A partir de hoy todo acto del poder legislativo es nulo según lo estipulado por el TSJ

La Asamblea Nacional opta por el choque frontal

Apelando a excusas como la descentralización y el estado federal, a la supuesta ilegalidad del audio donde se evidencia el fraude cometido por la MUD durante el proceso electoral del 6D en el estado Amazonas, el diputado opositor por el estado Zulia, José Luis Pirela, inició la sesión parlamentaria para forzar la incorporación ilegal a la Asamblea Nacional de Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana, suspendidos para ejercer funciones como diputados por el amparo interpuesto por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en fecha del 30 de diciembre del año 2015.

Pruebas y muestras del fraude electoral cometido en el estado Amazonas

La mayoría de las altas vocerías opositoras en la Asamblea Nacional que tomaron la palabra durante la sesión del día de hoy, 28 de julio, insistieron en la supuesta ilegalidad en la obtención de las pruebas que ponen de manifiesto el fraude electoral que dirigieron funcionarios de la Gobernación del estado Amazonas, bajo la dirección de Liborio Guarulla, para favorecer a los candidatos de la MUD. Victoria Franchi, secretaria de la gobernación, estuvo al frente de la operación. 

Según Henry Ramos Allup, Simón Calzadilla, José Luis Pirela y Freddy Guevara, la "inconstitucionalidad" del amparo del TSJ que suspendió la proclamación de Nirma Guarulla, Ygarza y Guzamana como diputados, radica en la obtención de las pruebas y no en los hechos de fraude, que además en ningún momento fueron desmentidos. Se repite: nunca desmintieron el delito electoral.

Es legítimo para los actores de la MUD que mediante compra de votos y sobornos de una gobernación opositora se gane una elección, siempre y cuando no se haga público, dicen con los hechos.

Porque, según su lógica, mostrar pruebas fehacientes de un delito electoral supone para ellos una vulneración de privacidades y contubernios para cometer fechorías políticas. Entre otras cosas, lo que hoy recalca la Asamblea Nacional y su directiva opositora con esta decisión de tipo golpista desconociendo al resto de la composición estatal, sino como vía para seguir atornillando esa forma de hacer política y escudarse en parapetos legales para perpetuarla ante la opinión política.

En pocas palabras. Guarulla, Ygarza y Guzamana se vieron favorecidos por una operación de fraude electoral. "Nosotros, dirección de la Asamblea Nacional, aceptando el fraude ya que no lo pudimos desmentir, los reconocemos como legítimos representantes del pueblo de Amazonas. Lo juro".

Qué dice la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que desacató la AN

El amparo cautelar interpuesto por la Sala Electoral del TSJ el 30 de diciembre del año 2015, con relación al fraude cometido por actores de la MUD en el estado Amazonas, tiene un elemento de fondo que no se puede perder de vista: proteger los derechos políticos vulnerados del pueblo de Amazonas, suspendiendo la proclamación, juramentación y ejercicio como diputados, hasta que esta dictamine si habrá de convocarse unas nuevas elecciones para restituir esos derechos violentados por las organizaciones políticas, e instituciones políticas regionales, manejadas por la oposición venezolana.

La sentencia es clara y taxativa (fuera de discusión), en su cuarto considerando, sobre el delito contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cometido por la MUD: "Estos hechos conspiran contra la pureza del sufragio, concepto que sintetiza todas las virtudes del voto democrático, el cual descansa en dos valores fundamentales: la libertad del elector y la veracidad o fidelidad del escrutinio".

Ni Guarulla, Ygarza o Guzamana están habilitados para ejercer como diputados a la luz de las pruebas de fraude presentadas. El amparo los convirtió automáticamente en ciudadanos comunes a la espera de un nuevo dictamen del TSJ. Al estar suspendida su proclamación, no son representantes electos de la población de Amazonas. La directiva de la MUD al incorporarlos y juramentarlos ante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está dándole poder de decidir sobre el ordenamiento jurídico venezolano a ciudadanos comunes que no tienen legitimidad de origen.

Más que un desacato al TSJ, es una violación flagrante y una deliberada degradación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta decisión también tiene un carácter simbólico: "Estamos por encima (y por fuera) de la Constitución". Con esta decisión, la AN se transforma en un poder que violenta el propio texto constitucional que le da origen y funcionamiento. Se asume a sí misma como un poder extralegal e ilegítimo a partir de hoy, y todas sus decisiones pasan a ser nulas de toda nulidad.

Y quienes tomaron la decisión lo saben. Saben que están declarando la guerra. Sin saber hacia dónde pueden ir a partir de ahora.

La ansiada mayoría calificada en el fondo es un fraude

Pero quizás el dato que más refuerza este análisis es que esas tres incorporaciones ilegales consolidan una mayoría calificada que plantea trastocar sensiblemente el sistema legal y político venezolano, tal como quisieron hacer a principios de año con la Ley de amnistía y la Ley de estafa inmobiliaria, por tan sólo reseñar dos de los adefesios legales más escandalosos.

Es decir, si la MUD tiene planteado reformar leyes orgánicas vitales para el funcionamiento económico y político del país y/o buscar la anhelada destitución de magistrados del TSJ, incluso más allá de que objetivamente pueda aplicarse, la última palabra, el voto decisivo, lo tendrán tres ciudadanos comunes que ni son diputados ni tienen la legitimidad de origen para ejercer una representación amén del público y notorio fraude electoral, que repetimos ni siquiera ha sido negado por ellos mismos.

Entonces la afectación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de las leyes orgánicas que de ahí emanan, desde las más importantes como aquellas que le otorgan al Estado la propiedad de sectores estratégicos de la economía nacional, como otras de igual importancia que garantizan el financiamiento a programas sociales hoy más vitales que nunca, quedarán, gracias a tres ciudadanos que se beneficiaron de sobornos y compra de votos, a merced de los gestores que pretenden mediar, subordinados, a las acciones del capital.

La MUD decidió empezar el segundo semestre de 2016 con un intento de golpe de Estado legislativo

Golpe parlamentario, guerra política, encuadramiento geopolítico

Una confrontación abierta de esta naturaleza y bajo esta composición sólo se sostiene con apoyo externo. La decisión de colisionar directamente desconociendo al poder judicial como parte del todo de un Estado soberano lleva implícita la ampliación del campo de batalla fuera de sus competencias políticas, queriendo paralizar la mediación política y avanzar, ahora de facto, sobre la agenda destituyente.

Los precedentes modélicos del empleo del poder legislativo como ariete de maniobra de la agenda golpista se cristalizaron gracias al apoyo internacional y el posterior reconocimiento externo de sus principales artífices. La pregunta ahora sería bajo cuál cuadro político, bajo cuál maniobra sucia y bajo cuál apoyo en la calle. Porque con este acto de hecho desconocen bloques de poder internacional (Alba, Unasur, Unión Europea, Celac) que apoyan el diálogo. Pero jamás realizarían semejante acto si no recibieran el visto bueno de la embajada de Estados Unidos.

Que esto sea un indicio para intentar concretar un expediente judicial en contra del presidente Nicolás Maduro y una situación de permanente desconocimiento del resto de poderes constituidos a nivel externo, debe ser manejado dentro de los escenarios, tanto para los maniobras políticas a nivel macro como insumos mediáticos y campañas de propaganda para revitalizar movilizaciones de calle que ayer dejaron mucho que desear y probablemente definieron la necesidad del acto de hoy.

La Patilla y El Pitazo, ayudados por Reuters y EFE, que desde horas de la mañana venían asumiendo que la fraudulenta mayoría calificada de la MUD podría reformar acuerdos internacionales del país (entiéndase acuerdos energéticos con Rusia, China y Petrocaribe, o proyectos para inversiones y créditos internacionales) así como leyes orgánicas y el nombramiento de altos funcionarios de otros poderes públicos. Los medios allanan el camino hacia la irrupción de la violencia cuando todo apuntaba hacia el diálogo como hecho político.

Ahora, con la subida de tono disruptiva, desconocen la base de cualquier interlocución de raíz.

Cierre sin pronóstico

Los medios propagan rápidamente que con esta mayoría calificada la AN podrá servir para potenciar tanto el cerco financiero internacional contra el país como los intentos para desmantelar instituciones pilares en lo social, político y económico del proyecto chavista. La agenda destituyente completa.

Los actores de la derecha venezolana, con esta decisión, vuelven a sus andanzas extralegales y extrapolíticas para atentar contra las alternativas políticas, obstruyendo las vías para desactivar la conflictividad. Al sentir que se agotaron las posibilidades a partir de las seudofórmulas que emplearon como fachadas, para el último semestre del año decidieron por la acción frontal. Y detrás de semejante decisión, están los poderes (nacionales e internacionales) que operan sobre cada uno de los partidos que componen la MUD.

La incertidumbre general que pareciera imprimírsele a la velocidad de su agenda pareciera responder no sólo al agotamiento del programa propuesto al inicio del año legislativo o la anemia demostrada en la calle el día de ayer, sino a la necesidad de crispar las condiciones que permita cualquier señal de mejora en materia económica. Mientras tanto, sigue siendo un dato de manual la creación de un gobierno paralelo dentro de la guerra no convencional.

Salvo las formas que hasta ahora emplearon para revestir de legítimos a su agenda golpista, nada nuevo. La MUD decidió empezar el segundo semestre de 2016 con un intento de golpe de Estado legislativo. El mismo golpe continuado, tanteando la posibilidad de ingresar a una fase insurreccional abierta.

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