Canadá se suma al boicot de Washington impidiendo el derecho al voto venezolano

El canciller venezolano Jorge Arreaza denunció la decisión tomada por el gobierno de Canadá de no permitir la instalación de mesas electorales en las embajadas venezolanas, y por lo tanto, impedir que se desarrollen los comicios presidenciales este 20 de mayo.

La medida fue transmitida a través de una nota diplomática y afecta a una base electoral de 6 mil 18 venezolanos que residen en las ciudades de Ottawa, Vancouver, Toronto y Montreal, que en llamadas al ministro venezolano manifestaron la intención de ejercer su derecho al voto.

Utilizando mecanismos que violan los estatutos del derecho internacional y las normas de la Carta de las Naciones Unidas, Canadá bloquea la posibilidad de votar en su territorio como un acto de deslegitimización del orden constitucional venezolano y con la pretensión de afectar el porcentaje de participación para apoyar la narrativa abstencionista que sectores de la oposición tuteladas desde el exterior han trabajado como campaña, sacrificando en su paso a la cuota opositora que ha decidido asistir a los comicios del 20 de mayo.

El plan, que en lo que a niveles de operación nacional se refiere no ha mellado significativamente en la intención del voto venezolano, demostrado recientemente por encuestadoras nacionales, toma un color internacional que busca revitalizar el escenario de abstención electoral.

Maniobran una respuesta que deje sin efecto el ejercicio democrático del voto

Este rumbo forma parte del programa intrusivo que lidera el Grupo de Lima, asociación de países en la región conformada como instrumento de presión del gobierno estadounidense, que deliberadamente ha pasado por encima de los canales diplomáticos regulares para sacudir la gobernabilidad del Estado venezolano, y que en estas últimas semanas ha intensificado los golpes hacia el presidente constitucional y candidato a la reelección Nicolás Maduro, en vista de las proyecciones electorales que en unos días serán consumadas.

Sin trasladarse muy lejos, el 14 de mayo Canadá firmó junto a los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y la isla de Santa Lucía un comunicado a modo de "ultimátum" para Venezuela, en el que exigen suspender las elecciones presidenciales, alegando una violación a la institucionalidad democrática. Sin embargo, esta decisión niega las reiteradas invitaciones que desde la Cancillería y el CNE se han hecho a todas las autoridades legítimas de la comunidad internacional a participar como acompañantes en el proceso electoral, respetando los principios de soberanía nacional.

Otro de los guiños de Canadá a la política exterior que comanda el Departamento de Estado norteamericano, lo hizo recientemente al anunciar un plan de financiamiento bajo la excusa de "ayuda humanitaria" de 4 millones de dólares, en voz de su ministra de Relaciones Exteriores Chrystia Freeland, y que estaría dirigido a los países de la región que han migrado venezolanos y venezolanas.

La sincronización de estas acciones con la agenda internacional para condicionar un situación económica frágil en el país, sancionando y bloqueando la operatividad financiera y así criminalizar al Estado Venezolano e imponer un "canal humanitario" (operación siempre acompañada de células militares estadounidenses), se precipitan en maniobrar una respuesta que deje sin efecto el ejercicio democrático del voto, por lo menos a nivel propagandístico, y que no rompa la continuidad de los planes injerencistas de los intereses transnacionales en Venezuela. 

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