Plan Nacional de Vacunas: respuesta contra la usura del sector privado

Un ejemplo claro de la mercantilización de la salud en Venezuela es el cobro en dólares de las vacunas, ante lo cual el Gobierno venezolano ha emprendido un plan de vacunación que busca solventar los efectos del bloqueo que la Administración Trump y dirigentes opositores encabezan contra la población.

El pasado 6 de abril el presidente Nicolás Maduro anunció un plan de vacunación gratuito con apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la delegación médica cubana y otros aliados, el cual llegará a 9 millones de personas. "Desde hoy (viernes) 6 de abril hasta el 13 de mayo arranca en Venezuela el proceso de vacunación general totalmente gratuito con más de 11 millones de dosis, nuestra meta es vacunar a 9 millones de personas", dijo al reinaugurar el área de pediatría de un hospital en el estado Vargas.

Dicho proceso de inmunización masiva se realizará en 5 mil 468 espacios y abarcará 14 enfermedades, entre ellas difteria, tuberculosis, malaria, hepatitis B, poliomielitis, sarampión y tétanos, esto acompañado de un plan para controlar brotes de diversas enfermedades. Agregó que las dosis estarán distribuidas según las edades y la función de cada una de las vacunas.

Ante el asedio liderado por la Administración Trump y promovido por el antichavismo venezolano, se ha agudizado la escasez de vacunas en Venezuela, en particular desde 2017 en el sistema de salud pública, a la vez que en clínicas privadas los costos de las vacunas rondan por los 200 dólares.

Comparaciones incómodas con otros modelos

El esquema de vacunación venezolano ha llegado a ser definitivamente gratis, sólo en el plan implementado hace pocos días se logrará prevenir hasta 14 tipos distintos de enfermedades sin que esto signifique un peso significativo para el presupuesto familiar. Un modelo que, al ser comparado con otros de la región en el mismo renglón, muestra su carácter no mercantil.

El modelo sanitario colombiano, por ejemplo, fue privatizado en 1993 durante el gobierno de César Gaviria; es considerado corrupto e ineficiente debido a la creación de empresas promotoras de salud (EPS) fantasmas que han desfalcado al Estado hasta por 7 mil millones de dólares al año en recobros. La intermediación privada, además de los aplastantes monopolios de las farmacéuticas, convirtieron a ese sistema en un derecho inalcanzable para los más pobres.

Una de esas corporaciones ha publicado el costo de su esquema de vacunación y el monto supera los 400 dólares, proporcionando 18 dosis gratuitas de las 27 que ofrecen a niños de hasta cinco años de edad. Otro ejemplo: una empresa privada en México cobra un promedio de 470 dólares por las mismas vacunas que cobra la EPS colombiana, mientras que por una gratuita como la BCG (de obligatoria administración al nacer un bebé) cobra 65 dólares.

Ante la escasez inducida de insumos y medicamentos, los pacientes venezolanos que asisten a clínicas privadas reciben con sorpresa la información de que las vacunas les son cobradas en dólares. Esta práctica es ilegal y sorprende aún más cuando la imposición del precio de una sola dosis puede oscilar entre 80 y 200 dólares. Este precio está por encima de los parámetros internacionales de las vacunas, donde el costo oscila entre los 10 y los 20 dólares según el tipo.

Cabe destacar que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) tiene publicada una retrospectiva de los precios de las vacunas en la que los costos de una contra la fiebre amarilla son muy distintos a los casos que hemos destacado. Esta vacuna es gratis en el esquema aplicado por el Gobierno venezolano a los infantes, y también en el resto del Sistema Público Nacional de Salud, una realidad distinta a los casos de México, Colombia y el sistema privado de salud venezolano.

Mercantilización de la salud, "crisis humanitaria" y la respuesta del Estado

En medio del asedio que vive Venezuela y la continua solicitud y aplicación de un bloqueo financiero, se evidencia que los intereses de grupos económicos que hacen vida en el sector sanitario permanecen intactos. Es así como la salud, que ya ha sido continuamente mercantilizada en el ámbito global y nacional, se ha convertido en medio para atizar la crisis política y económica, pero también para la maximización de las ganancias del sector privado.

Convertir la vida en mercancía, esa máxima del capitalismo global, también se aplica a la guerra económica que padece Venezuela. Clara expresión de ello son los atentados contra los centros y medios de distribución tanto de alimentos como de medicamentos en las pasadas guarimbas, también lo es el acaparamiento y especulación con insumos médicos.

La creación de condiciones de escasez ha inducido el alza de precios, y en consecuencia una economía paralela de insumos, vacunas y medicamentos vitales que se nutre de los problemas hospitalarios generados por el bloqueo financiero.

Muchos mitos se derrumban con el caso de las vacunas en Venezuela, uno de ellos es aquel que culpa al Estado de obstruir la iniciativa privada, cuando realmente garantiza la gratuidad de medicamentos importantes para la salud preventiva.

Otro mito es el que pretende garantizar la salud colectiva desfinanciando al Estado y estimulando la "iniciativa privada". En este caso la iniciativa la tiene el Estado frente a un sector privado que no invierte sino que basa sus métodos de financiamiento en la captación de la renta petrolera y la especulación comercial, incluso por encima de los estándares internacionales como el tema de las vacunas.

Un plan que concibe la salud como un derecho y la prevención como prioridad ha permitido enfrentar las dificultades impuestas por quienes intentan utilizarla como mecanismo de presión política (bajo la narrativa de la "crisis humanitaria") y de exacerbación de ganancias.

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