La oposición responsabiliza al Estado de las víctimas de su violencia

El pasado lunes 22 de mayo el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información Ernesto Villegas, la canciller venezolana Delcy Rodríguez y el secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos Larry Devoe, presentaron un informe a los medios nacionales e internacionales sobre las 60 víctimas fatales que ha producido el plan Almagro en 51 días de violencia.

Se afirmó que, según cifras de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en Venezuela se han producido más de 1 mil 600 manifestaciones de distinto color político y distintos métodos de expresión de las cuales aproximadamente 600 fueron violentas. De la escalada violenta diseñada fuera de nuestras fronteras deriva lo siguiente:

  • Seis víctimas del bloqueo de vías

Casos en los que el derecho al libre tránsito de toda la ciudadanía fue subordinado al derecho a la protesta de un sector de la población, incluyen a Ángel Moreira, un joven que murió cuando circulaba en motocicleta y fue arrollado por un vehículo que venía en contrasentido para evadir una barricada y se dio a la fuga. No hay imputados ni detenidos por estos casos.

  • Siete víctimas chavistas asesinadas por sicariato o francotiradores

Casos de asesinatos por encargo o reacciones de intolerancia antichavista que incluyen a Anderson Dugarte, mototaxista de quien Freddy Guevara dijo que había sido "asesinado por la dictadura" pero su tío Germán Dugarte reclamó que era chavista y antiimperialista, trabajaba cerca de una manifestación opositora. Además fallecieron Juan Bautista López y César Guzmán, militantes chavistas que estaban en una asamblea de estudiantes en El Tigre, estado Anzoátegui, José Jesús Alcolado militante revolucionario chileno sicariado en Caracas, y Pedro Josué Carrillo, secuestrado y sometido a crueles torturas en el estado Lara.

  • Cuatro efectivos de cuerpos de seguridad

Uniformados que murieron durante las protestas incluyen a Yey Johan Amaro Rivero de 37 años de edad, oficial jefe de Polilara en el Centro de Coordinación Policial Palavecino, residía en la localidad Macías Mujica donde fue arrollado por un vehículo mientras se dirigía en su moto particular, sufrió politraumatismo generalizado y falleció durante la intervención quirúrgica, finalmente se supo que dirigentes antichavistas mintieron al vincular su muerte a las protestas. Niumar Sanclemente era sargento de la GNB y fue asesinado en el municipio Los Salias por un desconocido que hizo disparos contra un contingente que resguardaba la zona. Gerardo Barrera y Jorge Escandón, efectivos de Policarabobo, fueron asesinados en eventos violentos distintos por disparos de antichavistas. Por este último caso fue imputado Gerardo Álvarez (32) por homicidio agravado y recluido en el Internado Judicial de Carabobo. Se desconoce el resto de los responsables.

  • Cuatro víctimas de armas no convencionales utilizadas en manifestaciones convocadas como pacíficas

Armando Cañizales, Miguel Castillo y Diego Arellano fueron impactados por objetos esféricos metálicos (balines) que no son utilizados por cuerpos de seguridad.

Familiares y/o testigos descartan que algunas víctimas estuviesen manifestando. Tal es el caso de Brayan Principal, niño fallecido en Barquisimeto, que fue víctima de un tiro disparado por bandas criminales desde la urbanización Yucatán hacia la Ciudad Socialista Alí Primera de Barquisimeto. Operadoras políticas de la MUD como Lilian Tintori y María Corina Machado dieron a entender que su muerte ocurrió por una política represiva del Estado. Almelina Carrillo transitaba por La Candelaria, Caracas, cerca de una movilización chavista contra la cual lanzaron un frasco con agua congelada que impactó su cráneo, horas antes el sociólogo opositor Tulio Hernández instó, vía Twitter, a lanzar materos contra los chavistas. El responsable fue el abogado Jesús Albi (42) y fue imputado por el Ministerio Público.Más de 20 fallecidos no se encontraban en las áreas de manifestaciones

Jairo Ortiz no estaba involucrado en las protestas a la vez que el policía de tránsito que lo asesinó no estaba ejerciendo funciones de orden público y fue detenido inmediatamente. Carlos Moreno murió en San Bernardino, uno de los responsables es un efectivo de la Policía de Sucre, estado Miranda, dirigida por el opositor Carlos Ocariz del partido Primero Justicia. Por el caso de Gruseny Canelón hay 14 efectivos de la GNB imputados por el Ministerio Público.

  • Ocho electrocutados durante saqueos

El impulso de saqueos en la parroquia El Valle, Caracas, causó estas víctimas por electrocución en una panadería, el ministro Villegas lo señaló como un caso de "mezcla de política con hampa".

  • Siete víctimas que participaban directamente en manifestaciones

Por el caso de Paola Ramírez fue imputado un militante de Vente Venezuela que emitió más de 27 disparos en el Táchira y así lo confesó. El supervisor jefe Marcos Ojeda (47) y el oficial Edwin Romero (33) de Policarabobo fueron imputados por el homicidio de Daniel Quéliz, así como el oficial Gerson Alberto Quintero por el de Christian Ochoa en Valencia. Respecto al caso de Hecder Lugo, fallecido en el municipio San Diego, Carabobo, el ministro Villegas explicó que "el Presidente Nicolás Maduro ha sido claro: no avala ni ampara ningún tipo de desviación, exceso o abuso en el uso de la fuerza pública". Paul Moreno, estudiante de medicina de La Universidad del Zulia (LUZ), servía como logístico en las barricadas antichavistas y fue arrollado por un vehículo que se dio a la fuga, sin embargo operadores de la MUD culpan al Gobierno de su muerte.

Efectivos que cometen excesos son procesados

Hay 23 funcionarios de los cuerpos de seguridad investigados e imputados por las muertes y lesiones ocasionadas a causa de sus excesos, sin embargo, falta por evidenciarse la cooperación con la justicia por parte de la MUD, como organizadora de las manifestaciones opositoras, para aclarar hechos y lograr el ejercicio pleno de su derecho a la protesta pacífica.

Más allá del hecho de endosar al Gobierno todas las cifras trágicas, ningún político antichavista ha facilitado la acción de las autoridades para dar con el paradero de sospechosos de muchos de los delitos antes señalados, tampoco se ha evidenciado ninguna posición contundente contra el uso de armas convencionales o no.

Los muertos y el caos son esenciales para generar la imagen de un país convulsionado y justificar una intervención extranjera, responsabilizando al Estado de supuestos crímenes de lesa humanidad y de terrorismo. 

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