La Constitución del '61 se bautizó con sangre

Fue espeso el camino recorrido para aprobar la Constitución de 1961, no por la burocracia inherente a su legislación, sino por la cantidad de sangre concurrida para su bautismo.

La Carta Magna, hecha a imagen y semejanza de la partidocracia made in New York, contemplaba, en esencia, la otrora democracia representativa, con rasgos muy vagos y pocos detalles sobre el funcionamiento del Estado venezolano. Rómulo Betancourt, sin vacilar, el 23 de enero de 1961 imprimió su rúbrica la aprobación de la carta legislativa nacional.

Pero el 28 de noviembre del año anterior, justo cuando el presidente Betancourt era aplaudido por su gabinete debido al anuncio de la "suspensión de las garantías por tiempo indeterminado y en todo el territorio nacional", era aprobado por el entonces Congreso la misma Constitución puntofijista.

El "clima cabal de paz y tranquilidad" que anhelaba explícitamente el Presidente Pipa traía consigo una nube de pólvora. Desde que Betancourt se sentó en la silla de Miraflores, con flores de Fedecámaras, la masacre se agudizó como política de Estado.

El "clima cabal de paz y tranquilidad" que anhelaba el Presidente Pipa trajo consigo una nube de pólvora

Entre el 24 y el 27 de ese mes, se habían desperdigado turbas en San Juan (sobre todo en El Guarataro), Catia, el 23 de Enero, Pinto Salinas, San Agustín y La Vega, que acumularon cuatro muertos y más de 64 heridos, informó el 28 de noviembre de 1960 El Nacional según el parte oficial (nada más). El detonante de estos sucesos fueron las represiones a unos mítines días atrás, que luego se trasladarían a los barrios en forma de protestas tanto de trabajadores de varios sectores industriales como de gente desempleada y estudiantes.

El mismo Rómulo Betancourt, cuya orden "disparar primero, averiguar después" sería un axioma de Estado, inauguraría la suspensión de las garantías el 4 de agosto de 1959, cuando una masa de trabajadores de diferentes áreas se congregaron en la plaza de La Concordia para protestar contra el régimen puntofijista. La entrega económica del país a Rockefeller y sus petroamigos (extranjeros y criollos) había empezado a sentirse fuerte en el bolsillo del pueblo pobre.

La reducción del 10% del salario y la autorización presidencial de una ola de despidos en el sector de la construcción hicieron congregar esta protesta en el centro de Caracas que, de un momento a otro, se convirtió en turba inesperada. Consecuencia: la activación del Estado policial de Betancourt que pasaría factura a todo el territorio nacional, y que recrudecería a medida que pasaran los años.

Nada más en la masacre de La Concordia hubo tres muertos, 70 heridos y una buena cantidad de pelabolas tras las rejas de la cárcel El Dorado, en el estado Bolívar.

El anuncio de la suspensión de las garantías constitucionales se repetiría unas tres veces más en menos de un año, con fuertes disturbios en los barrios de las principales ciudades del país, cuyo termómetro principal fue Caracas. Esta medida trajo consigo la impronta de la desaparición, la persecusión, el desplazamiento, al mismo tiempo que el "clima de paz" ansiado se consolidaba para el beneficio de la legislación adeca y el saqueo de la mina Venezuela.

No sería exagerado afirmar que la tinta de la Constitución puntofijista, aun sin haber sido homologada, entró al país con sangre.

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