Confirmado: EEUU busca llevar a Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU

Diputados estadounidenses presentaron un proyecto de ley que propone pedir sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas a Venezuela. ¿EEUU se juega su última carta a nivel multilateral?

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Lugar donde se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU

El Congreso de los Estados Unidos juega un papel preponderante en la ruta de todo proceso de intervención "humanitaria" en otros países. Allí se mueven intereses corporativos que han impuesto políticas que benefician a quienes controlan tanto el mercado internacional como la geopolítica en sí con sello estadounidense.

El mismo expediente: "Estado fallido" y "crisis humanitaria"

El proyecto de ley llamado "Ley de Asistencia Humanitaria y Defensa de la Gobernanza Democrática de Venezuela de 2017" (Venezuela Humanitarian Assistance and Defense of Democratic Governance Act of 2017), recientemente discutido el 28 de septiembre para que sea prontamente aprobado por la Cámara de Representantes y, posteriormente, por el Senado de EEUU en conjunto, comienza con cifras que relatan una tendenciosa situación de crisis humanitaria basada en datos sobre salud y nutrición de la población venezolana obtenidos de universidades con directivas abiertamente opositoras como la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Simón Bolívar (USB) y de la ONG Human Rights Watch. 

En el proyecto de ley, presentado por Eliot Engel, Ileana Ros-Lehtinen, Albio Sires y Mario Díaz-Balart para supuestamente "proporcionar asistencia humanitaria al pueblo venezolano, defender la gobernabilidad democrática y combatir la corrupción pública generalizada", se hace énfasis en la negativa del Gobierno venezolano de aceptar la "ayuda humanitaria" que ha intentado tramitar de manera "institucional" la Asamblea Nacional (AN) de mayoría antichavista y en desacato ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Con clara tendencia a la desinformación se exponen datos económicos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) más informaciones que hablan de la existencia de "presos políticos", omitiendo los crímenes cometidos durante los hechos de violencia en 2014 y conspiraciones golpistas posteriores.

Seguidamente se exponen las "exigencias" del Congreso estadounidense al Gobierno venezolano, que son las que públicamente han realizado funcionarios gringos y voceros de la MUD: desde la aceptación de "ayuda humanitaria" de alimentos y medicinas de parte de la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (Usaid, sus siglas en inglés) y otros países latinoamericanos (para lo cual dispondrían de 10 millones de dólares), la aceptación de compromisos de Venezuela con instituciones multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, la liberación de los "presos políticos" y el restablecimiento de los plenos poderes y facultades de la AN declarada en desacato por parte del TSJ.

Por otra parte, insiste en la acusación de altos funcionarios del Gobierno de Venezuela (aunque incluye miembros del CNE y el sistema judicial) y las fuerzas de seguridad venezolanas, en actos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, sin mostrar pruebas sólidas que justifiquen estas acusaciones. 

Consecuencia de los años de trabajo que ONGs, fundaciones y medios financiados por distintas instituciones estadounidenses es el proyecto de esta ley, cuyos redactores (encabezados por su promotor, el demócrata Eliot Engel) han aprovechado los insumos y las narrativas compendiadas en el abultado expediente que llevan contra el Estado venezolano. Fruto de los años de "trabajo" en favor del establishment gringo, las organizaciones no gubernamentales como Foro Penal y Provea por fin responden políticamente a sus acreedores.

La estrategia: lograr sanciones en la ONU

En los pasos a seguir, la ley en cuestión ordena a la Casa Blanca que instruya a Nikki Haley, embajadora de EEUU ante la ONU, proponer una resolución que inste al Gobierno venezolano a permitir la entrega de "socorro humanitario". En caso de que éste se negara, solicitarían al Consejo de Seguridad un llamamiento al Gobierno Bolivariano para que "permita el acceso seguro y sin trabas a los organismos humanitarios y sus asociados en la ejecución, incluido el posible apoyo de los países vecinos con la intervención de otros países de América Latina".

Además el documento expresa el total apoyo a la implementación de la Carta Democrática Interamericana y al envío de una misión de observación electoral a Venezuela por parte de Luis Almagro al frente de la OEA, así como sanciones a funcionarios acusados de actos de "gran corrupción" por parte de EEUU.

Objetivo: ¿hacer de Venezuela una nueva Libia?

Al elevar el "caso Venezuela" al Consejo de Seguridad de la ONU con la excusa "humanitaria" por delante, este sector de poder vinculado al presidente estadounidense Donald Trump pareciera encajar con un perfil ya conocido: una situación de dificultad específica que deriva en violaciones a la soberanía por parte de fuerzas políticas y militares extranjeras.

Como ejemplos históricos está la intervención "humanitaria" de la ONU en Somalia que desde 1991 mantiene a ese país sumido en una guerra constante alimentada por EEUU, además de una invasión permanente por parte de Kenya.

Desde esa misma instancia, el Consejo de Seguridad de la ONU, miembros permanentes como EEUU, Reino Unido y Francia posibilitaron el avance terrorista en Libia y el derrocamiento de Muamar el Gadafi fundamentados en las Resoluciones 1970 (2011) y 1973 (2011), en las cuales certificaron un fuerte embargo petrolero, comercial y financiero contra la nación africana.

Con protestas, bajo excusas de desempleo y encarecimiento de los productos básicos y servicios, se desarrolló una escalada de violencia y se configuró la intervención en Libia. Mediante la Resolución 1970 se acordó el rechazo de la "comunidad internacional" (las potencias occidentales) a las "violaciones de DDHH" que mediante propaganda relataban los medios en el territorio y se establecieron bloqueos y llamadas de atención al gobierno libio de entonces, denominado por la mediática corporativa globalizada como "régimen de Gadafi". El paralelismo no deja de ser evidente.

Para aquel expediente fueron importantes las condenas y recomendaciones de la Liga Árabe, la Unión Africana y la Conferencia Islámica a Libia, y la resolución exhortó al gobierno permitir el acceso de los observadores internacionales y los suministros humanitarios. ¿Será el Grupo de Lima el encargado de hacer lo mismo en el continente latinoamericano?

La Resolución 1973, emitida pocas semanas después de la anterior, autorizó la adopción de "todas las medidas necesarias", lo que comportó el uso de la fuerza. Aunque excluía la ocupación terrestre, establecía "una prohibición de todos los vuelos" del espacio aéreo de Libia, autorizando a las fuerzas de la OTAN a derribar aviones libios.

El resto de la historia es conocida: hoy Libia está "somalizada", la alianza entre yihadismo, delincuencia común y contrabando constituyen un entramado financiero muy rentable debido al tráfico de migrantes, llamado también trata de personas.

Vital para el plan: la guerra humanitaria

La élite política estadounidense parece haber descartado a la MUD como actor principal en su plan de intervención. Ha incrementado el rol del Grupo de Lima y su influencia en la OEA, en miras de buscar sanciones de la ONU, tal cual lo ha recomendado el ex comandante de las Fuerzas Aliadas de la OTAN, almirante James Stavridis, quien pronostica la proximidad de una guerra civil y un escenario de crisis humanitaria.

El Gobierno venezolano no ha aceptado, ni eventualmente aceptaría, ninguna acción "humanitaria" aun en medio de la guerra económica, el sabotaje a los servicios públicos, el financiamiento de acciones violentas (saqueos o disturbios) posteriormente viralizadas a escala global bajo la matriz del "hambre" y del "Estado fallido" ni las recientes acciones de bloqueo financiero. Sin embargo, lo dicho en el proyecto de ley apunta a que gobiernos latinoamericanos vecinos serán vitales en el montaje del escenario (mediatizado) y la fabricación de la "necesidad" de intervención en foros como la ONU amparados en la "Responsabilidad De Proteger" (R2P, en inglés).

Esta doctrina elaborada por EEUU fue utilizada como mecanismo para intervenir en Libia, puesto que la nación africana según esa narrativa se encontraba inmersa en un "Estado fallido", donde la "comunidad internacional" tenía la obligación de intervenir para "proteger a su población". Nuevamente, bajo la narrativa de "crisis humanitaria", el parecido es evidente con respecto al tratamiento que busca imponerse sobre Venezuela. 

Hacia el mismo fin, pero desde la OEA, ha intentado encauzar Luis Almagro con su último informe sobre el país, que cumple su papel como hoja de ruta regional que propone fabricar, entre otras cosas, una crisis de refugiados venezolanos en las fronteras próximas de los países de Venezuela.

La tesis de que la paz y la seguridad internacionales son amenazadas por situaciones internas en Venezuela que se obstaculizan la "asistencia humanitaria" es un aspecto del nuevo derecho internacional defendido por intereses geopolíticos y transnacionales por encima del principio de no injerencia e intervención en los asuntos internos de los Estados-nación. Quedan por ver las acciones de países vecinos, en el marco de la "opción militar" de Trump, para agudizar situaciones internas (migraciones masivas, escasez, drogas, armas y violencia paramilitar) que propicien tales amenazas y activen el dispositivo bélico en que se han convertido las crisis humanitarias, como excusa para la intervención de EEUU.

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