitable para el gobierno de Estados Unidos", y que, en efecto, Venezuela "es un peligro para América Latina", denostando del diálogo como opción política.

Luisa Ortega Díaz. Su denuncia sobre una supuesta ruptura del hilo constitucional por parte del TSJ dio pie a las guarimbas de 2017. En ese entonces ejerció sus funciones de manera discrecional obviando delitos por parte de activistas del antichavismo como los ataques a las redes de alimentos, el ataque con un helicóptero al TSJ y la quema de personas vivas.

Le fue solicitado un antejuicio de mérito tras señalar públicamente que no avaló la elección de magistrados en diciembre de 2015. Luego el presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab, ofreció pruebas que daban cuenta de su participación. Aprobada la solicitud por el TSJ, Ortega no asistió a la audiencia por considerar que los magistrados eran "ilegítimos e inconstitucionales", aun cuando fueron abundantes las actuaciones del Ministerio Público ante los mismos.

Posteriormente la Sala Plena del TSJ le inhabilitó para el ejercicio de cualquier función pública, de acuerdo al artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) mientras durara el proceso. Basado en ello la Asamblea Nacional Constituyente aprobó su remoción del cargo, además de declarar en emergencia al Ministerio Público para proceder a su reestructuración, y designar a Tarek William Saab como nuevo Fiscal General de forma provisional. 

Desde su exilio, vía Aruba y luego Colombia, ha solicitado una investigación contra el Gobierno nacional ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la violencia antichavista de 2017, sin embargo le fue aprobado el inicio de un examen preliminar.

Ha procurado mantenerse presente en los medios realizando todo tipo de denuncias contra el Gobierno, la mayoría de ellas basadas en anécdotas sin sustento.

Julio Borges. Su presencia en los eventos anticonstitucionales de los últimos 20 años ha sido constante. Desde abril de 2002 hasta la actualidad, ha sido un operador de intereses de las élites para sacar al chavismo del poder y apropiarse de la renta petrolera. A inicios de las guarimbas de 2017 imploró a Trump, a través de un medio importante de Washington, que aplicara contra Venezuela los mismos recursos de intervención extranjera y guerra económica utilizados en el siglo pasado contra Cuba y Nicaragua, y recientemente contra Rusia, Irán, Siria y Libia.

Durante su tiempo como presidente de la Asamblea Nacional (AN) no pudo superar su condición de desacato, tampoco pudo desarrollar una estrategia para confrontar a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y fueron elocuentes las múltiples sesiones sin quórum que dejaron a la luz pública las divisiones en el antichavismo.

Fue el máximo representante opositor en la mesa de diálogo con el Gobierno en República Dominicana, y es ya conocida su labor de revertir los alcances de los acuerdos a pocas horas de su firma. En febrero pasado informó que no ha pedido ni pedirá asilo en ningún país, lo que aumenta la incertidumbre al respecto, antes que eliminarla.

Su ausencia ha sido notoria desde septiembre de 2017 cuando comenzó una gira por Europa para pedir a gobiernos e instituciones internacionales sanciones contra Venezuela; en sus palabras se trata de "condiciones justas para las elecciones". En enero pasado regresó para la elección de la directiva de la Asamblea Nacional que hasta entonces presidió ilegalmente por estar este poder público en desacato. Luego volvió de gira a países del grupo de Lima y todavía se mantiene en el extranjero. 

Exiliados de la democracia

Como factor común en todos estos personajes está la renuncia a los códigos de la democracia, una vez que ingresan a la condición de exiliados profundizan en el discurso antidemocrático.

Desde la desaparición de la presunción de inocencia de un TSJ "exiliado" elegido por una AN en desacato hasta los llamados abiertos a intervención militar y golpes de Estado presenciamos que, antes que salvar la patria, la tarea del exiliado antichavista es desaparecerla para ponerla en venta.

Notas relacionadas