Amenazas y presiones de EEUU para evitar la reestructuración de la deuda

La apuesta gringa por el default de Venezuela aumenta, buscando afectar la credibilidad financiera y obstaculizando los pagos de deuda. Ahora que el Gobierno venezolano ha convocado a los tenedores de deuda para perfilar una reestructuración el próximo lunes 13 de noviembre, el Departamento del Tesoro de EEUU ha emprendido maniobras para forzar, por una parte, un escenario de impago, y por otra, perjudicar la convocatoria a base de amenazas y presiones.

El Departamento del Tesoro estadounidense amenazó a los tenedores de bonos venezolanos, expresó que tratar con el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami y el jefe de Finanzas de PDVSA y ministro de Economía, Simón Zerpa, sería "problemático" y podría llevar a duras penas. Ambos funcionarios son negociadores principales financieros de Venezuela y fueron sancionados por Washington este año.

Esto luego de que la semana pasada el presidente Nicolás Maduro invitara a estos acreedores a una reunión en Caracas el 13 de noviembre para iniciar las negociaciones de reestructuración de cerca de 60 mil millones de dólares en bonos venezolanos.

Esteroides para la campaña de terror financiero

Los compromisos de deuda que se están saldando este año, vienen acompañados de la proyección de unos 8 mil millones de dólares en compromisos previstos para 2018 y que ahora pasarán a reestructuración.

Aun cuando los acreedores no están vetados de participar en reuniones sobre los bonos bajo la Licencia General 3 del decreto que firmó Donald Trump el 25 de agosto, el Tesoro estadounidense dijo que cualquier acuerdo con El Aissami y Zerpa, quienes figuran en su Lista de Ciudadanos Especialmente Designados (SDN, por sus iniciales en inglés), "parece problemático", aunque no refiere que las negociaciones en sí o un posible arreglo rompa alguna de sus leyes. Además informa que las sanciones que podrían aplicarse a ciudadanos estadounidenses abarcan hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Para las instituciones financieras las multas alcanzarían hasta 10 millones de dólares.

De forma coordinada, medios de propaganda de la oposición venezolana han agregado a esta amenaza "declaraciones anónimas" en las que supuestamente manifiestan que los acreedores no planean asistir a ninguna reunión en Caracas, citando temores a la violencia en la capital del país y la comodidad de los inversores.

Junto a la noticia respecto a esta nueva amenaza de EEUU contra Venezuela, circuló entre agencias internacionales la noticia de que un acreedor de los bonos Pdvsa 2017 solicitó este miércoles ante la ISDA (en español, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados) que determine si la petrolera incurrió en un impago de ese papel, lo que activaría el pago de seguros por incumplimiento crediticio.

Las autoridades venezolanas anunciaron el pasado viernes que habían iniciado el trámite para cancelar unos 1 mil 169 millones de dólares por el capital e intereses del bono 2017 que venció el jueves.

La ISDA publicó que "los bonos 2017 emitidos por la entidad de referencia (PDVSA) vencieron el 2 de noviembre de 2017 con un pago del principal vencido. A partir del final del período de gracia del cobro de los seguros por incumplimiento (CDS), no se ha recibido el pago principal". Los miembros del comité de la ISDA ahora deben votar para aprobar o descartar la pregunta y luego volver a debatir para responderla.

En fin: rumores, desasosiego, desinformación y más amenazas...

Objetivo de la Administración Trump: evitar la reestructuración

La jugada contra Venezuela se basa en un ataque multifactorial. Además de los aliados internos que han sido detenidos por el Ministerio Público, las importaciones y dividendos en dólares se han reducido a la mitad en comparación al año 2016 porque el Departamento del Tesoro ha orquestado una arremetida mediante los bancos estadounidenses, restringiendo las notas de crédito que necesitan las refinerías estadounidenses para pagar por el crudo venezolano. Todo en medio de una feroz campaña de terror financiero del cual hace parte Reuters y la larga lista de medios antichavistas.

En 2015 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó nueve principios impulsados por Argentina, y consensuados por el Grupo de los 77 + China, para la reestructuración de la deuda de los países, entre los que se destaca que si una renegociación de deuda es aprobada por "una mayoría cualificada", esta debe ser acatada por el resto de los tenedores de títulos. A esto se debe el hecho del sabotaje de la eventual reunión convocada por Venezuela. El primer principio dice que el derecho a la reestructuración de la deuda soberana "no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas".

La campaña de terror financiero buscaría sabotear una reestructuración con base a la Cláusula de Acción Colectiva (CAC) de los bonos PDVSA que permitiría a una mayoría de acreedores acordar una reestructuración jurídicamente vinculante para todos los tenedores de bonos que obligaría a la minoría a aceptarlo. Esto, vale destacar, impediría que la Orden Ejectiva firmada por Trump en agosto ilegalice un posible acuerdo. Un análisis presentado por dos abogados estadounidenses especialistas en deuda pública, Lee C. Buchheit y Mitu Gulati, explica que PDVSA podría plantear un canje de pagarés independientes, incluirlos en la reestructuración y transformarse en acreedores preferentes.

Según los abogados, PDVSA debe lograr una gran adhesión de tenedores holdoust (comúnmente denominados "fondos buitre") para llevar a cabo una negociación exitosa, por lo que esa medida de canje colocaría "a los acreedores ante un dilema: o bien aceptan el canje y se encomienda a una futura reestructuración (...); o mantiene sus bonos de PDVSA".

Casi todos los bonos de deuda externa emitidos por Venezuela (actualmente en circulación), cuentan con CAC, su promedio de porcentaje establecido como mayoría calificada se ubica en 80%. Un mecanismo que podría jugar a favor de que PDVSA logre una posible reestructuración con una amplia cantidad de tenedores, reduciendo la capacidad del Departamento del Tesoro de ilegalizar cualquier acuerdo sobre la base de la Orden Ejecutiva del 25 de agosto. 

Mientras Rusia y Venezuela acordaron reestructurar la deuda pública venezolana, EEUU imprime mayor fuerza a la posibilidad de un default que afecte la credibilidad financiera e impida los pagos de deuda venezolana. La campaña de terror financiero busca forzar un escenario de impago que ahonde el relato del país inestable, con alta incertidumbre e inseguro a la hora de pagar. Evidentemente el apoyo de China y Rusia a la reestructuración, genera un contrapeso geopolítico y una influencia importante sobre el mercado financiero que EEUU necesita revertir. 

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