Obstáculos y objetivos del examen preliminar sobre Venezuela en La Haya

La Corte Penal Internacional (CPI) ha abierto un examen preliminar contra el Gobierno de Venezuela, el cual consiste en una investigación para determinar si existen elementos que permitan la apertura de una investigación sobre "presuntos crímenes de Estado y lesa humanidad" cometidos supuestamente por el Ejecutivo venezolano, durante la contención de la arremetida violenta antichavista del año 2017.

Como sabemos, el contexto de la escalada violenta de abril a julio de 2017 consistió en una presentación, mediante la fachada de "protestas pacíficas", de acciones abierta y descarnadamente beligerantes contra la sociedad venezolana, las instituciones del Estado, la propiedad pública y privada y contra la vida de las personas, las cuales dejaron un lamentable saldo de más de 100 pérdidas humanas y más de 4 mil heridos y lesionados.

La presentación de la CPI a cargo de la fiscal Fatou Bensouda señaló que presuntamente "las fuerzas de seguridad del Estado usaron fuerza excesiva para reprimir manifestaciones y encarcelamiento a integrantes de la oposición". Insistió en que se iniciará un proceso para determinar si existen fundamentos para investigar al Estado venezolano.

Actores involucrados y la creación de un expediente contra Venezuela

Bensouda señaló que la decisión se tomó tras la "revisión independiente e imparcial de numerosos informes", sin aclarar de cuáles informes se trataban. Podemos inferir, y en este ítem aparece un actor notable, que uno de los referentes que aplica la CPI es precisamente el expediente que la Organización de Estados Americanos (OEA) viene fraguando desde la Secretaría General de Luis Almagro, y que constituye una posición claramente adversa a la postura del Gobierno venezolano en la contención de los hechos violentos de 2017.

La OEA y su Secretario General han sido más que diligentes en posicionar internacionalmente la matriz de crímenes de Estado en Venezuela, al mismo tiempo que fueron un factor que legitimó y aupó consistentemente el desarrollo de la escalada violenta de 2017. Luis Almagro, vale decirlo, fue uno de los primeros en celebrar el anuncio de la CPI.

Uno de los elementos más sobresalientes de las entregas del "Informe Almagro" sobre la violencia en Venezuela es el desconocimiento total de los elementos hallados en el terreno por las instancias policiales y judiciales venezolanas, la identificación de factores producentes y desencadenantes de la violencia y los ámbitos en los que se desarrolló, donde factores de la violencia paramilitarizada (en etapa germinal) uitilizaron barricadas, trancas y alcabalas que fueron claves en el saldo de muertos y heridos entre población civil y efectivos de seguridad.

Por su parte, Tamara Suju, proclamada "defensora de los derechos humanos" en Venezuela, quien siempre tuvo una posición favorable al impacto de las "guarimbas" en los derechos fundamentales de la población civil, celebró el anuncio aduciendo su consistente presentación de demandas contra el Estado venezolano desde antes de 2017.

En este periplo también se ha pronunciado la ex fiscal venezolana y prófuga de la justicia Luisa Ortega Díaz, quien en su momento fue pieza clave del intento de desmontaje de las instituciones venezolanas, concretamente del Ministerio Público, en circunstancias de claro asedio a la institucionalidad y la sociedad venezolana. Ortega intento capitalizar políticamente el examen preliminar, recordando que ella denunció al Estado venezolano ante la CPI consignando 1 mil 690 documentos el pasado 16 de noviembre.

Suju respondió a Ortega que la investigación preliminar de la CPI consta de una investigación a los supuestos "crímenes cometidos durante toda la gestión de Maduro", señalando a Ortega como parte de la línea de mando y amenazándola de "complicidad, acción e inacción" para la consumación de estos "crímenes". 

Tras bastidores, en la construcción de este expediente que, sin dudas, crea condiciones que legitiman acciones más severas e injerencistas contra Venezuela, vale la pena mencionar a María Corina Machado, Diego Arria y Antonio Ledezma, como patrocinantes y partícipes de denuncias manipuladas contra el Estado venezolano. Se han apersonado, al igual que Lilian Tintori, en diversas oportunidades a la sede de La Haya, acompañados de una desproporcionada atención mediática y generando opinión en medios y estrados de la política internacional, en una narrativa de criminalización del Estado venezolano y negación del impacto de la violencia y de las víctimas de ésta en los años recientes, concretamente, 2014 y 2017, cuando estos actos llegaron a su cenit.

Por otro lado, una de las vocerías más activas que han desembocado en este preámbulo de investigación viene desde la Casa Blanca: Nikki Haley, embajadora de EEUU ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha sido una consistente lobbista y promotora del asedio contra el Gobierno de Venezuela.

Otro referente para nada insignificante deviene del informe "Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017", redactado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, siendo representado este despacho por Zeid Ra'ad Al Hussein, vinculado a Haley y a Diego Arria, y que en su momento prestó su puesto dentro de la ONU para exigir la liberación de Leopoldo López. 

Este informe, también enmarcado en la tendencia de desconocer la posición del Estado venezolano en los eventos de 2017, tiene como pocos un claro sesgo que redujo los eventos violentos a la acción casi exclusiva del Estado venezolano, los llamados "colectivos" chavistas y elementos de la institucionalidad venezolana, haciendo completa omisión a los reportes de innumerables víctimas que denunciaron las acciones de las células violentas opositoras en el terreno.

Posibilidades del caso y alcances

Hasta ahora la CPI no ha dado cuenta de la revisión de algún tipo de informe que dé cuenta de la contraparte, es decir, de la posición del Estado venezolano. En esencia, la apertura de este proceso preliminar se enmarca dentro de un plan claramente político y que acentúa una trama de asedio y criminalización del Estado venezolano y sus figuras representantes, específicamente, el presidente Nicolás Maduro, sobre cuyo gobierno pesan sanciones económicas a cargo de la Casa Blanca. Dentro de esa narrativa de supuesta violación de derechos humanos, varios altos funcionarios venezolanos han sido sancionados y sin derecho a la defensa mediante acciones coercitivas de la Administración Trump y la Unión Europea (UE).

De esta manera los articuladores de estos cercos políticos y económicos contra Venezuela parecen haber asumido una posición claramente más desbocada y desenfrenada en la creación de circunstancias "favorables" para una intervención en Venezuela.

Pero en términos estrictamente legales, la burocracia de la CPI da cuenta de otros precedentes. En términos objetivos sólo la apertura de este proceso preliminar puede demorar años, si los referenciamos con otros casos que de hecho son proporcionalmente más graves que los referidos a Venezuela.

También vale decir que la aplicación definitiva de los dictámenes de la CPI han sido ambivalentes, y su ejecución más todavía.

Para nombrar casos ejemplares, tenemos el de Colombia, cuyo Estado está señalado de delitos cometidos durante la guerra en ese país y crímenes cometidos contra la población durante la gestión de Álvaro Uribe y el actual presidente colombiano Juan Manuel Santos (ex ministro de Defensa de Uribe). Estas investigaciones datan de 2004 y no tienen una resolución definitiva.

Al-Bashir fue reelecto presidente de Sudán en 2010 con una orden de captura de la CPI sobre sus hombros. Con una investigación iniciada en 2005, sobre este mandatario africano pesa la pena de haber cometido crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Por otra parte Thomas Lubunga, jefe militar de la República Democrática del Congo, luego de una investigación iniciada en 2004, fue sentenciado ocho años después. Se le condenó por la muerte de 60 mil personas y el reclutamiento de 3 mil niños para sumarlos a la guerra durante los años 2002 y 2003. Se le impuso una pena de 14 años de cárcel y aún no se ha hecho efectivo el dictamen por estar en proceso de apelación.

En esencia la burocracia de la CPI, la cual funciona más como un foro político que como una verdadera instancia judicial, fue desnudada al producirse el retiro de Rusia de los preceptos del Estatuto de Roma en noviembre de 2016. Vale recordar que uno de los países que más ha empleado el Estatuto de Roma para criminalizar dirigentes políticos y países es EEUU, el cual nunca ha suscrito dicho documento y no se sabe hasta la fecha de altos elementos de la política y del mando militar estadounidense que hayan sido sentenciados en dicho tribunal, luego de décadas de denuncias contra los crímenes de guerra y atrocidades contra los derechos humanos cometidos por EEUU durante sucesivos y simultáneos frentes de guerra, invasiones, ocupaciones y golpes de Estado en todo el mundo.

Rusia declaró al momento de su retiro del Estatuto que, en 14 años de trabajo, este tribunal sólo ha efectuado cuatro veredictos y ha gastado más de mil millones de dólares.

En definitiva la postal política de dirigentes de la oposición fotografiándose frente a la sede de la CPI en La Haya ha tenido una réplica bastante acompasada al unísono de las acciones injerencistas contra Venezuela. Aunque, para efectos legales, esta preliminar de investigación es un preámbulo de acciones aún por definir, es claramente un paso al frente en pro de judicializar el escenario político venezolano. 

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