Golpes certeros contra el paramilitarismo en zonas estratégicas del país

Bandas criminales y corredores desarticulados por la OLP (+infografías)

La Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) ha sido criminalizada tanto en instancias internacionales como a lo interno. La persecución y el atosigamiento mediático que generan ONGs financiadas con dinero del Departamento de Estado, sus distintas agencias y corporaciones, y la mediocracia amamantada por matrices externas, describen la profusa necesidad de que no se imponga ni que se vean las acciones claras de un Estado que ejerce su potestad para suprimir las amenazas y protege a la población.

Por más que no les agrade a los protectores de El Picure, las Bandas Criminales Paramilitarizadas (BCP) han recibido golpes a sus principales cabecillas, otras han sido desmanteladas o están en proceso de disolución.

Desde hace tiempo Misión Verdad ha venido analizando el brote de BCP como recurso asimétrico de la guerra irregular impuesta en Venezuela. Hemos señalado que éstas cuentan con "un organigrama de poder de incidencia que va de los sindicatos, pasa por el corretaje contrabando-bachaqueo-dólar paralelo, cobra vacuna, maneja redes de extorsión, mueve la droga, revoluciona las armas, administra el sicariato y el secuestro exprés y comienza a 'encargarse de la seguridad'. Un trabajo territorial integral".  

Grupos paramilitares que también cuentan con cable a tierra en lo político, como es el caso de Giovanni Salazar (alcalde de Chaguaramas, estado Guárico) y sus conexiones con El Juvenal; como lo fue el infelizmente famoso Luis Manuel Díaz ("El Crema"), secretario de AD en el mismo estado y representante de las mafias de la construcción.

Dentro de este cuadro, y apelando a la razón estratégica, el pretendido intento por consolidar "los corredores de la muerte", haciendo que la línea de zonas populares que conectan a El Valle con El Cementerio y la Cota 905 comience a fungir como una suerte de "zona liberada" controlada bajo la metódica de las Maras centroamericanas, tenía un fin superior, estrictamente militar, al abrir un boquete en el mismísimo centro de Caracas.

Si a las actuaciones de las BCP (antes de las acciones más recientes de la OLP) hubieran prosperado bajo esa lógia, el intento por extenderse por El Guarataro y avenida Morán mediante, hasta alcanzar el 23 de Enero vía Altos del Observatorio, también describen el vector de hacia dónde quería apuntar esa (ahrora truncada) acumulación de fuerzas.

La banda de El Picure precisamente operaba y pretendía ampliar su radio en el estado Guárico, punto nodal del país con ocho estados fronterizos, y parte del sur mirandino con Ocumare del Tuy como epicentro (controlado por Jesús Linares Linares, alias El Koala).

Allí venía ejerciendo su ley de fuego con los matices de un Pablo Escobar que "defiende" el feudo de los invasores, con la intención de crear un paraestado similar a las zonas de terror cubiertas por el narcogobierno de las Bacrim en Colombia. En medio de la realidad paraca que circundaba la figura de El Picure, éste era cubierto por un manto mítico a cargo de los mismos medios que atacan sin rubor y con saña la OLP y los cuerpos de seguridad del Estado. La excusa es difamar, según el manual de la "crisis humanitaria".

Dentro de los objetivos específicos en el marco de la guerra irregular de las BCP contra el Estado y la población venezolana, la de asesinar chavistas por encargo ha sido la más emergente y sin embargo la menos vociferada por los "medios independientes" y los corresponsales de la muerte paramilitarizada.

Para el momento en que sale esta nota y según el trabajo de Con El Mazo Dando, desde 2013 unas 37 personas identificadas con el chavismo han sido asesinadas y muchas de ellas torturadas por mano sicarial. Funcionarios públicos, luchadores sociales, periodistas, militares y funcionarios del Sebin, además de escoltas de funcionarios importantes del Gobierno Bolivariano han sido víctimas de la estructura de sicarios de las BCP, entre ellos Robert Serra, Eliécer Otaiza y Ricardo Durán.

Entonces, desde julio de 2015, la OLP ha estado trabajando arduamente contra las BCP no sólo para preservar el orden interno cada vez más desdibujado por el desarrollo de la guerra contra Venezuela desde todos los frentes, sino que atañe directamente una labor política con relación a la prevención de posibles magnicidios y acciones irregulares contra el chavismo en su conjunto.

El móvil, a pesar de la violencia paramilitarizada y en cualquier contexto, siempre es político.

Polichacao: pivote legitimado de la desestabilización

Venezuela tiene su Estado Islámico de la mano de las BCP, y las policías municipales no necesitan hacerse camino dentro de los límites del Estado, en un área tan importante y específica como lo es la seguridad ciudadana con funcionarios equipados y entrenados con armas de fuego, que servirían de armería a los sectores de la ultra criolla.


El caso de la Policía de Chacao (Polichacao) es el paradigma más sonado en las últimas semanas, en cuyo municipio han gobernado personeros joyitas de la talla de Leopoldo López y Emilio Graterón. Se ha develado conexiones directas entre terroristas y (ex) funcionarios de la policía que hoy dirige Ramón Muchacho.

Si bien el prontuario delictivo de los sectores dominantes de Polichacao colude con la actuación de las BCP, el asesinato del general Félix Velásquez le otorga a este cuerpo policial un carácter especial en cuanto a factor ultra de desestabilización. La acción que los dos policías-sicarios infringieron contra un operador activo importante de las Milicias Bolivarianas no puede calificarse sino de asesinato político.

La alianzas que trazan los distintos operadores de la violencia irregular, sean luceros de barrio o vistan uniforme y placa, responden a la voluntad destituyente de la MUD y sus amos anglosajones. La actitud de Polichacao durante las guarimbas de 2014 no debe dejar duda de ello. La de operadores paras, operando desde las barricadas guarimberas, bajo la anuencia de las policías municipales, tampoco. 

El asesinato del general Velásquez confirma que las policías municipales gobernadas por operadores de la MUD son uno de los pivotes del escenario de desestabilización y del poder de fuego mercenario. La toma de Polichacao por parte del Gobierno Bolivariano es una respuesta a sus "nuevas" facultades, corrompidas por la facción destituyente:

La falta de control y dirección de #PoliChacao convirtió a este cuerpo en instrumento de las Bandas Criminales Paramilitarizadas (BCP)

— González L. MPPRIJP (@GonzalezMPPRIJP) 10 de junio de 2016

Hecho que ahora se corrobora mientras las investigaciones avanzan y ahora despejan incógnitas sobre el asesinato de Ricardo Durán, que según nuevas revelaciones obedeció no sólo a la misma metódica, sino al mismo armamento empleado en otros crímenes de alto calibre en los últimos años:

Conoce a los implicados en el asesinato del periodista revolucionario Ricardo Durán https://t.co/asXYlaHuqS pic.twitter.com/F4SWsJLHEr

— MPPRIJP (@MIJPVenezuela) 20 de junio de 2016

Lecturas y dimensiones

El pasado 6 de mayo, tres días después de haber caído El Picure, Jamilton Andrés Ulloa, alias El Topo, responsable público y notorio de la masacre minera de Tumeremo el pasado abril, cayó en pleno territorio sobre el que yace Arco Minero. El terror habrá sido local, los intereses geoestratégicos en lo más descarnado de la agenda global en lo que concierne a materias primas, y que, de paso, fue material para la última resolución del Parlamento Europeo contra Venezuela el 8 de junio. En su primera versión, y obviando deliberadamente que el caso fue resuelto en tiempo récord.

Esto da medida en uno solo de tantos casos. 1) Cada caso que los medios acentúan lo local tiene implicaciones globalizantes, 2) al ir fracasando como estrategia al mediano plazo, se criminaliza la misma actuación del Estado cuando el mismo está obligado a actuar contra toda agenda ultraviolenta, 3) todas las esperanzas son trasladadas en sus ejércitos irregulares, y 4) no hay acto de defensa que no se criminalice. La soberanía venezolana está criminalizada.

 

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