Análisis sobre últimas acciones de la MUD en la AN

Análisis sobre el acuerdo de abandono del cargo aprobado por la Asamblea Nacional

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"Puede haber abandono de cargo incluso cuando uno ejerce ciertas facultades": otra frase para la historia adeca

El 9 de enero del año en curso, con la aprobación por mayoría de los diputados agrupados en torno a la Mesa de la Unidad Democrática, salvo algunas excepciones del partido Avanzada Progresista, fue aprobado el "Acuerdo Sobre el Abandono de las Funciones Constitucionales de la Presidencia de la República en que ha incurrido el Ciudadano Nicolás Maduro Moros".

Dicho documento de siete páginas, de las cuales seis son "considerandos", lo cual muestra el esfuerzo por explicar una acción que hasta sus defensores han tenido problemas para defender en el ámbito nacional e internacional, en virtud de que carece de la argumentación lógico-jurídica que pueda sustentar un documento de estas características.

Ahora bien, en los siguientes párrafos buscaremos profundizar en el mencionado acuerdo, para contribuir en torno al debate que existe alrededor del tema.

Este acuerdo inicia resaltando las competencias constitucionales que posee la Asamblea Nacional para el ejercicio de sus funciones de control sobre el poder ejecutivo y el resto de los poderes del Estado. Posteriormente declara que el Presidente de la República ha violado derechos humanos, derechos políticos, y que ha desmantelado la institucionalidad democrática necesaria para garantizar los mencionados derechos, y por último se le acusa de haber atentado contra la integridad de la República y su territorio.

Irrisorios argumentos son síntomas de la desesperación

Estas acusaciones, que evidencia una alta gravedad, según este acuerdo están sustentadas en testimonios de "representantes y voceros de sectores sociales" e "informes emanados de organizaciones especializadas". Ahora bien, es necesario conocer si estos representantes y voceros de sectores sociales representan a la totalidad del país, o por el contrario representan a un sector de la sociedad que está en sintonía con la actual directiva de la Asamblea Nacional. En este mismo orden de ideas, sería necesario conocer de dónde proviene la información recopilada por estas organizaciones especializadas que difieren en muchos casos de las cifras oficiales.

Estas preguntas que nos hemos hecho no buscan una defensa ciega del Presidente de la República, simplemente tienen por finalidad que la toma de una decisión tan importante para la vida de más de 30 millones de personas esté sustentada en datos e informaciones serias, validadas por la mayoría de la población. Aunado a lo anteriormente expuesto, tampoco fue presentado un lapso para que el Presidente de la República, principal acusado, pueda ejercer su legítimo derecho a la defensa, tal y como lo garantiza nuestro ordenamiento constitucional.

Por último, este acuerdo se sustenta en la virtud de que en el país existen problemas de seguridad ciudadana y económicos, y estos implican que el Presidente abandonó el cargo al no poder resolverlos. Este último argumento es el más irrisorio de todos, ya que si nos guiamos por esta manifestación, cualquier gobierno que presente problemas públicos y no los pueda solucionar en el corto plazo estará a la merced del abandono del cargo, razón por la cual todos los gobiernos del mundo se encuentran en esta situación, ya que en todos los países hay problemas públicos en mayor y menor medida, que no han podido resolverse a corto o mediano plazo.

Como conclusión a los puntos referidos, no podemos dejar de cuestionar la seriedad y la fundamentación jurídica de este acuerdo, y resulta claro que el mismo quedará para la historia como una acción desesperada y sin rumbo de grupos políticos que pretenden tomar el poder por vías distintas a las electorales.

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