Peligros en la "Media Luna" venezolana

Pasada la ebriedad del contundente triunfo electoral, se evidencia de nuevo la importancia de aprender a administrar las victorias para no cesar en la autocrítica, la rectificación y la profundización de la Revolución y también dimensionar correctamente las derrotas para evitar que pérdidas tácticas se conviertan en obstáculos para los objetivos estratégicos del proceso bolivariano.

Por ello, la preocupación sobre el triunfo electoral obtenido por la derecha venezolana en la llamada "Media Luna" -sobre la que reiteradamente advirtió el Comandante Chávez- y el nuevo eje Anzoátegui-Nueva Esparta (al que por muy poco suman el estado Bolívar), debe pasar por un tamiz mucho más fino que incluye complejizar la comprensión del narcotráfico y el fenómeno paramilitar.

La frontera colombo-venezolana es sin duda un escenario muy complejo para la cual el Estado venezolano no ha logrado diseñar políticas efectivas y ahora debe verse conminado a hacerlo cuando a las muchas variables que normalmente deben valorarse para comprenderla, se suma el poder ejecutivo regional de tres estados fronterizos en manos de fuerzas opositoras. Entre las acciones urgentes esperadas, es de suponer que el Ministerio para el Poder Popular de Interior, Justicia y Paz esté tomando las medidas pertinentes para asumir el control de las policías regionales de esos estados, ya los nuevos ejecutivos comenzaron a anunciar la reestructuración de dichas instituciones.

Cerca de 700 kilómetros de frontera abarcan dos de estos tres estados de la "Media Luna", que bien pueden convertirse en líneas de convivencia entre estas tres gobernaciones de la MUD y las tres que colindan con ellas del lado de Colombia (Guajira, Cesar y Norte de Santander), todas en manos del Partido de la U, de Juan Manuel Santos. Pero el peligro no está solo en el hecho de que esos estados sean fronterizos, sino que con estas tres gobernaciones la derecha venezolana se ha apoderado del poder ejecutivo en casi la totalidad de la cuenca del Lago de Maracaibo, con la sola excepción del Puerto de La Ceiba perteneciente al estado Trujillo, donde sin embargo el poder del crimen organizado quedó evidenciado con el asesinato del alcalde del PSUV Marcos Tulio Carrillo hace aproximadamente un año y medio.

La importancia económica, política y militar del Lago de Maracaibo y los estados que lo albergan es tanta, que Zulia, Táchira y Mérida son tres de los seis estados que se mencionan como objetivos en el célebre Plan Balboa, y a su vez están contemplados también dentro de la polémica Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa), que nace vinculada al ALCA, al Plan Puebla Panamá y al Plan Colombia.

Mérida, por su parte, además de tener acceso al Lago de Maracaibo posee la ciudad más importante del Sur del Lago y cuenta también con el páramo donde se siembran y circulan la mayoría de las hortalizas que se producen en el país. Hace muchos años que esta zona ha sido invadida por paramilitares que se han ido estableciendo con el apoyo de transnacionales vinculadas a la producción agrícola y los terratenientes que nunca han sido tocados en razón de sus latifundios ni de las graves violaciones a las leyes que protegen el ecosistema, posiblemente por temor al costo político que estas acciones implicarían. Hoy, dos de las cuatro alcaldías del páramo de Mérida están en manos de la oposición, y en las dos que aún pertenecen al PSUV, la derecha ha avanzado en el asentamiento paramilitar, la violencia terrorista y ya en los meses pasados lograron impedir durante unos días el traslado de hortalizas a la capital.

Por toda esta realidad que circunda el Lago de Maracaibo, es más que petróleo y gas, es recursos naturales y es sobre todo un importantísimo puerto al mar Caribe por donde muchas mercancías colombianas, desde el carbón hasta la droga, separados y a menudo juntos, procuran salida hacia Estados Unidos, que de la droga, como de todos los demás negocios, saca la mejor tajada. Por lo que es muy reducido el análisis de la "Media Luna" que se basa sólo en los intereses de la oligarquía colombiana, cuando en realidad otros intereses geoestratégicos y transnacionales mucho más grandes están en juego.

La paz de Colombia es fundamental para Venezuela

El Estado narcoparamilitar se está fortaleciendo progresivamente en Colombia desde que el gobierno de Santos logró su objetivo de "pacificar" a las FARC. Los vacíos de poder que se han generado en toda Colombia también afectan las zonas de frontera con Venezuela. El Estado colombiano ha entregado, sin disimulo, al paramilitarismo los territorios que las FARC abandonaron, por lo que ahora se despliega en el territorio colombiano con mucho más poder militar que antes y, además de las comunidades organizadas, solo sigue encontrando resistencia en el ELN. La "paz" en boca de Santos es una falacia.

La paz de Venezuela también está en juego

Líderes y lideresas que denuncian amenazas a su vida, optan a recibir un chaleco antibalas y un celular de parte del Estado colombiano. Si la consigna es "sálvese quien pueda", habría que preguntarse para qué sirve el Estado. Santos firma acuerdos de paz y luego no es capaz de cumplirlos, porque en realidad ese cumplimiento es un accesorio innecesario para los intereses que él representa. Continuar el apoyo a esa construcción de la paz sigue siendo una tarea necesaria para el proyecto bolivariano, desde el Gobierno hasta las comunidades organizadas enfrentando cualquier indicio de xenofobia, pues tal parece que la política de posconflicto del gobierno de Santos se limitará a asesinar y judicializar toda voz disidente y comprar chalecos antibalas para el resto.

En cambio continúa levantando su voz para opinar sobre Venezuela mientras sigue implantando su nueva doctrina en sus fuerzas armadas para ponerlas a la orden de cualquier capricho de EEUU y la OTAN en la región. Mientras no haya paz real en Colombia, con justicia y sin paramilitares, la guerra seguirá permeándose por la frontera y el Estado venezolano no puede simplemente amortiguar. Es fundamental convertirse en parte activa del reclamo internacional por el cumplimiento de los acuerdos de paz y acompañar el proceso de diálogos con el ELN, porque la paz de Venezuela también está en juego.

El posicionamiento territorial del paramilitarismo

Desde el primer día mencioné sobre los resultados electorales la posibilidad de un plan secesionista en la "Media Luna" y todo lo que esto podría significar para el avance de la invasión paramilitar que se inició en Venezuela aproximadamente en el año 2002. Si estos nuevos gobernadores regionales se colocan a las órdenes de los intereses intervencionistas, pueden facilitar el avance paramilitar sobre el territorio venezolano para cubrir rutas de tráfico de drogas desde Colombia hacia el Lago y el contrabando de extracción, y podría impulsar un aumento del desplazamiento forzado en Táchira, Mérida y Zulia para dirigirlo hacia Colombia, y así favorecer las matrices de opinión relacionadas con la presunta crisis que generarían refugiados venezolanos. En suma, un avance de los planes estadounidenses en la región.

Este riesgo es máximo en el estado Táchira, donde asumirá la gobernación una abogada que fue parlamentaria por el estado Táchira desde 2015, prefecta del municipio Junín desde 2008 a 2012 durante la gestión de Acción Democrática (AD) y jefa de organización regional de AD en Táchira. El propio presidente Nicolás Maduro ha denunciado los vínculos de Laidy Gómez con el paramilitarismo colombiano. Hace mucho tiempo que Junín es un área de influencia de los grupos paramilitares Águilas Negras, Los Rastrojos y los Urabeños, que han disputado durante estos años su territorio, y es Junín uno de los dos municipios del Táchira donde se han llevado a cabo los más fuertes enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y paramilitares colombianos, y donde se han reportado las más importantes capturas.

La realidad colombiana es que en los últimos diez años se han encontrado más de 4 mil 500 fosas comunes, mientras en Venezuela en el mismo período solo ocho, siete de ellas directamente relacionadas con el paramilitarismo colombiano encontradas en Táchira. Estos hallazgos dieron claras señales de la invasión paramilitar que avanza sin pausa desde hace más de 15 años en Venezuela.

Hay que insistir en que el paramilitarismo es más que una fuerza militar. Es toda una economía paralela que le da razón de vida y que avanza en su propósito de doblegar y penetrar la economía venezolana a través del lavado de dinero, el contrabando de extracción y un arma de guerra que ha sido indudablemente efectiva: el dólar paralelo. Pero también tiene una maquinaria cultural. Evidencia de que se ha comprendido poco el respaldo que esta maquinaria ha brindado al narcoparamilitarismo a ambos lados de la frontera, fue que algunos dirigentes revolucionarios llegaron a pensar que denunciar los vínculos de la entonces candidata adeca con Uribe Vélez y acercar su imagen a la de las mujeres protagonistas de El Cartel de los Sapos o El Capo, haría mella en su popularidad. Groso error.

Tal como lo explicó hace varios años el investigador Darío Azzellini la permanencia de la guerra es un negocio y en el caso de particular de Colombia el estado, la estructura paramilitar y las trasnacionales hacen parte del control social en el país. Afirma Azzellini que Colombia es claramente un narcoestado paramilitar donde el paramilitarismo no es un fenómeno más allá o paralelo al estado sino que es parte integral del mismo. Esa complejidad del problema es la que se debe  comprender y enfrentar desde Venezuela. La tarea gigante no es solamente evitar la consolidación de bases paramilitares colombo-venezolanas en los estados perdidos en las últimas elecciones, sino evitar que el narco-paramilitarismo se imbrique con los nuevos poderes ejecutivos y se haga Estado.

La oposición posiblemente trabajará por consolidar en estas regiones "estados paralelos"

No olvidar Anzoátegui y Nueva Esparta

A pesar de las grandes reservas de gas y de petróleo liviano que aún poseen el estado Zulia, quizás desde el punto de vista de la producción petrolera sea aún más peligroso el poder logrado en Anzoátegui. Ya que allí se han invertido muchos recursos en la estructura de refinación y se han firmado importantes convenios energéticos con Rusia y China. El paramilitarismo también se ha instalado en esa zona del oriente venezolano sobretodo en el Estado Sucre donde se vincula además, al contrabando de extracción de combustible que es probablemente mayor hacia el Caribe que hacia Colombia.

Anzoátegui y Nueva Esparta pueden ser ahora centros más favorables para esta mafia internacional vinculada a la pesca industrial y semi industrial, que usufructúa ilegalmente el subsidio al combustible venezolano y se apropia de la renta petrolera a través del diferencial cambiario ilegal.

Los retos por venir

Si se resuelven los temas relacionados con juramentaciones y entregas surgidas del desconocimiento de este grupo de opositores al poder de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), es probable que por sobre la inmediatez de los planes secesionistas se imponga la codicia de Ramos Allup y la derecha nacional centre sus esfuerzos en la búsqueda de las elecciones presidenciales anunciadas para el año entrante.

En este aspecto, los peligros de la retórica socialdemócrata para el proyecto socialista no deben desestimarse. Pero más peligroso que eso es el hecho de que esta derecha nunca ha logrado ser autónoma, por lo que paralelamente a esto, posiblemente trabajará por consolidar en estas regiones "estados paralelos", orientada y financiada por los EEUU y apoyada en su tarea por los gobiernos de las "naciones huéspedes" lideradas por Colombia, las transnacionales (incluyendo entre ellas al narcotráfico) y el paramilitarismo.

El Estado venezolano todo debe reaccionar a la altura que exigen las nuevas circunstancias e impedir que estos estados se conviertan en bastiones de la desestabilización del proyecto bolivariano. El Gobierno y la FANB deben echar mano de herramientas como la Ley Orgánica de Fronteras y actuar con contundencia en aras de la defensa integral de la nación, y retomar los planes de poblamiento de la frontera donde sólo habita aproximadamente un 10% de la población, ya que sin población no hay Estado.

Por su parte, el Poder Popular que habita estos territorios que está formado por gente nacida en Venezuela o Colombia, pero unida en el ideal bolivariano, debe plantearse como una urgencia fortalecer su control territorial profundizando la organización política real, el trabajo productivo con cadenas completas que garanticen su viabilidad económica, haciendo inteligencia social y preparándose para la defensa del territorio. Hacer de esta derrota al Poder Constituido una oportunidad para el Poder Constituyente que se encarna en el Estado comunal.

Palabras concluyentes de este tema son las de Luis Britto García y Miguel Ángel Pérez Pirela en su libro La invasión paramilitar (operación Daktari): "La infiltración de irregulares y de profesionales de la violencia mercenaria por nuestras amplísimas fronteras no ha concluido. El apoyo a estas fuerzas siniestras por sectores de la oposición y de la oligarquía nacional y transnacional no quedó en el pasado. Quien abre la puerta al paramilitarismo como sirviente termina sirviéndolo. Quien niega la realidad termina siendo negado por ella".

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