Privatización, intervención y saqueo de recursos por parte de EEUU

Ese lucrativo negocio llamado "canal humanitario"

Con meses de recopilación del expediente "crisis humanitaria" sobre Venezuela, la oposición local intenta instrumentalizar ese ítem como un mecanismo no convencional de injerencia extranjera en suelo nacional. Detrás de ello se oculta un entramado corporativo privado junto con organizaciones que proveen "ayuda humanitaria" como una forma de hacer negocios. 

Si bien los políticos y medios antichavistas han hablado de "crisis humanitaria" desde 2016 para referirse a la situación alimentaria y de salud en Venezuela, propiciada por el asedio financiero estadounidense y el sabotaje e inducción inflacionaria a lo interno del país, es ahora cuando la oposición -en medio de la Mesa de Diálogo- pone en primer plano la asunción en suelo venezolano de "ayuda humanitaria" desde el extranjero, en específico de los Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

La promoción de que en Venezuela se vive una "crisis humanitaria" no tiene sustento real, incluso dentro de los parámetros expuestos sobre el tema por parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, desde los EEUU se habla continuamente de que esta situación se da en nuestro país y ha recurrido a las naciones tuteladas de Latinoamérica para que apoye la narrativa que conviene al establishment estadounidense para incursionar en una aventura injerencista directa sobre Venezuela.

Así mismo lo hace la oposición local, cuyos interlocutores de la élite estadounidense con intereses en el país son miembros de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, que viajaron consecutivamente en pro de gestionar el bloqueo y las sanciones financieras que en este momento afectan la vida de la población venezolana.

En ese sentido, los que han buscado una catástrofe social y económica en Venezuela, vía bloqueo, sanciones y sabotaje de todo tipo, son los mismos que utilizan la narrativa de la "ayuda humanitaria" para supuestamente paliar los efectos generados por su política de asfixia financiera. 

A partir de allí hay que entender la solicitud que hace la oposición en las jornadas de diálogo para que en Venezuela se abra un "canal humanitario" proveniente de su mayor acreedor: el gobierno y las corporaciones de EEUU.

Julio Borges viajó a República Dominicana con un documento hecho por la ONG financiada por instituciones estadounidenses Codevida, en el que se describen los pasos a seguir para fomentar una "cooperación internacional" en torno a la "ayuda humanitaria" en Venezuela.

Esta petición está apoyada, dice el documento, por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, quien ha jugado en llave con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, con la intención de criminalizar a Venezuela y llevar a su gobierno a instancias judiciales internacionales.

Usos políticos de la "ayuda humanitaria"

Algunos voceros antichavistas han pronunciado discursos en contra del Gobierno venezolano por negarse a la apertura del "canal humanitario", sin embargo el uso de este concepto tiene perspectivas políticas y de guerra en los países y contextos en que se ha aplicado.

Venezuela ha proveído ayudas humanitarias a poblaciones que las han necesitado sin que éstas fueran un pretexto para la invasión o el establecimiento de relaciones comerciales a costa del sufrimiento ajeno. Los recientes casos en el Caribe, en los que el Gobierno nacional entregó alimentos y medicinas a los países del Caribe, dan muestra de una política diferente a la que perfilan los estadounidenses en cuanto al "canal humanitario".

Habría que tomar en cuenta que detrás de la "crisis humanitaria" que promociona EEUU y los agentes locales de la oposición venezolana, opera la posiblidad de emplear la denominada Doctrina de Responsabilidad de Proteger, mejor conocida dentro del Consejo de Seguridad de la ONU como R2P (sus siglas en inglés).

Esta es una tesis desarrollada a partir del genocidio en Ruanda (abril de 1994), moldeada y caracterizada tomando como modelo la denominada Masacre de Sbrebrenica en Bosnia-Herzegovina (julio de 1995). Su principal promotora académica y diplomática en la actualidad es Samantha Power, perteneciente al llamado "Partido de la Guerra" estadounidense, como Suzanne Rice, Hillary Clinton, George W. Bush y Nikki Haley, actual embajadora estadounidense en la ONU.

La crisis humanitaria va de la mano de la "intervención o ayuda humanitaria", y complementa la doctrina de guerra preventiva instaurada luego de la destrucción de la República Federativa Socialista de Yugoslavia tras la caída del Muro de Berlín.

A partir del uso de R2P ante la "crisis humanitaria" en Libia, el Consejo de Seguridad terminó aprobando la Resolución 1973, aludiendo a la necesidad de crear una Zona de Exclusión aérea para prevenir una masacre del "régimen contra la población". Los resultados: Libia es un mercado de esclavos a cielo abierto, un territorio minado de terroristas y zona libre de paso para industrias ilícitas como el narcotráfico. Antes de la intervención de la OTAN Libia también fue bloqueada financieramente y sus activos ene le extranjero secuestrados. 

Las mismas acciones de "ayuda humanitaria", veladas por la mediática antichavista, quieren ser implementadas en Venezuela con usos políticos bastante delimitados. No en balde EEUU ensayó durante 2017 variados ejercicios militares que tenían por temática de fondo la "asistencia" en contextos de crisis.

Lo que pide la oposición venezolana no es una simple apertura de un "canal humanitario", es una solicitud que implica una intervención militar de facto pero disfrazada.

El negocio de las "ayudas humanitarias"

Veamos a fondo el tema. Más allá de las consecuencias de este tipo de "ayuda", se encuentra todo un entramado corporativo privado que involucra a ciertas organizaciones estadounidenses de carácter humanitario como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés).

La Usaid es una organización que recibe fondos del gobierno estadounidense con el fin de proveer ciertas "ayudas" a países del capitalismo periférico. Usualmente estos mecanismos son avales para que EEUU extorsione a estas naciones de diferentes maneras, sobre todo desde el aspecto económico.

El programa de Alianzas de Desarrollo Global de la Usaid contempla la unión entre este organismo norteamericano y conglomerados privados, como dice la agencia, "para desarrollar e implementar actividades que aprovechen y apliquen nuestros respectivos activos y experiencia para avanzar en los intereses comerciales básicos, lograr el desarrollo de los objetivos de Usaid y aumentar el impacto sostenible de las inversiones de desarrollo de Usaid".

Un ejemplo de esta alianza entre la Usaid y corporaciones es la relación con Coca-Cola, símbolo del capitalismo industrial y financiero, que ofrece servicios de agua para poblaciones africanas y otras naciones dependientes a través de las redes que posee la compañía de refrescos y alimentos en distintos países. Un negocio basado en la miseria que han sembrado las corporaciones y sus guerra por recursos naturales.

El proyecto para surtir agua limpia a comunidades pauperizadas en El Salvador y Guatemala es aplicado a través del correspondiente programa de la Usaid junto con sectores privados de la región bajo el paraguas que provee el tratado de libre comercio impuesto por EEUU, en el que Coca-Cola se beneficia al usarse su infraestructura de fábricas para botellas y otros suplementos, y cuyo capital global se encuentra en unos 33 millones de dólares, informa la Usaid.

Incluso The Economist no puede maquillar la realidad privatizadora de la Usaid. Informa ese medio que en 2010, luego del fastuoso terremoto en Haití que colmó en cimientos la capital Port-au-Prince y que mató a cientos de miles de personas, la tragedia fungió como una oportunidad de negocios a través del "socorro humanitario". Una firma de Florida (EEUU), AshBritt, trató de vender un plan para restaurar los edificios del gobierno haitiano.

En ningún país donde se ha aplicado la "ayuda humanitaria", caso África, Haití o Guatemala, el problema de miseria y hambre ha logrado resolverse. 

Según The Economist, "durante los siguientes dos años 6 mil millones de dólares en ayuda llegaron a un país de 10 millones de personas, para todo, desde la reconstrucción de hogares hasta el apoyo de partidpos políticos pro-estadounidenses. Unos 500 millones de dólares en contratos de ayuda de la Usaid, aproximadamente un 70% pasó por las manos de compañías privadas".

La justificación de esta "ayuda" por parte del sector privado estadounidense y global tiene el relato de rentabilidad, para The Economist: "Una razón para el cambio hacia el sector privado es la naturaleza cambiante de la ayuda. Una parte más pequeña ahora se compone de proyectos tradicionales, como la construcción de escuelas o la distribución de paquetes de alimentos, y más es la 'asistencia técnica', por ejemplo, para simplificar el código fiscal de un país y fortalecer la recaudación de impuestos, o establecer un plan de seguro para ayudar a los agricultores cuando los cultivos fallan. Las empresas privadas pueden ser las mejores ubicadas para asesorar, o incluso ejecutar, estos esquemas".

Lo que sí es medular es que organizaciones como la Usaid tercerizan sus servicios "humanitarios" hacia el sector privado. Tomando en cuenta que en 2016 una porción creciente de la "ayuda" se canaliza, no a través de organizaciones benéficas o sin fines de lucro, sino a través de consultores y otros contratistas privados. Casi una cuarta parte de los contratos de Usaid se destinó ese año a empresas con fines de lucro, una proporción dos tercios más alta que en 2008. Una oportunidad enorme de hacer negocios que busca abrise en camino en Venezuela. 

Los siguientes son datos provenientes de un estudio sobre el asunto publicado por Brookings Institute, tanque de pensamiento que ayuda a la conformación del concepto de "canal humanitario" marca Usaid:

  • Se valora en 16,5 mil millones de dólares de financiación por parte de compañías privadas, organizaciones no gubernamentales (ONGs), fundaciones e instituciones públicas no estadounidenses.
  • Estos 16,5 mil millones de dólares conforman dos tercios (2/3) de los recursos provenientes de instituciones no gubernamentales de los EEUU.
  • 53% son entidades con ánimos de lucro, 32% del mundo sin ánimos de lucro, y 25% son instituciones públicas.
  • 85% del total de las corporaciones y bancos ya han participado en estas alianzas público-privado de la Usaid, liderados por Microsoft, Coca-Cola y Chevron.

¿"Asistencia humanitaria"?

En exclusiva, Misión Verdad develó los planes del Congreso de los EEUU para Venezuela en el mediano plazo.

El proyecto de ley llamado "Ley de Asistencia Humanitaria y Defensa de la Gobernanza Democrática de Venezuela de 2017" (Venezuela Humanitarian Assistance and Defense of Democratic Governance Act of 2017), discutido el 28 de septiembre, comienza con cifras que relatan una supuesta "crisis humanitaria" basada en datos sobre salud y nutrición de la población venezolana obtenidos de universidades con directivas abiertamente antichavistas como la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Simón Bolívar (USB), y de la ONG Human Rights Watch, financiada por EEUU.

Ni siquiera Susana Raffalli, nutricionista y experta opositora en el tema, considera que la resolución de la crisis económica a base de "ayuda humanitaria" es un mito. Argumenta que Venezuela vive un tiempo de innegables dificultades, pero no está ni cerca de crisis humanitarias verdaderas en otras regiones del planeta, como los casos Haití, Myanmar o Sudán del Sur.

Según el criterio de Raffalli, sólo existe esta situación cuando la población está en extremo alejada de establecimientos que dispensen comida, producto de guerras o desastres naturales. Como esta condición no aplica para la realidad venezolana, no existe crisis humanitaria en Venezuela y por ende cualquier "canal humanitario" es una excusa más para intervenir poco a poco Venezuela.

Además, el impedimento de que el Estado venezolano trate de resolver la difícil situación mediante el bloqueo financiero, provoca serias sospechas el hecho de que la oposición promueva el expediente de crisis social irremediable con respectivas sanciones en el exterior, para luego pedir "asistencia humanitaria" marca Usaid y hacer negocios bajo contrataciones públicas-privadas.

Las sanciones, el bloqueo y la imposición de una situación de "crisis humanitaria" son, también, mecanismos de privatización de recursos y saqueo. A ello apunta el proyecto de ley de "Asistencia Humanitaria y Defensa de la Gobernanza Democrática de Venezuela de 2017".

Este texto que busca ser aprivado por el Congreso estadounidense plantea que, de no poder usar las variadas instancias internacionales como pivotes para la intervención sobre Venezuela bajo razones humanitarias, llevaría su caso al Consejo de Seguridad de la ONU en un intento de réplica de lo que sucedió contra Libia en 2011, y antes contra Yugoslavia en la década de los 90. Las "cartas de negociación" de la oposición venezolana parten de este proyecto de ley.

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