Pensamiento único y falta de libertad de expresión en el Ministerio Público

Sin ningún tipo de pruebas el ex candidato presidencial Henrique Capriles denunció el pasado viernes 26 de mayo al Fiscal 5º del estado Miranda, Víctor González, por el intento de soborno con bienes y dólares a otros fiscales para que se pronunciaran en contra de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.

La acusación de Capriles, quien fue imputado por el Ministerio Público (MP) y sobre quien pesa una inhabilitación administrativa de 15 años, fue motivo para que González fuera removido del cargo por parte de la titular.

El ahora ex fiscal González responsabiliza a Capriles por su seguridad y la de su familia, además aseguró que, en menos de un año, se han retirado del MP un poco más de mil fiscales, "debido a las incongruencias de la institución".

Otro numeroso grupo de sus colegas está descontento con la actuación de la Fiscal General porque cada vez que baja la intensidad de las protestas violentas, Ortega Díaz se pronuncia y vuelven a aparecer los focos de violencia en algunos sectores del país. Sus declaraciones han intentado intensificar la ofensiva internacional del fallido plan Almagro contra Venezuela en articulación con la prensa internacional, Julio Borges ante algunos foros y organizaciones internacionales y Freddy Guevara en la autopista Francisco Fajardo, entre otros focos.

Justo Germán Flores Infante, fiscal superior del estado Guárico, denunció la remoción de su cargo por parte de la Fiscal General mediante una carta que recibió el pasado lunes 30 de mayo, y agregó que no existe Gaceta Oficial en la que se indique la remoción de su cargo, por lo que se encuentra cumpliendo sus funciones. Asimismo habló de una ola de despidos en el Ministerio Público por razones políticas y agregó que "el vicefiscal de la República Rafael González Arias ha llegado al Ministerio Público para perseguir a la gente y despedirlo de su cargo por tener ideologías políticas".

Cabe destacar que González Arias tiene poco más de un mes juramentado luego de que Alis Boscán fuera removida del cargo. Esta funcionaria había sido juramentada el 15 de enero de 2016 y fue una de las personas que no aplaudió cuando la Fiscal se manifestó en contra de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a partir de entonces Boscán fue objeto de señalamientos por parte de operadores mediáticos.

El pasado jueves 1º de junio, Ortega Díaz acudió a la Sala Constitucional del TSJ a pedir aclaratoria de la sentencia 378, la cual confirma lo expresado en el artículo 348 constitucional: el Presidente de la República puede convocar directamente a Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Al salir del TSJ insistió en su "posición personal" de rechazar la convocatoria calificándola de "retroceso en materia de derechos humanos". Al decir de los fiscales destituidos, el derecho a la libertad de pensamiento y el derecho al trabajo dentro del MP está confiscado, mientras tanto Capriles, en uso de su libertad de expresión, ha acusado sin pruebas a un fiscal.

Según el informe presentado por la Defensoría del Pueblo este jueves 1º de junio, 17 de los 20 fallecidos por disparos de arma de fuego murieron sin estar participando en las mismas y sólo dos personas están detenidas por esos casos, lo que no se corresponde con el artículo 285 de la Constitución que ordena al MP, en nombre del Estado, a ejercer la acción penal contra las y los infractores de las leyes de la República y la misma Carta Magna.

Dato que es importante tener en cuenta al momento de analizar las últimas declaraciones de la Fiscal Luisa Ortega Díaz, reivindicadas al instante por dirigentes antichavistas, donde los crímenes de odio -caso Orlando Figuera o Anderson Dugarte en Mérida, por tan sólo colocar dos ejemplos donde la vanguardia violenta opositora asumen roles protagonistas-, ataques a comercios y disparos contra las fuerzas de orden público parecen no tener ninguna importancia para el MP.

Que dirigentes antichavistas asuman abiertamente como aliada en medio del conflicto a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz es igual de grave que el MP no adelante investigaciones para acusar a los responsables políticos y materiales de crímenes de odio, promoviendo un peligroso clima de impunidad que legitima la violencia y libera de responsabilidades a los dirigentes que la promueven.

Esta línea que se adjudica con cada vez mayor claridad el Ministerio Público no acepta críticas, y despide a funcionarios que se opongan a la parcialidad política que asume la Fiscal General.

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