Pasos firmes del Fiscal General en la lucha contra la corrupción (trabajo especial)

Tarek William Saab asumió el Ministerio Público (MP) en medio de una turbulencia inédita en esa institución y en un contexto político nacional sumamente álgido. Este conjunto de circunstancias excepcionales precedieron lo que es, hoy, uno de los capítulos más peculiares de la historia política venezolana y que concierne más allá de Saab, al directorio gubernamental: el pulseo por enderezar el Estado desde adentro.

Una vez que la oposición venezolana tomó electoralmente la Asamblea Nacional (AN) en 2015, con Luisa Ortega Díaz en el Ministerio Público, se emprendió un golpe institucional, cuyas señales de desmembramiento del Estado a lo interno se proyectaron como una trama necesaria para la violencia y el enfrentamiento que el antichavismo necesitó y ejecutó durante este año 2017. Tiempos convulsos en la política venezolana, signados por circunstancias inéditas.

El 5 de agosto de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en su primer día de funciones (por unanimidad de sus miembros) y por propuesta de Diosdado Cabello, destituyó a la entonces fiscal general. Ante dicho acto, Ortega Díaz se manifestó en desacato y diputados de la AN, miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), respaldaron a la ex funcionaria.

En esta coyuntura, y designado por la ANC, Tarek William Saab asumió las riendas del Ministerio Público (MP) con un contrapeso a cuestas: desde esa instancia, Ortega Díaz conspiró contra el Estado, y además hizo germinar desde ese ente del Poder Moral Republicano una compleja red de corrupción, extorsión, inoperancia deliberada, impunidad y patrocinio de la violencia por fines políticos.

Los casos asumidos por la actual gestión en la Fiscalía General de la República (FGR) son diversos y tienen sumas derivaciones, no obstante todos los casos tienen el común denominador de tratarse de vilipendias contra la vida nacional y el desfalco patrimonial. Se trata de ataques sólidos contra la economía, la paz pública y la estabilidad del Gobierno.

-La impunidad patrocinada y la violencia de 2017. En el contexto violento de 2017, cuando desde el antichavismo nacional e internacional se intentó empujar al país a una confrontación civil, se producía la violencia paramilitarizada y articulada contra la sociedad y el Estado, ejecutada por operadores violentos en un plan bélico. Tarek William Saab aseguró que la anterior representante del MP "actuó con impunidad para favorecer los casos de crímenes de odio".

"El Ministerio Público actuó como autista y más bien la vocería fue cómplice de la violencia, quedará registrado en la historia la actuación impune, premeditada del Ministerio Público para sumir este país en una situación de guerra", detalló. Este conjunto de salvedades y primeras acciones de Saab en el MP partían del elemento clave: para conjugar un escenario bélico en Venezuela, era necesario que las instituciones nacionales cayeran y se fragmentaran. Luisa Ortega intentó inhabilitar al Estado y la sociedad toda de sus líneas de defensa legal en tiempos en que la amenaza y la violencia eran sumamente consistentes.

-Corrupción e impunidad en desfalco de divisas. Durante el balance de su primer mes de gestión ante la ANC en la sede del Palacio Federal Legislativo, Tarek William Saab se refirió al caso de Cadivi-Cencoex y apuntó que el 80% de las empresas que cayeron en irregularidades por mal uso de divisas fueron sobreseídas y sólo el 20% recibió las sanciones correspondientes.

Aseveró que estas compañías, principalmente las de alimentos, especulaban con 82.000% en importaciones de Cencoex. "Para mí, parte del drama que vive nuestro país se origina en este tema Cadivi-Cencoex", expresó el titular del MP. Resaltó que se deben congelar cuentas, repatriar dinero y detener a los involucrados en este caso. "La ex fiscal general de la República lo tenía escondido y engavetado, es la principal responsable".

Asimismo, el miércoles 27 de septiembre en rueda de prensa el FGR informó que 900 empresas se beneficiaron al sobrevalorar productos químicos obtenidos mediante la adjudicación de divisas por medio de Cadivi-Cencoex, de las cuales 19 se están siendo investigadas por el MP. Dio detalles de tres casos en particular.

  • "Hemos realizado cuatro allanamientos a la Corporación Bates Hill C.A., que se encarga de servicios funerarios. Registró una filial en Panamá por medio de la cual desviaba las divisas. De esta empresa luego se crearon 25 empresas más y se desviaron 17.2 millones de dólares", dijo Saab. Los hermanos Juan Miguel y Andrés Lozano Espinoza fueron detenidos por estos hechos. "Se les dictó privativa de libertad porque presuntamente ellos están incursos en los delitos de obtención ilícita de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir".
    Agregó que recibieron más de 15 millones de dólares ya que "se aprovecharon de la simplificación de trámites. Yo soy de la idea de que esto no se pudo haber hecho sin complicidad". Se calculan los sobreprecios de hasta 130.000%.
  • Magma Mineral Glob, cuyo propietario tiene por nombre Walter Jaramillo, recibió casi 9 millones de dólares. Prófugo de la justicia, Jaramillo se encuentra solicitado por Interpol.
  • Sin domicilio fiscal, la Cooperativa Fortezza Da Brazzo RL, cuyos accionistas son Elisaúl Tejada, Isaberio Porta, José Rosario y Laura Muñoz, recibió 28 millones de dólares entre el año 2005 y 2013. Los mencionados también se incluyeron en las listas de Interpol.

El fin de la pesquisa según Saab: repatriar los capitales adjudicados a entes privados por el Estado

Lo expuesto tiene una importante derivación política. La susceptibilidad de la economía venezolana con respecto a las divisas marca el contexto económico interno. Los desfalcos en esta materia altamente sensible vienen aderezados con un gran componente de conspiración política. Se revela de esta manera un conjunto de relaciones acopladas de corrupción, que involucra desde funcionarios públicos hasta empresas, todos ahora bajo investigación. La sensibilidad del tema demandó la incorporación de la Defensoría del Pueblo en esos procesos de investigación que habían sido engavetados por la anterior gestión del MP.

Este caso trata de una situación inédita en la vida política nacional. La reapertura de los casos sobre los desfalcos de divisas señalados constantemente es un tema que, aunque parezca administrativo y asociado a lo económico, en realidad es un punto de honor político. En el desfalco de divisas reside el punto de más alta, perniciosa y tradicional corrupción en la rentista economía venezolana. El directorio del chavismo lo ha entendido así, y la reapertura de estas investigaciones lo que ha denotado es una indiscutible voluntad política para encontrar a los responsables de los estragos de la guerra económica, en los más altos niveles.

El FGR ha sido tajante con respecto al fin que tienen las investigaciones de estos casos: repatriar los capitales adjudicados a entes privados por el Estado.

-Red de extorsión y el "bufete privado" de Luisa Ortega. El Fiscal General emprendió también el desmontaje de lo que calificó como un despacho convertido en "una compañía privada" que servía para una red de extorsión. Señaló la existencia de un tejido institucional corrupto operado por fiscales que pedían dinero a cambio de no formular delitos contra los implicados en investigaciones que inició la Fiscalía y que fueron archivadas sin ninguna razón aparente.

Este caso evolucionó hasta dar con las implicaciones de Germán Ferrer, esposo de la ex fiscal, junto con el allanamiento de la vivienda de ambos, bajo el señalamiento de la existencia de más de 6 millones de dólares en cuentas abiertas en paraísos fiscales por un grupo de fiscales del MP cooptados para estos actos por el mismo Ferrer y Gioconda González, quien fue ayudante de la ex fiscal y directora del despacho de esa institución durante muchos años.

La investigación contra esta red de extorsión estructurada en el MP al más alto nivel apuntó al abogado José Rafael Parra Saluzzo, dueño del bufete Parra Saluzzo, quien fue detenido a mediados de septiembre, imputándosele los cargos de extorsión, asociación para delinquir y tráfico de influencias.

De acuerdo con Saab, la organización dedicada a la extorsión "comenzó a ser un cartel, una mafia del más alto calibre, semejante a la delincuencia organizada". "No puede ser posible que nosotros hayamos encontrado desde funcionarios de un rango menor, hasta la más alta jerarquía de la anterior administración, vinculados al delito de corrupción, donde traficaban con la libertad del ser humano", condenó el Fiscal General.

Entre los delitos "más visibles de esa mafia" se encuentran "el tráfico de influencias, el cobro de comisiones, la corrupción", aseguró. "Para eso (la ex fiscal) tenía un bufete a su servicio, y hay pruebas… Un ciudadano de nombre Parra Saluzzo… Es el mismo bufete que aparece contratado para los casos más escandalosos de los últimos tiempos, vinculados a los casos de corrupción", apuntó Saab.

La apertura de esta investigación y los hallazgos puestos a la vista pública fueron el detonante de la huida de Venezuela de Luisa Ortega y Germán Ferrer. La ex funcionaria ha asumido desde ese entonces una vocería claramente propagandística contra el chavismo, alineándose con factores institucionales en el extranjero que han participado en operaciones de cerco y asfixia política contra Venezuela.

-Red de corrupción en Pdvsa. Tarek William Saab ha sido partícipe del que probablemente será el "destape de la olla" de corrupción en la industria petrolera venezolana más grande en la historia reciente. Se trata de un desfalco que se asocia al proyecto bandera del Estado, la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO). El Fiscal General ha emprendido investigaciones y señalamientos contra Luisa Ortega Díaz, por complicidad en un presunto desfalco a la nación de al menos 200 millones de dólares en contrataciones de la estatal petrolera Pdvsa "realizadas por la directiva de la Faja Petrolífera del Orinoco".

"Yo responsabilizo y acuso de manera directa a la ex titular del Ministerio Público (MP) de esa negligencia permisiva, y voy al grano para decirlo, en el presunto desfalco de la nación en contrataciones de Pdvsa realizadas por la directiva de la Faja Petrolífera del Orinoco en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2016", dijo Saab en rueda de prensa a finales de agosto de este año. Detalló que el desfalco fue realizado presuntamente "por la directiva de la Faja Petrolífera del Orinoco, en concreto la gerencia que estuvo en el periodo de tiempo recalcado.

Con la investigación sobre la Faja se congeló el "golpe petrolero" en cámara lenta

El FGR indicó en ese momento que la estatal Pdvsa ha colaborado para revelar este caso y señaló que han "descubierto la contratación de servicios y suministros con importantes tasas de sobreprecio", por lo que se ha empezado una "investigación parcial". "Hemos abarcado una muestra de 12 contratos a 10 empresas", entre las que señaló a Cuferca, Cooperativa Servicio de Oriente, Servicios Construcciones Romara y Metroemergencias. En las contrataciones habría un sobreprecio que calculan de un 230%, según dijo.

Asimismo, señaló que pidió a la Contraloría y a Pdvsa que designen auditores para que evalúen los procesos de contratación e indicó que los dueños de las empresas serán citados para que aclaren cifras. Los delitos que se le pudieran imputar a los implicados en este caso son evasión de procesos licitatorios, peculado doloso, asociación para delinquir.

Este caso ha evolucionado revelando una trama muy sólida de desfalco a los activos nacionales, que se ha traducido también sobre afectaciones directas y generadas deliberadamente contra los procesos operacionales a futuro en el proyecto estratégico de la FPO, cuestión que ha sido señalada como la desactivación de facto de un "golpe petrolero" en marcha contra las finanzas del país y contra las asociaciones internacionales de Pdvsa que se realizan con empresas aliadas y amigas mediante la modalidad de empresas mixtas.

Ejemplo de esto es la aprehensión, el 19 de septiembre, de Carlos Esteban Urbano Fermín, socio del grupo Cuferca, propietario de la Constructora Cuferca. Como ha señalado el sitio web de investigación La Tabla, la compañía Cuferca es propiedad de un grupo empresarial liderado por el empresario Carlos Urbano Fermín. Se trata de un conglomerado formado originalmente por la constructora, una compañía de transporte y una distribuidora de maderas. En el exterior Urbano Fermín aparece como directivo de tres compañías inscritas en Miami en 2012, incluyendo una constructora y la firma Gran Coque, que lo liga con negocios relacionados con el manejo de este subproducto del proceso del petróleo pesado. También es dignatario de seis firmas creadas en Panamá en 2014, y de una en República Dominicana en 2016.

El grupo Cuferca es socio de la empresa mixta Servicios Logísticos Petroleros Orinoco con Pdvsa como socio principal, constituida en octubre de 2014. Cuferca fue investigada por irregularidades en la adquisición de monoboyas no instaladas para la industria petrolera, en los que hallaron contratos adjudicados por Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas, empresas mixtas de la FPO.

El abogado José Rafael Parra Saluzzo fue contratado por Cuferca para que asesorara a la empresa en la defensa penal por el proceso iniciado con la investigación de las monoboyas. La Sudeban detectó transacciones que fueron consideradas como irregulares entre Cuferca y Parra Saluzzo, por lo que emitió un reporte de actividad sospechosa con la información en julio pasado. Esto movilizó a las autoridades policiales, quienes actuaron contra el jurista.

De hecho, en entrevista con Vladimir Villegas el FGR afirmó que el bufete de Parra Saluzzo también representaba a Odebretch en Venezuela, con relación a las denuncias de corrupción que han venido haciendo distintas fiscalías en la región. Sobre el caso que involucra a la constructora brasileña, Saab dijo que Odebretch entregará testimonios al MP de personas vinculadas al entramado delictivo, todo esto bajo el margen de reuniones de trabajo que vienen haciendo la renovada institución penal pública y la compañía brasileña en Venezuela.

Parra Saluzzo, cabe recordar, es el mismo operador privado en la red de extorsión encontrada en el MP, y mantenía estrechas y frecuentes relaciones con funcionarios de confianza de la Fiscalía General a cargo de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz. Además, representó jurídicamente a Leopoldo López en varias oportunidades según fuentes confirmadas por La Tabla.

El estremecimiento producto de las acciones del MP ha apuntado a lo más alto de las planas gerenciales de Pdvsa en la FPO, escalando la situación al llamamiento a un "plan limpieza" en la estatal petrolera, ordenado por el presidente Nicolás Maduro en los últimos días. Esto se ve reflejado en los anuncios de Saab sobre los hallazgos a raíz de las investigaciones, que se hacen "o porque tenemos detenidos o porque existen hechos con precalificación de imputación", como dijo en la mencionada entrevista con Vladimir Villegas el pasado 25 de septiembre.

Una conclusión primaria sobre el nuevo papel del MP

Apresurando el paso con respecto a lo que es de dominio público, no es desacertado en lo más mínimo afirmar que la FGR con Tarek William Saab al frente ha hecho lo que en la calle no pocos han clamado en cuanto a corrupción se refiere: poner en foco los grandes entramados que perjudican los intereses nacionales, adelantar las investigaciones convenientes y concretar acciones contundentes.

El MP resguarda al país de la transnacionalización de la justicia con fines golpistas

Los factores y actores que han propiciado un alto grado de impunidad en torno a muchas de las dolencias que resiente la sociedad venezolana han estado a la luz pública sin ser identificados hasta las últimas semanas, tiempo en que una nueva dirección del MP ha mostrado hechos de corrupción con sus consecuencias reflejadas en hechos punitivos.

El MP, según la Constitución nacional, no sólo es recipiente del orden jurídico básico junto con el Tribunal Supremo de Justicia, también ratifica al Estado como entidad orgánica sobre la disposición de los recursos con el fin de ejercer autoridad sobre el esquema general de la nación. La promoción desde la FGR durante la gestión anterior sobre hechos de corrupción que apuntan a nodos principales como la industria petrolera y la importación de bienes a través de divisas devenidas del Estado son claras acciones que tienen como consecuencia un resquebrajamiento gubernamental desde su seno con premeditación y alevosía.

Tarek William Saab, como nuevo ejecutor en jefe del MP, ha dado pasos al respecto. No ha habido precedentes en la historia republicana de Venezuela que pudieran equipararse a lo mostrado sobre la lucha contra la corrupción que, como ha recalcado el mismo FGR, el presidente Nicolás Maduro ha apoyado para que llegue hasta sus últimas consecuencias. "Caiga quien caiga" ha sido una premisa que ha acompañado la nueva gestión del MP, como lo demuestran las pruebas que se han mostrado en ruedas de prensa y notas de investigación citadas en este trabajo especial. La prófuga Luisa Ortega Díaz hasta los momentos no ha declarado con seriedad al respecto de lo que se le acusa, en concreto la red de extorsión ahora conocida por la sociedad.

Tema sensible a todos los venezolanos es el desfalco patrimonial contra la industria petrolera, corazón de la economía y las finanzas del país, ya que registra una cantidad de personajes que con los hechos demostraron estar en contra de los intereses de la nación. ¿Habría que recordar que el 96% de las divisas que Venezuela provienen de Pdvsa? Que haya habido una flagrancia grave en los grandes proyectos petroleros locales, como el caso de la empresa mixta Petrozamora, es un ejemplo del sabotaje y la conflagración de distintos actores para apropiarse de lo público, ya de por sí un acto de guerra (ahora documentado públicamente) por las consecuencias que acarrean.

Pdvsa es una de las empresas más importantes del mundo, la primera en la región y la quinta a nivel mundial, por administrar en favor del Estado y la población de Venezuela las mayores reservas probadas de petróleo en el subsuelo global. Este tema llega incluso a asuntos geopolíticos, ya que en la FPO trabajan diversas empresas de distintos países involucrados en el desarrollo de la industria energética local, por lo que el trabajo del nuevo MP sobre los ilícitos en la Faja adjudican un rostro de confianza ante las entidades que a nivel global están interesadas en invertir y participar debidamente, según la regulación constitucional, en el emprendimiento petrolífero y gasífero concernientes a la principal empresa estatal venezolana.

En tiempos en que el petróleo venezolano se tasa en yuanes como alternativa al chantaje del dólar estadounidense, se entiende la importancia de poner en orden los recursos que se tienen a la mano en Venezuela, más los que están por desarrollarse mediante convenios con jugadores de peso en el mapa geopolítico como China, Rusia e Irán.

Asimismo, la trama de corrupción que se viene advirtiendo en torno a Cadivi-Cencoex desde hace tiempo, ahora está siendo develada finalmente con nombres y apellidos, imputaciones e investigaciones en curso, con el objetivo de repatriar los capitales que fueron adjudicados tanto a importadoras de alimentos, medicinas y otros rubros importantes que han trabajado desde hace tiempo con el Estado como a empresas "fantasmas", también llamadas "de maletín", cuyos dineros se encuentran el exterior (como paraísos fiscales), como ha descrito el mismo Saab.

El caso Odebretch, por otro lado, ha sido un tema nodal en cuanto a que es una iniciativa proveniente del Departamento de Justicia estadounidense, con juridiscción matriz en ese país, de la cual se han plegado el resto de países alineados a la política exterior de Estados Unidos en la región latinocaribeña, con una intención destituyente y clara judicialización de la política, dolarizada mediante la Usaid, en detrimento de una política judicial acorde a los designios nacionales de los países involucrados a esa trama. La iniciativa de lucha contra la corrupción por parte del nuevo MP, con Tarek William Saab de líder, tiene otro móvil diferente al del juez brasileño Sergio Moro: resguardar al país de la transnacionalización de la justicia con fines golpistas.

Las acciones del reformado MP dan a entender a la sociedad venezolana toda que, bajo esta nueva dirección, no sólo se llegarán hasta las últimas consecuencias con respecto a todos estos casos que competen a la seguridad nacional de Venezuela, sino que con ellas también deviene un orden jurídico a lo interno del Estado-nación venezolano. Ese que es objetivo primario para la destrucción de parte del Pentágono y la élite neoliberal que gobiernan los Estados Unidos de Norteamérica.

Por ello la labor del nuevo Fiscal General de la República es una importante a estas alturas de la injerencia estadounidense, ya que el orden patrimonial es tan necesario a los intereses nacionales como la gestión propia de los recursos venezolanos.

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