Asamblea Constituyente: entre la guerra y la paz

Una de las principales afirmaciones y necesidades sobre la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente (ANC) yace en el enunciado de llamar desde ella a una necesaria paz política y social, entendiendo que muchas instancias y oportunidades de diálogo, convocado desde el chavismo, se han agotado por la negación del antichavismo en asumir un rol coherente con la cualidad política que dicen tener.

La afirmación de una Constituyente para la paz supone dos premisas: en primer lugar, abrir el proceso constituyente como un mecanismo para encarrilar en la política a los factores (antipolíticos y abiertamente violentos) antichavistas.

En segundo lugar, reordenar el Estado y fortalecer el entramado institucional una vez este comenzara a ser asediado desde instancias intestinas, como ha sido así desde que por vía electoral el parlamento fuera tomado por el antichavismo y se iniciara una arremetida consistente contra los demás poderes y el Estado como un todo, generando, en consecuencia, una crisis política que ha escalado a variantes violentas en las calles de Venezuela.

Las aristas para la paz

A estas alturas, la derecha venezolana ha sido más que clara y coherente en su planteamiento antipolítico. No sólo se han negado a la política dialogante, sino que además han evadido (hasta la fecha) su participación en la convocatoria a la ANC, dejando por sentado que no están dispuestos a someterse a mediciones electorales que podrían significar la alternativa al enfrentamiento civil generalizado al cual (de manera evidente) desean empujarnos.

La llamada oposición venezolana incluso ha fijado postura (un tanto ambigua e incompleta, pero postura al fin) sobre la convocatoria a elecciones regionales en diciembre. No van a participar, es lo que dicen (algunos) de sus voceros hasta ahora.

Desde el actual momento, es evidentemente ingenuo asumir que la Constituyente resulte en un instrumento efectivo para encarrilar en la política a quienes decididamente se quieren mantener fuera de ella, lo cual implica que la conformación de una ANC casi absolutamente chavista, pero legal y consolidada, puede atizar conflictos internos por servir de pretexto para la arremetida violenta antichavista.

De hecho, sabemos que el proceso electoral constituyente se verá seriamente amenazado. Pero, paradójicamente, la ANC serviría para aislar en la postura violenta a quienes por decisión propia se autoexcluyen de los espacios de elección, representación y participación política. Ese será el alcance de la ANC en ese ítem.

Pero las amenazas a la paz nacional van mucho más allá de la continuidad de manadas de desaforados violentos en las calles y políticos pendencieros que no quieren ir a elecciones.

Desde lo profundo del Estado venezolano hay una arremetida que amenaza mellar y/o fragmentar la institucionalidad venezolana, socavándola desde adentro y comprometiendo con ello el ordenamiento político nacional, el estamento público, la solidez de las instancias de gobierno y, en consecuencia, la estabilidad y paz política que es ansiada en los destinos de las grandes mayorías nacionales.

Es inevitable en este sentido no hacer una alusión directa al caso de la Fiscalía General de la República y el rol de su representante, quienes en circunstancias claves de asedio al Estado han asumido una postura favorable a los impasses políticos y a un cada vez más evidente compromiso con los actores de la agenda de golpe continuado contra la República.

Ese es el factor de emergencia, el factor modulador de la paz con el advenimiento de la Constituyente. Si bien la Constituyente de 1999 se convocó para refundar el Estado, la de 2017 se convoca para protegerlo, blindarlo y revitalizarlo, frente las amenazas teledirigidas que son evidentes.

La continuidad del resquebrajamiento (desde adentro) de las altas instancias públicas, en términos estrictamente politológicos, significaría una fatalidad. Se traduce en la consolidación de un "Estado fallido" necesario y totalmente congruente para las aspiraciones de los promotores de la intervención, el asedio y el desplazamiento del chavismo.

La ANC plantea blindar el Estado ante el asedio que pretende desmantelarlo

Pero, en términos sociológicos. las consecuencias podrían ser mucho peores: una sociedad que vea amenazado y fracturado su pacto social, su estamento público, sus máximas normas y máximas instituciones, es una sociedad que deviene en la disfuncionalidad y en la proliferación de la "anomia" generalizada.

La anomia, desde la sociología, consiste en el proceso en el que los sujetos (tanto individuos como colectivos) desconocen los pactos sociales y se comprometen a transgredirlos y romperlos. En esos pactos yacen la convivencia, la solidaridad y el respeto al derecho ajeno. Son inherentes a la paz pública.

Sin ellos, ocurre la imposición del pandemónium como forma de deliberación política, campea la violencia, la sociedad se debilita, se fragmenta, y las formas convencionales de poder se vuelven objeto de asalto: el escenario perfecto de los factores y actores del golpe, que hoy están aupando una guerra fratricida en Venezuela.

La ANC, con su carácter plenipotenciario, tendría que convocar lo señalado en el artículo 349 de la Constitución Bolivariana para asumirse como poder supremo, para subordinar según sus designios a poderes e instituciones que estén fuera de los carriles democráticos o que contravengan la estabilidad política y funcionamiento del Estado.

Debe consolidarse como instancia de hecho y derecho, que asuma y resuelva la emergencia política y que se podría traducir en un reacomodo de las vigentes instancias del poder público para que el Estado recupere la gobernanza desde sí mismo, y contenga, al menos, desde sus propios curules el ciclo de desestabilización.

Paradójicamente la Asamblea Nacional no es un objetivo prioritario: lo es más al día de hoy el Ministerio Público.

¿Habrá paz en Venezuela?

En los actuales momentos, cualquier respuesta a esta pregunta bien puede ser o temeraria u optimista, según sea el cristal con que se mire. Aunque sea cierto que las grandes mayorías nacionales aspiramos a la paz, en un cuadro de desestabilización inducido por factores del antichavismo desde Venezuela y el extranjero, tal cosa es irrelevante.

Si tiene dudas sobre eso, consulte la historia reciente de Irak, un país donde el 90% de su población rechazaba cualquier forma de intervención yanqui y aún así ésta se produjo, supuestamente en nombre de las "ansias de libertad" del pueblo iraquí.

En el desescalamiento de la violencia como hecho en las calles venezolanas, la Constituyente tiene que ver, en el sentido pragmático, con la recuperación del Ministerio Público y detener la proliferación de la impunidad que se está desatando con la venia de esa instancia.

Pero debemos suponer que tal proceso no será fácil. No ha de extrañarnos un atrincheramiento de la gendarmería perteneciente a esa instancia, en franco desconocimiento a las decisiones que pueden devenir de la ANC como instancia plenipotenciaria, lo que supone un nuevo punto alto de choque entre las instancias públicas.

Sólo hay en el corto plazo dos destinos posibles en Venezuela: o la consolidación de la paz -como hasta hace dos meses la conocíamos- o el escalamiento a niveles superiores de la guerra que ya existe, que vemos de manera dosificada y que tiene lugar en nudos críticos de las calles venezolanas.

Si el día de mañana (ojalá nunca) vemos sujetos armados con rifles de asalto en varios puntos en simultáneo del territorio venezolano, asumamos que la agenda mercenarizada de Siria, Libia o Ucrania, ha sido emprendida en Venezuela con claridad por parte de los factores del golpe.

Si ese escenario no ocurre, eso implica que ha tenido lugar un proceso articulado de contención por parte del Estado venezolano que ha desmantelado un plan insurreccional paramilitarizado, lo que, en consecuencia, supone el desescalamiento progresivo de la violencia actual, su desgaste, su aislamiento y su derrota.

Las circunstancias actuales demandan un esfuerzo supremo por parte de las instancias del poder nacional que aún se encuentran en el marco de la regularidad política para actuar con la consistencia a niveles con los que nunca se ha actuado, para la instauración de una paz efectiva y total, manteniendo abiertos los caminos dialogantes y electorales que ya se han abierto.

Una tarea nada fácil.

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